Sentencia A. 643/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-643/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos que se originen en el contrato de trabajo de trabajador oficial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 643 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6493.

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 011 Administrativo de Bogotá y el Juzgado 017 Laboral del Circuito de la misma ciudad.

 

Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Hechos que iniciaron la causa judicial

 

1.                 En julio de 2017, Fabiola González Arcos, instauró demanda ordinaria laboral en contra del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en la cual formuló como pretensiones que (i) se declare que la entidad demandada disminuyó su salario a partir del año 2014 (vigencia 2015) y en los años subsiguientes sin su consentimiento; (ii) se ordene el ajuste del salario básico correspondiente al año 2015 por la suma de $1.266.916; (iii) se disponga el ajuste de las cesantías, sus intereses y las primas de servicios correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017; y ,en consecuencia, (iv) se ordene el pago del retroactivo salarial[1]. De acuerdo con la demanda, se expusieron los siguientes hechos:

 

(i)          La demandante señaló que fue trabajadora oficial vinculada al Ejército Nacional desde 1995, desempeñándose como operaria en el Batallón de Intendencia N.º 1 “Las Juanas” y que sus funciones consistían en la fabricación de vestuario, calzado y elementos de intendencia para el Ejército Nacional.

 

(ii)        Afirmó que entre los años 1995 y 2014 los contratos de trabajo se prorrogaron de manera consecutiva sin ningún tipo de inconveniente. No obstante, indicó que a finales de 2014 la entidad demandada le manifestó que su permanencia en la institución dependía de la suscripción de un nuevo contrato laboral, el cual, pese a que conservaba las mismas funciones, cargo, puesto de trabajo y jornada laboral, implicó una reducción salarial, pasando de $1.266.916 a $960.314.

 

(iii)     Finalmente, manifestó que el 20 de enero de 2015 radicó ante el Comandante de la Brigada de Apoyo Logístico No. 1 del Ejército Nacional una reclamación administrativa, en la que solicitó el reajuste salarial, la cual fue reiterada posteriormente ante el Ministerio de Defensa, el Comandante del Ejército Nacional y la Dirección de Personal del Ejército Nacional, las cuales fueron resueltas desfavorablemente[2].

 

2.                 Decisiones que suscitaron el conflicto

 

2.                 Decisión de la Jurisdicción Ordinaria, especialidad laboral. El conocimiento del asunto fue asignado al Juzgado 017 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, tras surtir el trámite correspondiente[3] y mediante auto del 29 de agosto de 2024[4], declaró su falta de jurisdicción y remitió el caso a los jueces administrativos del circuito de la misma ciudad. El juzgado fundamentó su decisión en los criterios expuestos por la Corte Constitucional en el Auto 492 de 2021[5]. Igualmente, se apoyó en una providencia del Tribunal Superior de Bogotá, en la que también se declaró la falta de jurisdicción en un proceso tramitado por ese mismo juzgado laboral, el cual, si bien lo consideró análogo[6], en esencia trataba sobre un contrato realidad y citaba igualmente el referido auto de esta Corporación. Además, la decisión se basó en lo dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) y en el artículo 104.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

 

3.                 Decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Seguidamente, al asignarse el asunto al Juzgado 011 Administrativo de Bogotá, este, mediante auto del 13 de febrero de 2025, declaró su falta de jurisdicción, propuso conflicto entre jurisdicciones con el Juzgado 017 Laboral del Circuito de Bogotá y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional.

 

4.                 El juzgado señaló que estaba probado que la señora Fabiola González Arcos estuvo vinculada con la entidad demandada como trabajadora oficial, desempeñando funciones de operaria en el Batallón de Intendencia N.º 1 “Las Juanas”, específicamente en la fabricación de vestuario, calzado y elementos de intendencia para el Ejército Nacional, y por ello, no se acreditan los presupuestos señalados en el artículo 104.4 del CPACA[7].

 

5.                 El 10 de abril de 2025, la Secretaría General de la Corte radicó el expediente. En esa misma fecha, la Sala Plena lo repartió y lo remitió al despacho del magistrado ponente al día siguiente[8].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.                 Competencia

 

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2.                 Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

 

7.                 Los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[9]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo[10], objetivo[11] y normativo[12].

 

3.                 Competencia para conocer conflictos relativos al contrato de trabajo. Reiteración de jurisprudencia

 

8.                 Los artículos 104.4 y 105.4 del CPACA, junto con el artículo 2.1 del CPTSS, establecen los criterios para determinar si un conflicto laboral debe ser conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o por la Jurisdicción Ordinaria. El artículo 104.4 del CPACA asigna a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los asuntos relacionados con la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como los temas de seguridad social cuando esta es administrada por una entidad pública. En contraste, el artículo 105.4 excluye de su competencia los conflictos laborales entre entidades públicas y trabajadores oficiales.

 

9.                 Por su parte, el artículo 2 del CPTSS define la competencia general de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social, señalando en su numeral 1º que esta conoce de los conflictos jurídicos que surjan directa o indirectamente de un contrato de trabajo. Así que las personas que prestan sus servicios al Estado pueden estar vinculadas de tres formas: (i) como empleados públicos bajo una relación legal y reglamentaria, (ii) como trabajadores oficiales, o (iii) como contratistas mediante contratos de prestación de servicios. Sin embargo, solo los dos primeros tipos de vinculación implican una relación laboral propiamente dicha.

