Sentencia A. 465/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-465/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 465 DE 2025

 

 

Referencia: expediente CJU-6162

 

Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado por el Juzgado de Conocimiento y el Resguardo Aire

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en especial de la prevista por el artículo 241.11[1] de la Constitución Política, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes:

 

Aclaración previa^[2]

 

Debido a que el asunto está asociado con la presunta comisión del delito de feminicidio, en grado de tentativa, y con la finalidad de proteger la información de la víctima, esta providencia tendrá dos versiones. Una en la que se anonimizará el nombre de la mujer y el de los otros sujetos, así como de los demás datos que permitan su identificación; y otra, reservada, que contendrá los datos reales de los sujetos involucrados. Además, el despacho advertirá a las personas que intervienen en su trámite y a las autoridades oficiadas, sobre la necesidad de abstenerse de reproducir, publicar o difundir por cualquier medio, oral, escrito, físico o digital esta providencia, su contenido y cualquier elemento relacionado con este conflicto de competencia entre jurisdicciones.

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones[3]. De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, el 22 de septiembre de 2021 sobre las 7:00 pm, Indira fue víctima de agresiones físicas por parte de varias personas, en inmediaciones de la Vereda del Municipio. Entre los agresores se encontraban su esposo, Mario y Julia, quien, a su vez, era pareja sentimental simultánea del cónyuge, quienes le propiciaron varias lesiones en su cuerpo.

 

2. Indicó que durante 20 años de convivencia ha sido víctima de violencia física y psicológica. Expresó que Mario la sometía a maltratos constantes y recibía reiterados abusos y agresiones de aquel. Además, manifestó que en ocasiones era amenazada, intimidada y coaccionada con la posibilidad de agredirla si denunciaba los abusos padecidos

 

3. El 14 de octubre de 2021 aproximadamente a las 8:30 pm, Indira se encontraba en su casa. En ese momento, mientras dormía, su esposo la atacó sin haber tenido discusión previa. En el momento en que recuperó la conciencia sentía diversas afecciones en su salud, entre estas, mareo, asfixia, imposibilidad para caminar y agonía. Aquella fue auxiliada por su hijo, Gustavo, quien llegó al lugar de residencia de su progenitora y pidió auxilio para llevarla al hospital del municipio. Horas más tarde, el centro hospitalario ordenó su remisión a la Clínica, donde ingresó a la UCI para estabilizarla y salvarle la vida. Al despertarse, no era consciente de la manera en que llegó a ese lugar. Posteriormente, su esposo continuó ejerciendo violencia en su contra mediante agresiones verbales[4].

 

4. Actuaciones de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal. El 24 de noviembre de 2021, el Juzgado Penal Municipal, en audiencia preliminar, ordenó la captura de Mario[5]. A su vez, profirió boleta de detención dirigida a la dirección del establecimiento penitenciario y carcelario de Ipiales[6]. Luego, el 22 de diciembre de 2021, el Juzgado Municipal, en audiencia concentrada: i) declaró la legalidad de la captura de Mario; ii) avaló la imputación del procesado por la comisión del delito de “tentativa de feminicidio agravado art. 27, 104A y 104B del CP”, en calidad de autor y a título de dolo y, finalmente, iii) impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario o donde disponga el Inpec para mantener privado de la libertad al procesado.

 

5. El 15 de febrero de 2022, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación, el cual fue asignado al Juzgado Penal[7]. Esa autoridad judicial programó audiencia de formulación de acusación para el 14 de marzo de 2022; pese a ello la diligencia no se realizó por solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del procesado. Esta etapa procesal se postergó en varias ocasiones por peticiones del defensor del imputado, en atención a que estaban en conversaciones para celebrar un preacuerdo. La referida diligencia se adelantó el 15 de enero de 2023; a ella el procesado asistió de manera virtual desde el Resguardo Aire y en la misma se adoptaron las siguientes determinaciones: i) se reconoció como víctima a Indira; ii) se declaró fundado un impedimento del juez de conocimiento en atención a la causal 13 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y iii) se remitió el caso a los Juzgados de Conocimiento.

