Acto administrativo

Entidad que lo emitió

Contenido

Resolución 123[8]

Agencia Nacional de Minería (ANM)

La resolución declaró y delimitó como área de reserva especial la zona del proyecto minero. El acto administrativo se emitió como consecuencia de la solicitud de Antonio, quien se identificó como representante legal de la Asociación ABC, a la que indicaron pertenecer otras treinta personas.

El área de reserva especial delimitada se encuentra en los municipios de Municipio 1 y Municipio 1 y se identificó, de acuerdo con la resolución, según la influencia de las labores mineras que los solicitantes ya desarrollaban y su proyección hacia el futuro. El área tiene 111,94 hectáreas en un solo polígono. La resolución estableció que el Resguardo Indígena 1 se superpone con el área de reserva especial en un 44,38 %, pero indicó que “en el expediente obran certificaciones de los Gobernadores de los Cabildos indígenas 1 y 2, en las cuales se reconoce a los solicitantes como habitantes de los resguardos […], que conforman el resguardo indígena […]”[9].

Resolución 456[10]

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior

La resolución resolvió que no procedía la consulta previa en el marco del estudio de impacto ambiental adelantado para obtener la licencia ambiental temporal para el proyecto, previo a firmar el contrato de concesión respectivo. El acto administrativo respondió a una solicitud de Arturo, uno de los titulares mineros y quien también está registrado como gobernador de la comunidad indígena 1, con acta de posesión del 1 de enero de 2024, según certificado expedido el 5 de noviembre de 2024 por el director (E) de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, que fue allegado con la tutela[11]. 

La resolución, en resumen, determinó que el proyecto no implicaba una afectación directa a las dos comunidades porque todos los miembros de la Asociación ABC pertenecen a los resguardos. Además, de acuerdo con la entidad, el proyecto tiene el objetivo de “mantener el equilibrio controlado entre las personas y el entorno natural de valor sagrado de principio a fin, aminorando los impactos que han dejado años de explotación legal y descontrolada por parte de personas externas”[12]. La resolución anota que la Asociación ABC “está conformada por el 80 % de los miembros de los resguardos son [sic] 25 familias de las cuales en promedio el 80 % pertenecen a la asociación”[13].

Resolución 789[14]

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia)

La resolución otorgó una licencia ambiental temporal a veinticinco personas para ejecutar el proyecto de explotación de materiales de construcción en el área de reserva especial declarada y delimitada, ubicada en los ríos Putumayo y San Francisco, en jurisdicción de los municipios de Municipio 1 y Municipio 2.

La licencia temporal fue otorgada “por el término de duración del trámite de formalización minera y dos (2) meses adicionales después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse la solicitud de licencia ambiental global o definitiva”[15].

Persona o entidad accionada o vinculada

Contestación

Asociación ABC[20]

La asociación, a través de un escrito firmado por su apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la tutela. En su criterio, la resolución de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa resultó de una visita al territorio, que contó con la participación de los miembros de las comunidades que atendieron el llamado. A diferencia de uno de los argumentos de la tutela, la reunión no fue privada y se dejó constancia de la asistencia en unas listas que fueron allegadas al presente proceso.

Para la asociación es “ilógico” que los “miembros indígenas”[21] manifiesten que realizan prácticas ancestrales y de sanación en el Río Putumayo, cuando lo cierto es que el río está contaminado con independencia del proyecto minero, pues se vierten en él las aguas negras del municipio de Municipio 2.

La asociación, entonces, solicitó que se declare improcedente la tutela, pues sostuvo que las pretensiones son “acciones temerarias” porque los hechos están “ya superados”[22]. Resaltó que el conflicto se da dentro de la misma comunidad, por lo que son los accionantes quienes violan el debido proceso “dejando de lado las costumbres y resolver todo a menester de conciliación por parte de los taitas gobernadores que son la máxima autoridad para las comunidades indígenas”[23].

Titular minera[24]

A la vez, una de las titulares mineras, presentó un escrito en el que se opuso a la tutela, pues sostuvo que el trámite ha cumplido la normativa aplicable.