 

10.             En estos casos, la Sala Plena en el Auto 1453 de 2022 señaló que para determinar si un servidor corresponde a la categoría de empleado público o trabajador oficial, es preciso examinar los elementos orgánico y funcional. El elemento orgánico se refiere a la naturaleza jurídica de la entidad demandada, es decir, si tiene o no carácter de entidad pública. El elemento funcional, por su parte, exige establecer (i) la regla general de vinculación laboral aplicable a los servidores de la entidad y (ii) de manera preliminar, a qué categoría pertenecería el demandante según las funciones que afirma haber desempeñado para la entidad.

 

11.             Por otra parte, la Corte en el Auto 2777 de 2023 resolvió un conflicto negativo entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, surgido a raíz de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. El demandante, quien laboró como piloto de helicóptero en virtud de un contrato de trabajo desde 1998 hasta 2019, solicitó la declaratoria de la existencia de una relación laboral a término indefinido, la ineficacia de la terminación de su contrato, la renovación de su vínculo como trabajador oficial y el pago de salarios y prestaciones sociales.

 

12.             En esa ocasión, la Corte precisó que, conforme al artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce las controversias laborales entre servidores públicos y el Estado, salvo las relativas a trabajadores oficiales, cuya exclusión está prevista en el artículo 105.4. Asimismo, reiteró la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales, y recordó que, en el Ministerio de Defensa Nacional, estos últimos son quienes desempeñan las labores señaladas en el artículo 3 del Decreto Ley 1792 de 2000, y son vinculados mediante contrato de trabajo. Por lo tanto, la resolución de las controversias laborales de estos trabajadores corresponde a la Jurisdicción Ordinaria especialidad Laboral.

 

4.                 Régimen de vinculación del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional

 

13.             En particular, el Decreto 1214 de 1990 establece en su artículo 7 que se considera trabajador oficial a la persona natural que preste sus servicios en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, cuando su vinculación se realice mediante contrato de trabajo. Asimismo, el artículo 132 de la misma norma señala que el Ministerio de Defensa podrá vincular, mediante contrato de trabajo, a personas naturales para el desempeño de labores “técnicas, docentes, científicas, de construcción y mantenimiento de obras y equipos, de confecciones y talleres, cuando la actividad o labor no está contemplada para ser desempeñada por empleados públicos”.

 

14.             Posteriormente, el Decreto 1792 de 2000, en su artículo 3, prevé que, por regla general, los servidores públicos civiles del Ministerio de Defensa Nacional son empleados públicos, que pueden ser de carrera, de período fijo o de libre nombramiento y remoción. No obstante, esta norma también dispuso que serán trabajadores oficiales quienes desempeñen labores de “construcción y mantenimiento de obras y equipos aeronáuticos, marinos, de telecomunicaciones; de confección de uniformes y elementos de intendencia; actividades de conducción de aeronaves, motonaves o embarcaciones fluviales”, los cuales deberán vincularse mediante contrato de trabajo.

 

5.                 Examen del caso concreto

 

15.             En el asunto objeto de decisión, se cumple con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones:

 

(i)      Presupuesto subjetivo: esta controversia se suscitó entre el Juzgado 011 Administrativo de Bogotá y el Juzgado 017 Laboral del Circuito de la misma ciudad, autoridades que negaron su competencia y que corresponden a distintas jurisdicciones.

 

(ii)   Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la demanda instaurada por Fabiola González Arcos en contra de la Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. (ver supra fj.1).

 

(iii) Presupuesto normativo: Ambas autoridades judiciales en conflicto fundamentaron su falta de jurisdicción con base en disposiciones del CPACA, del CPTSS así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (ver supra fj. 2 a 4).

 

16.             Superado el estudio anterior, la Sala Plena advierte que el conocimiento del asunto le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, especialidad Laboral. Esta decisión se fundamenta en que, si bien del análisis del criterio orgánico se concluye que, conforme al artículo 38.1.d de la Ley 489 de 1998, los ministerios son entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional y, por ende, el Ministerio de Defensa Nacional es una entidad pública, el análisis del elemento funcional demuestra que, según los Decretos 1214 de 1990 y 1792 de 2000, las labores desempeñadas por la demandante corresponden a las propias de los trabajadores oficiales. En efecto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, además de existir un contrato de trabajo suscrito entre la demandante y el Ejército Nacional para desempeñarse como operaria en la zapatería del Batallón de Intendencia N.º 1 “Las Juanas”, las funciones concretas que realizaba —confección de uniformes y elementos de intendencia— se encuentran comprendidas dentro de los supuestos previstos en los decretos citados.

 

17.             Así, al ostentar la demandante la calidad de trabajadora oficial, conforme al artículo 105.4 del CPACA, se excluye la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, correspondiendo, por mandato legal, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esto, por cuanto se trata de un conflicto relacionado con el salario y las prestaciones sociales derivadas de un contrato de trabajo, y no sobre el reconocimiento de la relación laboral en el marco de una indebida celebración de contratos de prestación de servicios con el Estado, como lo señaló el juzgado laboral en su motivación para suscitar el conflicto. Por esta razón, se procederá a remitir el expediente al Juzgado 017 Laboral del Circuito de Bogotá para que continúe con su conocimiento.

 

6.                 Regla de decisión

 

18.             Reiteración del Auto 2777 de 2023. “La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de las controversias de carácter laboral entre un trabajador oficial y el Ministerio de Defensa Nacional. Esto, de conformidad con los artículos 105.4 del CPACA, 2.5 del CPTSS y 3 del Decreto 1792 de 2000”.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 011 Administrativo de Bogotá y el Juzgado 017 Laboral del Circuito de la misma ciudad, y DECLARAR que el Juzgado 017 Laboral del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer de la demanda instaurada por Fabiola González Arcos en contra del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

 

Segundo: REMITIR el expediente CJU-6493 al Juzgado 017 Laboral del Circuito de Bogotá para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 011 Administrativo de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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