 

6. El 17 de enero de 2023, el Juzgado de Conocimiento, asumió el asunto para su trámite[8]. La diligencia fue aplazada en varias ocasiones y se adelantó hasta el 1 de octubre de 2024. En esta audiencia se hizo presente un miembro del Resguardo Aire, delegado por el gobernador de esta comunidad, para asistir a la diligencia judicial. Aquel no intervino en ella. Durante el trámite respectivo, el defensor del procesado advirtió un conflicto positivo de competencias entre la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, y la jurisdicción especial indígena, y sustentó los motivos de la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria en atención al Convenio 169 de la OIT, en armonía con el artículo 246 de la Constitución. A su vez, argumentó el cumplimiento de los factores que se deben acreditar, según la Corte Constitucional, para asignar la competencia a la jurisdicción especial indígena.

 

7. Durante su exposición, manifestó que se cumplen los siguientes factores: i) personal. Indicó que las personas involucradas hacen parte de la comunidad indígena, situación que se corrobora con la intervención del miembro del Resguardo Aire y el registro del Ministerio del Interior; ii) territorial. Expuso que el lugar de ocurrencia de los hechos, la Vereda del Municipio, no pertenece a la territorialidad del Resguardo Aire, sino al Resguardo Tierra. Añadió que el Resguardo Aire puede solicitar que se remita el asunto, en atención a que ambos territorios son vecinos y pertenecen al mismo pueblo indígena denominado Las Aguas. Además, estos pueblos comparten límites geográficos; iii) institucional. Sostuvo que la comunidad cuenta con un sistema de derecho propio. Agregó que este junto a la ley natural son las bases para dirimir los conflictos desde tiempos ancestrales y administrar justicia; y iv) objetivo. Expresó que el bien jurídico tutelado afectado en el presente asunto es de importancia para la comunidad indígena, pues para ella es esencial resguardar el bienestar y la paz de la familia. Además, se encuentran preparados para asumir el presente caso con el debido proceso y con el respeto de los derechos de la víctima.

 

8. La diligencia fue suspendida por solicitud de la Fiscalía General de la Nación en atención a dos puntos: a) por la necesidad de atender un asunto del Comité Provincial de Control Electoral y b) para otorgarle la oportunidad al gobernador principal de la comunidad a ser escuchado, pues en su criterio, es esencial su presencia para dirimir el conflicto presentado[9]. De igual manera, la autoridad judicial fijó fecha para el siguiente 22 de noviembre del 2024.

 

9. Solicitud de la jurisdicción especial indígena[10]. En sesión de audiencia de acusación del 22 de noviembre de 2024, adelantada por el Juzgado de Conocimiento, el secretario del juzgado dejó constancia de que la víctima se comunicó varias veces con el despacho, en las que denotó un alto grado de afectación emocional, ello a causa de múltiples amenazas que ha recibido por parte del procesado. Luego, se concedió la palabra al Gobernador del Resguardo Aire quien solicitó que el juzgamiento del procesado sea de conocimiento de la jurisdicción especial indígena. Expuso que aquel es miembro de la comunidad que él representa, por lo que conforme a lo considerado por la Corte Constitucional debe ser juzgado por el derecho propio de las comunidades indígenas. En suma, expresó que el resguardo cuenta con el reglamento interno y el sistema de derecho propio para juzgar estos casos de desarmonías. Agregó que el caso cumple con los factores personal, territorial, institucional y objetivo para que sea de conocimiento de la jurisdicción especial indígena.