Miembros de las comunidades[25]

Algunos miembros de las comunidades presentaron un escrito en el que informaron que el señor Ramón es uno de los titulares mineros, pero que los demás no lo son “debido a que en el debido proceso de legalidad minera y conociendo los deberes y derechos adquiridos por cuestiones como la edad, las ocupaciones diarias y profesionales, y las respectivas desinformaciones que han generado al rededor del Proyecto, han convertido en un problema social que han afectado la tranquilidad de algunos de los presentes”[26].

Curadora ad litem de las personas cuyos nombres aparecen en las listas de asistencia a las reuniones de socialización del proyecto[27]

Tras una declaratoria de nulidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa por indebida notificación del trámite a las personas mencionadas, se designó una curadora ad litem. La abogada designada interpuso la excepción “genérica”, pues señaló que no le constan los hechos y que se atenía a lo que se probara en el proceso[28].

Corpoamazonia[29]

La corporación solicitó declarar improcedente la tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Ministerio del Interior[30]

La directora jurídica de la entidad argumentó que la visita del Ministerio, previa a la resolución que declaró improcedente la consulta previa, contó con la participación de las comunidades de los dos resguardos. Durante tres días, el Ministerio recorrió el sitio, se reunió con las comunidades y entrevistó a algunos de sus integrantes. La visita fue acompañada por la Personería Municipal de Municipio 1, la Personería Municipal de Municipio 2 y la Procuraduría Regional del Putumayo.

Así, el escrito sostuvo que el Ministerio no violó los derechos de los accionantes y que la tutela es improcedente por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  

Agencia Nacional de Minería[31]

La ANM solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

Ministerio de Minas y Energía[32]

En la medida que el Ministerio de Minas y Energía no es mencionado en la acción de tutela, la entidad señaló que no le consta ninguno de los hechos. Argumentó que no está legitimado en la causa por pasiva y solicitó desestimar las pretensiones en su contra.

Procuraduría General de la Nación[33]

La procuradora 15 judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Pasto contestó que no hay ninguna vulneración de derechos fundamentales que se atribuya a la entidad y señaló que esta no tenía conocimiento de los hechos.

Sobre la controversia, la servidora señaló que la Corte Constitucional ha establecido que la sola socialización de un proyecto, obra o actividad no suple la consulta previa. Dado que hay elementos en el expediente que sugieren que la actividad se ha realizado en el territorio desde antes de que se solicitara la declaración y delimitación del área de reserva especial, el Ministerio Público concluyó que debe concederse la tutela, “pero sin suspender el ejercicio minero por ser este tradicional, y porque en caso de accederse al amparo, la decisión del señor juez no puede afectar la presentación de la solicitud de constitución”[34] del área de reserva especial.

De igual forma, la procuradora anotó que los hechos no indican que el proyecto requiera el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, dado que la consulta previa es “suficiente”. Esta conclusión se basa en que, en su criterio, la formalización minera mejoraría las condiciones de explotación “tanto frente a los mineros como al ambiente y los recursos naturales, lo que de paso favorece a las comunidades”[35].

Municipio 1[36]

El municipio solicitó ser desvinculado, pues sostuvo que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

Asunto

Parte o vinculado que allega la información

Contenido del informe

Estado actual de ejecución del proyecto minero

Agencia Nacional de Minería[52]

La Agencia Nacional de Minería, tras ser requerida por segunda vez por la magistrada sustanciadora, informó que el título minero correspondiente al expediente 101112, relacionado con el proyecto de extracción de material de construcción en los ríos Putumayo y San Francisco, se encuentra vigente, con base en el contrato de concesión suscrito el 16 de noviembre de 2023[53].

El Plan de Trabajos y Obras (PTO) del proyecto fue aprobado mediante la Resolución ***.

Mediante Auto ***, Corpoamazonia inició el trámite administrativo correspondiente a la solicitud de licencia ambiental global o definitiva para el proyecto. El parágrafo 1 del artículo primero de ese acto administrativo señala que “el acto administrativo de inicio del trámite de la licencia ambiental global antes mencionado, extenderá la vigencia de la licencia ambiental temporal para la formalización hasta que la autoridad ambiental competente se pronuncie sobre la viabilidad o no de la licencia ambiental global o definitiva”[54]. Igualmente, el auto mencionado designó a la Dirección Territorial Putumayo para que, entre otras actuaciones, realizara una “visita técnica de evaluación”[55].

