A- de 2023

Conflicto de competencias en materia de acción de tutela, suscitado entre la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente, de una parte, porque la primera Corporación estimó que como la demanda estaba dirigida en contra del Tribunal Superior de Cali, era la Corte Suprema de Justicia la competente para conocer del asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.

De otra parte, la Corte Suprema estimó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo debía tramitar el asunto.

Se dirimió la controversia con la remisión del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que, de manera inmediata, adopte las decisiones de fondo a que haya lugar.

La Sala Plena de la Corporación reiteró a las autoridades judiciales que deben abstenerse de declarar su incompetencia con fundamento en las normas de reparto contenidas en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, toda vez que este actuar contraría el precedente constitucional en la materia, en virtud del cual estas no fijan factor de competencia judicial alguno.

De igual manera, deberán también abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia con fundamento en las precitadas normas, toda vez que ello afecta el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos y riñe con los principios de celeridad y eficacia de la acción de tutela.