 

10. Decisión de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal[11]. Durante la diligencia de acusación y previo a exponer los argumentos que sustentan la competencia de la jurisdicción ordinaria, la jueza abordó los siguientes temas: (i) la efectividad de la medida de aseguramiento del procesado, toda vez que aquel aparentemente tiene un celular, a través del que presuntamente continúa amenazando a la víctima. Indicó que el dispositivo celular debe ser retirado del poder del procesado. De igual manera, que es deber de la jurisdicción indígena demostrar que cuentan con la capacidad institucional para sostener la medida de aseguramiento privativa de la libertad ordenada al procesado y no permitir que, en vigencia de esta, se realicen actos que atenten contra la integridad de la víctima; y (ii) la imposición de medidas de protección a favor de Indira para salvaguardar su integridad con ocasión de repetidas amenazas. Frente a este punto, indicó que en virtud del literal f de la Ley 1257 de 2008, ordenó medidas de protección a favor de la víctima, con ocasión de las repetidas amenazas en contra de su integridad.

 

11. Acto seguido, en el traslado concedido a la Fiscalía y al ministerio público en relación con la solicitud de competencia presentada por el gobernador de la comunidad ancestral, la representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó un llamado de atención al procesado y al miembro de la guardia indígena que lo acompañaba, debido a los actos burlescos realizados durante la diligencia. En concreto, por reírse en el momento de rememorar los hechos materia de investigación. De igual manera, la jueza solicitó al gobernador del resguardo comunicarse con la guardia indígena para mitigar esta situación, ya que, al parecer no prestaron atención a la diligencia.

 

12. Después, manifestó que existe una falta de claridad respecto del factor personal de la víctima, pues según lo expresado por ella, no pertenece a ninguna comunidad indígena, situación que no ha sido controvertida hasta el momento. Aseveró que el bien jurídico afectado, la vida, es relevante para las dos jurisdicciones (indígena y ordinaria). Por tal motivo, el estudio del delito por su naturaleza debe obedecer a la protección de la víctima y efectuarse bajo un enfoque diferencial de género, por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional. En ese orden de ideas, las autoridades indígenas deben contar con la capacidad institucional para juzgar y sancionar las conductas que atentan contra los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables de la población.

 

13. Sostuvo el despacho judicial que, pese a que el gobernador aludió en su intervención la institucionalidad con la que cuenta su comunidad, lo cierto es que no se aportó documento que evidencie la composición de las autoridades indígenas, el estatuto que los rige y las sanciones a imponer por las conductas desplegadas en el presente caso. Tampoco explicó las medidas de reparación y protección a favor de la víctima. Por tal motivo, no encontró acreditado el factor institucional conforme a las subreglas establecidas por la Corte Constitucional. En consecuencia, sostuvo que es la autoridad competente para conocer del proceso penal en cuestión y, a su vez, expresó que las diligencias deberán ser adelantadas por la justicia ordinaria penal. Por todo lo expuesto, propuso conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones y remitió el asunto a la Corte Constitucional para su resolución.

 

14.Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El asunto fue remitido a esta Corporación el 29 de noviembre de 2024[12]. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 21 de enero de 2025 y remitido al despacho el 23 del mismo mes y año[13], para su conocimiento y respectivo trámite

 

15. Auto de pruebas en el trámite del conflicto de competencia entre jurisdicciones. El magistrado sustanciador, mediante providencia del 4 de febrero de 2025, decretó la práctica de pruebas y requirió a varias entidades y a los resguardos indígenas, a efectos de tener más información respecto de la configuración de los presupuestos personal, territorial, objetivo e institucional para acreditar el fuero indígena. Por tal motivo, ordenó oficiar: i) a las autoridades ancestrales del Resguardo Aire y el Resguardo Tierra para que indicaran aspectos relacionados con la pertenencia del indiciado y de la víctima a las comunidades, así como aspectos sobre la ubicación geográfica, cultura, política, costumbres y estructura institucional propia; (ii) a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior; (iii) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y (iv) a la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, con la finalidad de conocer elementos característicos de las referidas comunidades[14].