El Auto ***, expedido por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM, validó el inicio del trámite de la licencia ambiental, de acuerdo con la decisión de Corpoamazonia que se acaba de mencionar[56].

No obstante, en su respuesta a la Corte Constitucional, la ANM estableció que “el titular minero no puede adelantar actividades de explotación, toda vez que a la fecha no cuenta con un Plan de Gestión Social aprobado por esta Autoridad, y que no ha sido presentado por los cotitulares mineros”[57].  Esta conclusión está alineada con el Auto ***, que emitió la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera. Dicho acto administrativo, entre otras varias medidas, recuerda a los titulares mineros “que NO pueden realizar actividades de explotación en el área del título minero, hasta tanto no cuente [sic] con Plan de Gestión Social – PGS aprobado por la Autoridad Minera. Lo anterior, de conformidad con la evaluación y recomendación realizada en el Concepto Técnico de Evaluación Integral ***”[58] (énfasis en el original).

Este último concepto, que la ANM anexó también a su informe, recomendó a la autoridad administrativa “recordar” a los titulares mineros que “NO pueden realizar actividades de explotación en el área del título minero, hasta tanto cuente [sic] con Plan de Gestión Social – PGS aprobado”[59].

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[60]

El Ministerio indicó que no puede brindar información porque no cuenta con conocimiento sobre riesgos o afectaciones ambientales derivadas de la extracción de materiales de construcción de los ríos San Francisco y Putumayo. Aclaró que el asunto es competencia de las corporaciones autónomas regionales y que el Ministerio solo tiene “herramientas de control leve” sobre ellas, de conformidad con la jurisprudencia constitucional[61].

Riesgos de seguridad que los accionantes afirman enfrentar

Grupo de accionantes[62]

En un primer momento, al responder al requerimiento probatorio, los accionantes indicaron que el caso se desarrolla en un contexto de alta conflictividad comunitaria derivada del proyecto de extracción de materiales en los ríos Putumayo y San Francisco, lo que ha generado divisiones internas en el Pueblo. Indicaron que su actuación judicial ha provocado estigmatización, presiones sociales y un ambiente de hostilidad que afecta su integridad y la de sus familias. De acuerdo con los actores, “[e]l conflicto ha trascendido el ámbito jurídico y administrativo y se ha trasladado a la vida cotidiana dentro del territorio, generando tensiones permanentes y un ambiente de hostilidad que incrementa de manera objetiva los riesgos para nuestra integridad personal”[63].

Además, los demandantes denunciaron intimidaciones y amenazas contra quienes defienden el río, situación expuesta en un comunicado público de 2025 que rechazó estos hechos y exigió garantías de seguridad. El comunicado mencionado fue presentado como anexo del memorial radicado en esta Corporación. Se trata de un documento suscrito por “Defensores y Defensoras del Río Putumayo”, que incluye una serie de manifestaciones sobre aspectos relacionados con el proyecto y el conflicto alrededor suyo, en particular, derivadas de “las recientes asambleas realizadas en los meses de septiembre y octubre de 2025, para tratar temas relacionados con la extracción y aprovechamiento del material de arrastre en los ríos”[64].

El comunicado menciona “situaciones de irrespeto y falta de garantías hacia quienes defienden el río y la vida”; y llama a “[r]echazar toda forma de amenaza, intimidación o señalamiento contra quienes defienden el río y la vida”, dado que “[v]arias personas de la comunidad han sido objeto de presiones y amenazas por expresar su desacuerdo con la minería”[65]. Adicionalmente, el comunicado exige “garantías de seguridad, respeto y protección para los defensores y defensoras del territorio, en cumplimiento del derecho fundamental a la vida, la integridad y la participación libre de represalias”[66].

El informe presentado sostuvo que el riesgo es real, actual y agravado por la naturaleza intracomunitaria del conflicto, la convivencia permanente y la ausencia de espacios neutrales. Los accionantes manifestaron que su calidad de defensores del territorio y del río Putumayo los ubica en una situación de especial vulnerabilidad. El escrito agregó que la Unidad Nacional de Protección no ha realizado una valoración integral del riesgo ni adoptado medidas con enfoque diferencial.

