Sentencia A. 533/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-533/25

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 533 de 2025

 

Referencia: Expediente CJU-6388

 

Conflicto aparente de jurisdicciones suscitado por el Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C.

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía 020 Especializada de Bogotá, el 21 de septiembre de 2022, el patrullero Mauricio Andrés López Torres, miembro activo de la Policía Nacional, presuntamente recibió por parte de los señores William Alfonso Bejarano Llanos y Jhon Alexander Reyes Pinto la suma de $200.000 pesos “para omitir el cumplimiento de sus funciones, específicamente para no realizar la respectiva incautación de licor adulterado” en la zona comercial de la avenida calle 26 con carrera 69 de la ciudad de Bogotá ^[1].

 

2. Asimismo, según la acusación, el 19 de enero de 2023, la patrullera Nora María Pardo Cuadrado, también miembro activo de la Policía Nacional, presuntamente le indicó al patrullero Gómez[2], que pasaran al establecimiento “Arrieros” de la misma ciudad para recibir un dinero, con la instrucción de que tomara la mitad y le entregara la otra mitad en el siguiente turno. El 20 de enero de 2023, aproximadamente a las 14:30 horas, el patrullero habría entregado a Nora María Pardo Cuadrado la suma de $80.000 pesos para omitir el cumplimiento de sus funciones, permitir que el establecimiento operara después de las 5:00 a.m. “y no realizar controles al interior del local donde supuestamente se comercializaba licor adulterado y estupefacientes”[3].

 

3. Por estos hechos, la Fiscalía 020 Especializada de Bogotá adelantó investigación contra Mauricio Andrés López Torres y Nora María Pardo Cuadrado, por los delitos de Cohecho propio en concurso heterogéneo con Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública[4].

 

4. Según consta en el expediente, el 11 de febrero de 2025, en la audiencia de formulación de acusación realizada por el Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., los abogados defensores de Mauricio Andrés López Torres y Nora María Pardo Cuadrado “impugnaron la competencia” de la Jurisdicción Ordinaria para conocer el asunto[5]. Argumentaron que, para la época de los hechos, los uniformados eran miembros activos de la Policía Nacional y que las conductas investigadas se realizaron en el marco de sus funciones como patrulleros, por lo que, en su criterio, la competencia corresponde a la Justicia Penal Militar[6].

 

5. Posteriormente, el 11 de marzo de 2025, en la continuación de la diligencia, el Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá se declaró competente para conocer la causa penal[7]. Consideró que las conductas presuntamente desplegadas no se realizaron dentro del servicio que legal y constitucionalmente les fue encomendado a los uniformados, sino que constituyen una desviación flagrante del mismo^[8]. En consecuencia, remitió las diligencias a esta Corporación para dirimir el presunto conflicto de competencia entre jurisdicciones[9].

 

6. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 17 de marzo de 2025 y enviado a ese despacho el 18 de marzo siguiente[10].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

7. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8. La Corte Constitucional ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[11].

 

9. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones: (i) presupuesto subjetivo, que exige la controversia entre, al menos, dos autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones; (ii) presupuesto objetivo, referido a la existencia de una causa judicial en curso; y (iii) presupuesto normativo, que demanda que las autoridades involucradas hayan expresado las razones constitucionales o legales por las cuales se consideran competentes o no^[12].

 

10. En relación con el presupuesto subjetivo esta corporación ha determinado que cuando no se está ante la contradicción entre jueces o autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales, es impropio concluir la presencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. De este modo, una controversia de esta naturaleza “no puede provocarse autónomamente por las partes del proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales, de distintas jurisdicciones, reclaman o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente”[13].

 

3. Caso concreto

 

11. La Sala Plena observa que en el asunto de la referencia no se satisface el presupuesto subjetivo y, por tanto, no está configurado conflicto jurisdiccional alguno. En este caso, ante la “impugnación de competencia” de los defensores, el Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá remitió el expediente a la Corte Constitucional, sin que exista pronunciamiento de la Justicia Penal Militar en el que reclame o niegue su competencia para asumir el proceso descrito. En ese sentido, no se observa una controversia entre dos autoridades judiciales que habilite un pronunciamiento de fondo de esta Corporación. Por el contrario, se considera que el juzgado de conocimiento desconoció la reiterada jurisprudencia constitucional respecto a la imposibilidad de las partes del proceso para provocar el conflicto de jurisdicciones[14].

 

12. Asimismo, toda vez que el Juzgado Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá fundó la controversia en las normas sobre la impugnación de competencia en las causas penales, la Sala estima necesario recordar que:

 

“[E]l conflicto de competencias entre jurisdicciones es distinto a la controversia que se suscita dentro de la misma jurisdicción acerca de cuál es el juez competente. Así, en el marco de un proceso penal las normas que regulan la impugnación de competencia (art. 341 de la Ley 906 de 2004) dentro de la misma jurisdicción no son aplicables a un conflicto de jurisdicciones. En este sentido, la Sala Plena reitera que la controversia que se da dentro de una misma jurisdicción es resuelta, por regla general, por el superior jerárquico común, por disposición expresa del legislador. Por su parte, un conflicto de competencias entre jurisdicciones la disputa es decidida por una autoridad judicial externa, determinada por la Constitución Política y la ley”[15].

 

13. Por lo anterior, la Corte Constitucional insta al titular del juzgado para que, en adelante, al proponer un conflicto de jurisdicciones atienda los criterios determinados por la Constitución y la jurisprudencia, acorde con la parte motiva de esta providencia.

 

14. Como consecuencia, se declarará la inhibición respectiva y se enviará el expediente al juzgado de origen para que continúe con el trámite correspondiente y comunique la decisión a los interesados.

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

  

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia ante el incumplimiento del presupuesto subjetivo.

 

SEGUNDO. REMITIR por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente CJU-6388 al Juzgado 008 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del proceso penal.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---