 

16. Las entidades oficiadas dieron respuesta al requerimiento probatorio de la siguiente manera:

 

Tabla 1. Respuesta de entidades al auto de pruebas

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1. Presupuestos de procedencia para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

17. El presente asunto satisface las reglas contenidas en el Auto 155 de 2019 para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones:

 

Tabla 2. Presupuestos para la procedencia de un conflicto entre jurisdicciones

 

2. Metodología de la decisión

 

18. Determinada la procedencia del conflicto de competencia entre jurisdicciones, la Corte Constitucional (i) reiterará las reglas para la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena y los factores que configuran el fuero indígena; (ii) se referirá a la violencia de género contra la mujer. Luego, (iii) analizará en el caso concreto los factores que activan la JEI y (iv) determinará la autoridad judicial competente para conocer el asunto.

 

3. La jurisdicción especial indígena y los factores que configuran el fuero indígena[18]

 

19. El carácter constitucional de la jurisdicción especial indígena. El artículo 246 de la Carta Política consagra que las autoridades de los pueblos indígenas “podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Adicionalmente, dispone que deberán establecerse formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

 

20.La Corte Constitucional ha considerado que de este artículo derivan cuatro atribuciones para los pueblos indígenas que configuran las garantías de la jurisdicción especial indígena (JEI): “(i) la facultad de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la posibilidad de expedir normas y procedimientos autónomos; (iii) la sujeción de los criterios previos a la Constitución y la ley y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional”[19]. Adicionalmente, la jurisprudencia ha precisado que la JEI tiene una dimensión colectiva y otra individual. Sobre la primera, se le reconoce como un instrumento de protección de la diversidad cultural y étnica de la Nación y, particularmente, de la autonomía e identidad de los pueblos indígenas[20]. Sobre la segunda, se entiende que permite la consecución del fuero indígena, esto es, el derecho fundamental que le asiste a cada miembro de las comunidades a ser juzgado por sus autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos[21].

 

21. Factores para la configuración del fuero indígena. Como derecho subjetivo del que gozan los miembros de las comunidades indígenas, su configuración requiere la verificación de dos elementos esenciales: (i) el factor personal y (ii) el factor territorial. Además, se exige que se acrediten (iii) el factor objetivo y (iv) el factor institucional u orgánico. A lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se ha precisado el contenido de estos elementos, el cual se reiterará en esta oportunidad, a partir de las subreglas relevantes para considerar la procedencia de la configuración del fuero indígena, en lo que se refiere al estudio de los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Tabla 3. Factores para la configuración del fuero indígena

 

22. Evaluación ponderada y razonable en cada caso. La Sentencia C-463 de 2014 precisó que “concluida la sistematización de las reglas referentes a los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena, resulta oportuno señalar que estos criterios deben evaluarse de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso. La diversidad puede generar situaciones. Si uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas”. Por lo tanto, debe realizarse una evaluación ponderada, razonable y particular de los factores que configuran el fuero indígena para determinar la activación de la jurisdicción especial indígena en cada caso.

 

4. La violencia de género contra la mujer y el enfoque de género.

 

23. La Corte Constitucional ha considerado que la familia es uno de los escenarios en los que la violencia contra la mujer es reiterativa. Expuso que la intimidad y privacidad al interior de las relaciones familiares facilitan las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito doméstico, en especial en las relaciones de pareja[69].

 

24. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional sostuvo que las mujeres encuentran barreras para acudir ante las autoridades para denunciar que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Una de las mayores limitaciones para denunciar es la tolerancia social, incluso familiar, a este tipo de acciones en su contra[70]. Además, existen otros limitantes sociales y culturales que impiden el acceso de las mujeres a la justicia, por ejemplo “las dinámicas socioeconómicas generan una dependencia de las mujeres hacia sus parejas. La falta de recursos genera un círculo vicioso de violencia que es difícil romper. La violencia que padecen impide que busquen un empleo para su sustento o encuentren labores sin la suficiente remuneración económica. Y, a su vez, la falta de independencia económica les impide escapar del escenario violento”[71].

 

25. De igual manera, indicó que la violencia de pareja puede desarrollarse de manera cíclica. Este proceso consta de cuatro fases, que a saber son: (i) situación de tensión acumulada entre la pareja; (ii) manifestación de violencia, generalmente, en contra de las mujeres; (iii) período de racionalización o justificación; y (iv) establecimiento de la normalidad, a través de la reconciliación[72]. En general, las víctimas de violencia denuncian su situación en la segunda fase. Sin embargo, al ingresar a la etapa de normalidad, la víctima pierde interés en el proceso penal y renuncia tácitamente a la actuación. Esta situación, incrementa la impunidad en los casos de violencia de género.