Más adelante en el trámite, al pronunciarse sobre las pruebas recaudadas como resultado del requerimiento probatorio aquí descrito, los accionantes insistieron en el ambiente de división, estigmatización y presión social que perciben dentro y fuera del territorio, que les genera miedo e incertidumbre constantes. Los solicitantes resaltaron el pronunciamiento de la procuradora delegada para Asuntos Étnicos que se sintetiza más adelante en esta tabla y sostuvieron que el escenario descrito se agrava porque el territorio que habitan ha sido históricamente afectado por el conflicto armado, lo que ha hecho a las comunidades indígenas víctimas de violencia, desplazamiento y silenciamiento. 

En sus palabras, “[n]o hablamos desde la certeza de una amenaza concreta, sino desde la experiencia acumulada de vivir en un territorio donde la violencia ha sido una constante y donde el silencio, en muchos momentos, ha sido impuesto como mecanismo de supervivencia”[67]. Por eso, los demandantes indicaron que acuden a la Corte Constitucional para que “considere la pertinencia de disponer un acompañamiento institucional preventivo, sensible a nuestro contexto indígena y a la persistencia del conflicto armado en la región”[68].

Unidad Nacional de Protección[69]

La UNP respondió inicialmente que, tras efectuar un análisis articulado con las dependencias competentes, no encontró resultados sobre solicitudes de medidas de protección de ninguno de los accionantes. Adicionalmente, la Dirección de Evaluación de Riesgo de la entidad informó que no existen órdenes de trabajo activas ni inactivas ni actuaciones asociadas a evaluaciones de riesgo en curso o concluidas en relación con ninguno de los actores.

Luego de que la Secretaría General puso las pruebas a disposición de las partes y los terceros con interés, la UNP se pronunció[70] sobre la intervención de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos que se resume a continuación en esta tabla. Al respecto, la entidad indicó que no omitió ninguna obligación y que actuó conforme al principio de legalidad, pues el Programa de Prevención y Protección a su cargo se rige por el principio de causalidad, en atención al artículo 2.4.1.2.2. del Decreto 1066 de 2015. Ese principio exige que exista una “conexidad directa” entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones que la persona desarrolla y que esta demuestre, siquiera sumariamente, su existencia. A la vez, el principio de oportunidad requiere que la UNP actúe ágil y expeditamente, “pero únicamente cuando existe una solicitud formal que habilite el trámite”[71].

En criterio de la UNP, ni la existencia del Auto 004 de 2009 ni la presunción de riesgo extraordinario respecto de líderes sociales y defensores de derechos humanos implican “la concesión automática de medidas de protección individual”[72]. La entidad recalcó que no existe una norma que la habilite para realizar evaluaciones de riesgo individual sin petición de parte. Por eso, indicó que es necesario que se formalice una solicitud de protección y se aporten los elementos de juicio necesarios para que se active su actuación. Finalmente, la UNP dejó constancia de que, en caso de que los accionantes presenten una solicitud, la tramitará con “plena observancia del enfoque diferencial étnico”[73].

Procuradora delegada para Asuntos Étnicos[74]

Una vez la Secretaría General puso las pruebas recaudadas a disposición de las partes y los terceros con interés, la procuradora delegada para Asuntos Étnicos intervino y se pronunció, entre otros asuntos, sobre las respuestas de la Unidad Nacional de Protección. La servidora señaló que es importante profundizar en el contexto que motivó la solicitud de medidas de protección de los accionantes, para conocer si se relaciona exclusivamente con el conflicto asociado a la tutela o si tiene que ver con “otras circunstancias directas”. En su criterio, la UNP basó su respuesta solo en sus bases de datos y no realizó un análisis de riesgo basado en fuentes externas.

La procuradora delegada recordó que hay “grupos armados ilegales” con presencia en Putumayo y que el Auto 004 de 2009 declaró que los pueblos indígenas del país “están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas”[75]. Entre los pueblos frente a los cuales la providencia ordenó formular planes de salvaguarda se encuentra el Pueblo. La servidora sostuvo que la UNP “al parecer […] omitió” esa declaración de esta Corporación[76].

