Sentencia A. 533/24

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Equivocada interpretación e inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 533 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4582

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga.

 

Magistrada ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente 

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Carlos Adolfo Trigueros Arce, personero municipal del Ginebra (Valle), actuando como agente oficioso del ciudadano Juan José Carmona Ortega, presentó acción de tutela contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Lo anterior, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad personal de Juan José Carmona Ortega y se ordene su traslado a un hospital psiquiátrico, pues se encuentra privado de la libertad en el Centro Carcelario del municipio de Ginebra (Valle) y presenta problemas de salud mental.

 

2. El proceso correspondió por reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, autoridad judicial que, mediante el auto del 1 de diciembre de 2023, declaró su falta de competencia y dispuso el envío de la acción de tutela a los juzgados del circuito del municipio de Buga. Argumentó que en los elementos de prueba aportados al proceso evidencian que el señor Juan José Carmona Ortega fue enviado al Centro Carcelario del municipio de Ginebra por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Buga por el delito de violencia intrafamiliar. En ese orden de ideas, la presunta “vulneración de los derechos fundamentales invocados resulta de posibles omisiones por parte del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Buga […]. Esto activa la competencia de su superior funcional para conocer de la presente acción de tutela, es decir, los Juzgados Penales del Circuito de Buga (Reparto), de acuerdo con lo señalado en el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021”^[1].

 

3. La tutela fue remitida al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023, esta autoridad judicial promovió un conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Fundamentó su decisión en el Auto 021 de 2021, en el cual la Corte Constitucional expuso que “el Decreto 333 de 2021 conserva la naturaleza de regla de reparto en las acciones de tutela. En esa medida, no define reglas de competencia en materia de tutela y, por lo tanto, con base en estas no se puede suscitar conflictos de tal naturaleza”^[2]. Además, llamó la atención acerca de que “en el escrito de tutela realmente no se encuentra que el accionante le atribuyó alguna acción u omisión transgresora de los derechos fundamentales invocados al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Buga”^[3].

 

4. El expediente fue enviado a la Corte Constitucional el 12 de diciembre de 2012. El 31 de enero de 2024, el expediente ICC-4582 fue repartido a la magistrada sustanciadora.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.^[4] Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.^[5] En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,^[6] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.^[7]

 

2. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.^[8]

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz.^[9]

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia.^[10]

 

3. El Decreto 333 de 2021 consagra en el parágrafo 2 del artículo 1 que las reglas de reparto contenidas en esa norma “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Por su parte, la Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos que se suscitan en aplicación de reglas de reparto son “aparentes” porque estas reglas administrativas “en ningún caso definen la competencia de los despachos judiciales”.^[11]

 

4. Asimismo, esta Corporación ha determinado que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”.^[12]

 

5. A su vez, la Corte ha establecido en múltiples pronunciamientos que debe rechazarse la postura de aquellos jueces que analizan de manera preliminar la admisión de la demanda y toman determinaciones con respecto a la conformación del contradictorio, a fin de declarar su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión o modificación de entidades demandadas altera tal competencia.^[13]

 

6. Adicionalmente, este Tribunal ha dispuesto que el reparto de los expedientes se debe realizar con base en la persona o entidad que “aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión”.^[14] Por consiguiente, no es aceptable cualquier juicio de fondo a priori que realice la autoridad judicial con el propósito de establecer si un accionado es o no el responsable de la violación o amenaza de un derecho fundamental que se alega, pues esas consideraciones atañen al objeto de estudio de la sentencia respectiva.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Al tenor del artículo18 de la Ley 270 de 1996^[15] y con fundamento en lo expuesto por esta Corporación en el Auto 550 de 2018, la presente controversia debió ser resuelta por conducto de la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia, el Pleno de la Corte Constitucional asumirá el estudio del presente asunto, para evitar que se dilate aún más el trámite del proceso de tutela.

 

2. Ahora bien, la Sala Plena encuentra que en el presente proceso se configuró un conflicto aparente de competencia fundado en la aplicación de reglas de reparto.

 

3. En efecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga aplicó indebidamente la regla de reparto contenida numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, que no desplaza su competencia y, con ello, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales.

 

4. La Corte concluye que la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga es competente para resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia. Lo anterior, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso.

 

5. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 1 de diciembre de 2023, proferido por el magistrado Álvaro Augusto Navia Manquillo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga y, en consecuencia, remitirá el expediente ICC-4582 a dicha corporación para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

6. Adicionalmente, la Corte advertirá a la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de simple reparto, en tanto ese comportamiento se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de esta Corporación.

 

7. Finalmente, se advertirá al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga que en caso de considerar que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal Superior del Guadalajara de Buga dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Carlos Adolfo Trigueros Arce, personero municipal del Ginebra (Valle), actuando como agente oficioso del ciudadano Juan José Carmona Ortega.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4582 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga a para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. 

 

Tercero. ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga de para que, en lo sucesivo, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto. ADVERTIR a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de fraccionar las acciones de tutela que lleguen a su conocimiento, pues tal actuación atenta contra los principios de economía, celeridad y eficacia que orientan los procesos constitucionales.

 

 

Quinto. Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga y al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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