 

26. Por otra parte, la Corte Constitucional ha entendido el enfoque de género como “un criterio hermenéutico que deben emplear todos los operadores jurídicos, con independencia de su jerarquía o especialidad, para la resolución del litigio que se le plantea en cualquier caso en el que exista sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género”[73]. Es así, que incluir la perspectiva de género en la justicia implica hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación basada en género.

 

27. En ese contexto, el enfoque de género garantiza que las autoridades actúen de manera célere y eficaz en la prevención, investigación y sanción de situaciones de violencia contra la mujer. En relación con la perspectiva de género en los procesos de violencia intrafamiliar, la Sentencia T-326 de 2023[74] sintetizó un conjunto de garantías procesales y sustanciales de las que son titulares las mujeres y que tienen como fin garantizar condiciones de igualdad sustantiva. Entre estas garantías se destacan: “(i) el derecho a no ser confrontadas personalmente con el agresor; (ii) permitir la participación de la presunta víctima y adoptar medidas para garantizar que esta sea escuchada y declare libremente; (iii) acceder a la información sobre el estado de la investigación o del procedimiento respectivo; (iv) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes y (v) adoptar las medidas de protección en un plazo razonable, en atención a las circunstancias del caso concreto”[75].

 

28. De otro lado, esta Corte ha considerado que la mujer presenta dificultades para el acceso a la administración de justicia al interior de las comunidades indígenas[76]. Tal premisa la fundamentó en estudios que exponen las condiciones de las mujeres indígenas que pretenden “acudir a un recurso judicial efectivo en su grupo étnico”[77]. Tal situación de ninguna manera constituye una presunción o prejuzgamiento sobre la falta de garantía de los derechos de las mujeres en la jurisdicción especial indígena. En tal sentido, las dificultades enunciadas no pretenden dar a entender que es preferible que las mujeres acudan a la jurisdicción penal ordinaria, pues procesos penales ordinarios no necesariamente han dado resultados significativos en relación con el acceso efectivo a la justicia. Tan solo se pretende evidenciar la dificultad a la que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia por su género.

 

29. De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos ha precisado que muchas veces la violencia contra las mujeres indígenas no se denuncia, esto obedece a numerosas razones[78]. Precisa que al “interior de sus comunidades, las niñas y mujeres indígenas enfrentan dificultades para el acceso a los sistemas de justicia tradicionales. En especial, porque ‘(…) en muchos casos esos sistemas están dominados por los hombres y discriminan a las mujeres’”[79].

 

5. Caso concreto

 

30. La Sala Plena analizará en el presente caso la acreditación de los factores para la activación del fuero especial indígena. En concreto, revisará la configuración de los elementos: i) personal; ii) territorial; iii) objetivo e iv) institucional. Luego, determinará la autoridad que es competente para asumir y estudiar de fondo el presente asunto.

 

31. Factor personal. En el asunto se acredita el factor personal frente al procesado. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, la Sala observa que obra certificación expedida por el Ministerio del Interior que indica la pertenencia del acusado al respectivo resguardo indígena[80]. Es de precisar, que el mencionado certificado indica que Mario registra en el censo de la comunidad de los años 2022, 2023 y 2024; es decir, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que se investigan en el proceso penal. Sin embargo, el procesado se reconoce como miembro de la comunidad. En igual sentido, las autoridades indígenas identifican al procesado como parte del resguardo, motivo por el que reclaman la competencia para juzgar a este. Es así como se acredita el factor personal frente al investigado en el proceso penal.