Medida solicitada

Análisis que sustenta la negativa de la Sala de Revisión

1. Ordenar que se suspenda toda actividad minera, extractiva, de remoción de material, alteración del cauce o cualquier intervención en el Río Putumayo.

Con respecto a esta medida, la Sala de Revisión encuentra que se relaciona con el núcleo de la controversia constitucional involucrada en el caso: la continuación del proyecto a pesar de no contar con la consulta previa de la comunidad, que los accionantes estiman procedente y obligatoria. En este sentido, para comenzar, es posible sostener que, a primera vista, la solicitud está respaldada en fundamentos fácticos posibles y jurídicos razonables.

Ahora bien, la información actualizada que la Agencia Nacional de Minería suministró evidencia que, más allá de la discusión de fondo sobre el proyecto que existe entre la parte accionante y la Asociación ABC, en este momento los titulares mineros han recibido una instrucción expresa de la autoridad minera de acuerdo con la cual no les es permitido realizar actividad de explotación alguna mientras el Plan de Gestión Social del proyecto no sea aprobado. Sin que el trámite avance ante la autoridad administrativa, los titulares mineros no pueden desplegar ninguna actividad de explotación, como les ha indicado y recordado la Agencia Nacional de Minería.

En este sentido, la Sala no encuentra que esté justificado desplegar sus facultades excepcionales para ordenar una medida provisional que, previo a adoptar un fallo, ordene suspender las actividades de explotación. Si la autoridad minera les ha indicado expresamente a los titulares mineros, a través de un acto administrativo emitido en el trámite propio del proyecto minero, que existe una prohibición de realizar cualquier actividad extractiva en las circunstancias actuales del proceso, no existe un riesgo probable de que un derecho o el interés público se vea considerablemente afectado mientras se surte el trámite de revisión ante esta Corporación. Este no es el caso si se tiene en cuenta que, como se resumió anteriormente, la zona de reserva especial se declaró y delimitó en 2018, la licencia ambiental temporal se otorgó en 2022 y el contrato de concesión se firmó en 2023.

Así las cosas, en el presente caso, la Corte no encuentra probada la posibilidad de que se configure un daño irreparable mientras se profiere la sentencia. La Sala de Revisión no desconoce la altísima importancia constitucional de los derechos de las comunidades étnicas y de la protección ambiental, intereses en los que se basa la solicitud. Sin embargo, sin perjuicio de las determinaciones que podrá adoptar al proferir una decisión de fondo, encuentra que no hay una evidencia de que, en la situación actual del caso, esos intereses constitucionales puedan sufrir un perjuicio irreparable. Por esta razón, aunque la medida no generaría un daño desproporcionado a la Asociación ABC, porque, en todo caso, no le es permitido actualmente realizar ninguna actividad de explotación, no hay motivos para que la Sala ordene la suspensión solicitada.

2. Ordenar una visita urgente de verificación por parte de la autoridad ambiental competente.

La información que la Sala analizó con base en las pruebas decretadas y recaudadas por la magistrada sustanciadora da cuenta de que, a través del Auto DTP núm. 558 del 21 de octubre de 2025, Corpoamazonia, la autoridad ambiental que tramita la solicitud de la licencia ambiental global o definitiva, designó a la Dirección Territorial Putumayo para realizar una visita técnica de evaluación.

Por lo tanto, a pesar de que, tal y como lo concluyó la Sala en relación con la primera medida solicitada, la acción de tutela se basa en elementos fácticos posibles y jurídicos razonales y la solicitud de los accionantes no generaría un daño desproporcionado a quien afectaría directamente, no existe en este momento una justificación para que el juez constitucional imparta una orden similar en ejercicio de su facultad de proferir medidas provisionales en el proceso de tutela.

3. Ordenar medidas de protección urgentes para los accionantes.

La Sala encuentra esenciales los elementos de juicio que las partes y los terceros con interés aportaron sobre este punto tras el decreto probatorio de la magistrada sustanciadora. Los accionantes, por un lado, describieron con mayor precisión los riesgos a los que consideran estar expuestos actualmente, como resultado de las labores que han emprendido en sus comunidades y territorio, que se oponen al proyecto minero y pretenden proteger los ríos.

