A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla (Atlántico) y la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte encontró que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que la controversia no se basó en uno de los factores de competencia previstos constitucional o legalmente, sino en las normas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 de 2021.

La Sala Plena concluyó que la impugnación interpuesta en contra del fallo de primera instancia proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla debe ser resuelta por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de justicia, por cuanto ésta es el superior jerárquico correspondiente de aquella, en los términos del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Con base en lo anterior se ordena el envío del expediente a dicha Corporación para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

Se le hace una advertencia a dicha autoridad para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de simple reparto, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

Al otro operador jurídico involucrado se le advierte que, cuando esté frente a un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, expuestas en esta providencia y compiladas en el Auto 550/18.