 

32. Factor territorial. Conforme a los documentos obrantes en el proceso, en especial los recaudados en el periodo probatorio junto con los obrantes en el proceso penal, la Sala encontró lo siguiente: (i) los hechos materia de investigación ocurrieron en la Vereda, jurisdicción del Municipio; (ii) el Resguardo Aire se identifica que pertenece al pueblo de Las Aguas; (iii) según la cosmovisión del resguardo indígena este entiende su asentamiento en donde se encuentren ubicados sus comuneros y (iv) bajo una concepción geográfica su territorio se extiende dónde está asentada la comunidad ancestral de Las Aguas.

 

33. Bajo las anteriores premisas, la jurisdicción territorial del Resguardo Aire se considera de manera amplia y hace parte del territorio ancestral del pueblo de Las Aguas[81]. Lo anterior, conforme a lo expresado por la comunidad indígena y el ICANH a esta Corporación. En igual sentido, el Resguardo Aire indicó el área de asentamiento territorial del pueblo de Las Aguas conforme el siguiente mapa:

 

Mapa 1. Mapa de delimitación territorial de pueblos indígenas en el nudo de los pastos. Fuente: Nelson Erazo, “Una relación urbano rural desde una “praxis descolonial” de los pueblos pastos, Colombia” En PatryTer, vol. 6, núm. 11, e42824, 2023.

 

34. Así las cosas, la Sala evidencia que la extensión territorial del Municipio hace parte del área en el que habitan miembros del pueblo ancestral de Las Aguas. En consecuencia, bajo la cosmovisión del Resguardo Aire y desde una percepción geográfica, el Municipio hace parte del territorio de asentamiento de aquel. En conclusión, la Vereda del Municipio, lugar en el que ocurrieron los hechos materia de investigación, hace parte del territorio en el que habitan los miembros del Resguardo Aire. Por todo lo anterior, se encuentra acreditado el factor territorial en el asunto bajo examen.

 

35. Factor objetivo. Los hechos materia de investigación fueron adecuados por el ente acusador en la conducta punible de “tentativa de feminicidio agravado art. 27, 104A y 104B del CP”, presuntamente realizada por el procesado en contra de su esposa, quien hace parte de la sociedad mayoritaria. En concreto, aquella manifestó al interior del proceso penal que no se reconoce como miembro de ninguna comunidad indígena. De igual forma, el Resguardo Aire expresó que la víctima no hace parte del censo indígena, dado que no reposa en ninguna base de datos del resguardo. Esta situación acredita que la víctima no pertenece a la comunidad indígena que reclama la competencia para juzgar el asunto.

 

36. Es así que las conductas tipificadas y acusadas a Mario afectan bienes jurídicos e intereses de la sociedad mayoritaria, como lo son la vida, la integridad personal y el vivir una vida libre de violencia. Esta Corporación ha reiterado que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional y “en esa medida no sólo sus derechos generales sino igualmente los específicos, requieren de atención fija por parte de todo el poder público, donde se incluyen los operadores jurídicos”[82]. En igual sentido, las conductas investigadas son catalogadas previamente por este tribunal como de especial nocividad[83].

 

37. Es así como el Estado colombiano ha adoptado instrumentos internacionales obligándose a garantizar la protección de los derechos de las mujeres y mitigar la violencia y discriminación que aquellas padecen en el contexto social y cultural. Ahora bien, esta Corporación ha considerado en múltiples decisiones que en los eventos en que se presente violencia en contra de la mujer, los asuntos deben abordarse con perspectiva de género. Adicionalmente, ha concluido que la familia es uno de los escenarios en los que este tipo de violencia es más reiterativa, lo que implica que las agresiones que se ocasionan en el ámbito doméstico generan más barreras para que las mujeres acudan a las autoridades competentes para poner en su conocimiento este tipo de hechos^[84]. Además, que la intimidad y la privacidad propias de las relaciones familiares han facilitado las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito doméstico. En tal sentido, la Corte ha reconocido que las mujeres encuentran limitaciones para denunciar la violencia en sus núcleos familiares por causas de índole social, familiar, de dependencia económica e, incluso, culturales que revisten ciertas complejidades y que impiden la efectividad de la justicia en esta delicada materia^[85].