Por otro lado, la UNP informó que no existen en sus bases de datos solicitudes de medidas de protección o trámites abiertos en relación con la evaluación de riesgo de ninguno de los accionantes. A partir de los elementos que la procuraduría delegada para Asuntos Étnicos incorporó en su intervención después de que la Secretaría General puso las pruebas a disposición de los interesados, la UNP aclaró, además, aspectos del proceso de evaluación del riesgo que adelanta, entre otros, en relación con representantes o miembros de grupos étnicos o dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos —de acuerdo con el artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015[82]—.

En esas condiciones y a partir de la información recaudada, la Sala tampoco encuentra justificado ordenar directamente las medidas de protección que los accionantes solicitaron en el trámite de revisión de las decisiones de instancia. La Corte reconoce la sensibilidad y complejidad del riesgo que los accionantes pueden estar percibiendo en la situación de tensión que describen dentro de las comunidades de las que hacen parte. A pesar de que no hay una persona o entidad que pueda recibir un daño desproporcionado como resultado de la medida, los fundamentos fácticos en los que se basa no están suficientemente acreditados y no existen elementos de juicio que permitan que este Tribunal considere ordenar directamente las medidas de protección, cuando hay un trámite administrativo que la entidad competente, la Unidad Nacional de Protección, debe adelantar para tomar las determinaciones a que haya lugar. Esta Corporación no tendría elementos en el expediente para definir cuáles medidas de protección convienen ni para ordenar que la UNP las adopte sin realizar la evaluación del riesgo que la normativa aplicable le ordena llevar a cabo. Así las cosas, no está claro, a partir de los elementos aportados por las partes e intervinientes, que exista un riesgo probable de afectación a un derecho o interés constitucional, que justifique una orden directa de esta Corporación.

Ahora bien, la Sala encuentra que es pertinente resaltar las consideraciones que presentó la procuradora delegada para Asuntos Étnicos en relación con el peligro de exterminio cultural o físico y las graves violaciones de los derechos fundamentales que soportan los pueblos indígenas de Colombia, como lo identificó el Auto 004 de 2009. De hecho, el Pueblo estuvo entre aquellos frente a los cuales la Corte ordenó formular e implementar un plan de salvaguarda étnica en esa ocasión.

Por lo tanto, la Corte exhortará a los accionantes a que presenten la solicitud respectiva ante la Unidad Nacional de Protección, junto con todos los elementos fácticos y probatorios que resulten pertinentes, de forma que dicha entidad pueda iniciar inmediatamente la evaluación del riesgo. A la vez, requerirá a la UNP que oriente a los accionantes respecto de los requisitos y pasos de dicho trámite. vez, la Sala recordará a la entidad, como lo indicaron tanto sus propias intervenciones como la de la procuradora delegada para Asuntos Étnicos, que el trámite y las medidas que se adopten, si esa es la determinación, deberán aplicar un enfoque diferencial. Tal enfoque implica, entre otros asuntos, que la entidad tenga en cuenta los elementos contextuales relevantes, relacionados con el territorio que habitan las comunidades étnicas involucradas en el presente caso, su nivel de afectación por el conflicto armado, y la declaratoria de peligro de exterminio impartida en el Auto 004 de 2009.

Adicionalmente, en atención a las manifestaciones realizadas por la parte accionante durante el trámite de revisión, en las que se advierte la existencia de un contexto de conflictividad intracomunitaria asociado al desarrollo del proyecto minero, así como la presunta ocurrencia de amenazas, intimidaciones, presiones y actos de estigmatización en contra de quienes se oponen a las actividades extractivas y defienden el territorio, la Sala pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos, para que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, valore la eventual relevancia penal de los hechos descritos y adopte las decisiones a que haya lugar.

Igualmente, la Corte ordenará que se remita copia de este auto a la Defensoría del Pueblo para que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, tome las medidas necesarias en relación con el posible acompañamiento al grupo de accionantes, así como la garantía de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta el contexto de conflictividad y las presuntas situaciones de intimidación puestas de presente.