 

38. Bajo esta línea, debe establecerse si la conducta investigada tiene una especial relevancia para la comunidad indígena. En ese entendido, es de recordar que la Corte indicó que “en eventos de violencia de género, las autoridades indígenas están llamadas a acreditar que el bien jurídico afectado [corresponde a]: un asunto que también reviste importancia y gravedad equivalente para el resguardo de manera que la comunidad debe aportar elementos suficientes que permitan comprender su cosmovisión universal, el papel de la mujer en la comunidad y la gravedad de conductas que podrían configurar violencia de género´”[86].

 

39. En ese orden de ideas, la Corte analizará si los bienes jurídicos vulnerados tienen equivalencia en importancia y gravedad para el Resguardo Aire frente a la óptica de la sociedad mayoritaria. En concreto, la Sala reconoce que el resguardo en su “Plan” establece una perspectiva de género que está encaminada a la creación de condiciones de igualdad entre los hombres y las mujeres de la comunidad, con la finalidad de “tener las mismas oportunidades para el ejercicio de los derechos como indígenas y como humanos”. Además, que en su reglamento interno establecen faltas relacionadas con conductas al interior de la familia, como lo es la violencia intrafamiliar. También faltas relacionadas con la integridad personal y la vida como lo son: a) lesiones personales entre indígenas y no indígenas y b) homicidio en diferentes modalidades. Lo que evidencia el interés de la comunidad en: (i) regirse bajo su cosmovisión con un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres y (ii) aplicar el derecho consuetudinario desde su perspectiva étnica respecto de las diferentes situaciones fácticas presentadas al interior de la comunidad.

 

40. Así las cosas, la Sala observa que la comunidad ancestral tiene un interés en la prevalencia de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En particular, puesto que dentro de su “Plan” establece un enfoque de género relacionado con el trato igualitario para las mujeres del resguardo. Lo anterior, denota una preocupación por parte de la comunidad frente a garantizar condiciones de trato igualitario “para el ejercicio de los derechos como indígenas y como humanos”. De igual manera, contempla en su reglamento interno la tipificación de la conducta de violencia intrafamiliar y, a su vez, establece una sanción, para la comisión de aquella. Por lo tanto, está acreditado que los hechos investigados revisten nocividad para la comunidad. Es decir, aquella tiene un interés en el juzgamiento de la conducta que afectó el bien jurídico de la víctima.

 

41. Conforme lo anterior, la conducta investigada en el presente asunto es considerada socialmente nociva por los dos sistemas de derecho en conflicto. Por lo que, a la luz de las subreglas jurisprudenciales enunciadas con antelación, existe una concurrencia de intereses por parte de las dos jurisdicciones. Bajo esta premisa, el elemento objetivo no es determinante, pues la presunta comisión del delito afecta tanto a la sociedad mayoritaria como a la comunidad indígena. Es así que el análisis del elemento objetivo debe estar sujeto a la subregla de especial nocividad reconocida por la jurisprudencia constitucional, según la cual, cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la jurisdicción especial indígena. En ese orden de ideas, es necesario efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la jurisdicción especial indígena no derive en impunidad, en una situación de desprotección para la víctima o en la afectación de las garantías del debido proceso para el investigado[87].

 

42. Factor institucional. La Sala Plena estima que en el presente asunto no se acreditó el cumplimiento del factor institucional. A partir de las pruebas obrantes en el expediente, advierte que el Resguardo Aire cuenta con el Plan y el Reglamento Interno del Resguardo Aire. Estos documentos dan cuenta de un sistema de derecho propio y de procedimientos tradicionales, que se erigen a partir de su identidad étnica, cosmovisión y derecho consuetudinario. Particularmente, el reglamento interno contempla múltiples conductas que conllevan a la desarmonía al interior de la comunidad ancestral y generan una sanción, entre estas, la violencia intrafamiliar.

 

43. De igual manera, la referida regulación ancestral contempla que: (i) las partes pueden actuar a través de un representante judicial en garantía del derecho de defensa y contradicción; (ii) la víctima comparezca ante la autoridad ancestral para rendir versión libre; (iii) se ordenen y practiquen pruebas al interior del asunto, de manera oficiosa; y (iv) existan tres instancias en las que se puede debatir la decisión que resuelve el caso. Sin embargo, la Sala no evidencia una institucionalidad al interior de la comunidad que garantice los derechos de la víctima, toda vez que no contiene una reglamentación que otorgue medidas de protección y brinde garantías a la mujer víctima de violencia de género en el curso de la actuación.

 

44. La Sala observa que en el presente caso, no se vislumbra que existan mecanismos y medidas idóneas ni efectivas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género durante el proceso. Lo anterior, en atención a que el reglamento interno de la comunidad: (i) no contempla acciones con las que se proteja a la mujer víctima de violencia durante el curso del proceso de investigación y juzgamiento de su agresor. En concreto, no consagra mecanismos que aseguren la protección a la vida e integridad de la mujer. En particular, no integra disposiciones que impidan que la mujer víctima de violencia sea objeto de represalias, de venganzas o de nuevos actos constitutivos de violencia; (ii) no establece mecanismos para garantizar el derecho de la víctima a la no confrontación con su agresor; (iii) no determina como se garantiza la representación de las víctimas que no pertenecen a la comunidad y (iv) no considera alternativas para que aquella comparezca al proceso en caso de que la víctima sea destinataria de medidas de protección y resida en un lugar diferente al asentamiento del resguardo.

 

45. Algunas de estas situaciones se reflejan en el presente asunto, pues a pesar de que el procesado se encuentra en el centro de armonización del Resguardo Aire, presuntamente continúa realizando actos de violencia en contra de la víctima. Al respecto, la señora Indira indicó que ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad, mediante llamadas de celular. Tal como lo expuso el secretario del Juzgado de Conocimiento antes de iniciar la diligencia de acusación, el 22 de noviembre de 2024. Además, la restricción de la libertad del procesado en el centro de armonización no resulta efectiva para la garantía de los derechos de la víctima, pues como se expuso en la referida audiencia, el procesado al parecer cuenta con un celular, a través del cual, presuntamente, realizó actos de violencia psicológica contra la víctima. Esta situación es de conocimiento de la guardia indígena, tal y como quedó registrado en la diligencia en mención.

 

46. De igual forma, el procesado ha realizado actos de burlas y desinterés durante la audiencia realizada el 22 de noviembre de 2024, lo que deja en duda el respeto por los derechos de la víctima. Debido a esta situación, la jueza del proceso penal ordinario le pidió al gobernador de la comunidad, presente en la diligencia, que llamara la atención al acusado y al miembro de la guardia por sus actos.

 

47. Por lo anterior, la Sala Plena concluye que la institucionalidad de la comunidad ancestral no contempla medidas de protección y garantías idóneas y eficaces para hacer valer los derechos de la mujer víctima de violencia por su género dentro del procedimiento establecido para la investigación y juzgamiento de las mencionadas conductas.

 

48.Valoración razonable y ponderada de los factores determinantes para la operación de la JEI. Al realizar un estudio ponderado sobre los cuatro factores de competencia para la aplicación de la jurisdicción especial indígena en este asunto, la Sala Plena encuentra que solo están acreditados los elementos personal y territorial. En relación con el objetivo, se encuentra que la conducta investigada es de interés tanto para la comunidad indígena como para la sociedad mayoritaria, por lo que no resulta concluyente para determinar la jurisdicción competente. En tal sentido, por la especial nocividad que la conducta investigada adquiere para la sociedad mayoritaria, es necesario realizar un análisis más detallado del factor institucional. En cuanto a este último, no está demostrado que la comunidad indígena contemple en su reglamento interno medidas de protección y garantías idóneas y efectivas en relación con los derechos de la mujer víctima de violencia por su género.

 

49.Por todo lo expuesto, la Sala Plena concluye que no se acreditaron los presupuestos indispensables para aplicar la garantía del fuero indígena y que la jurisprudencia constitucional ha exigido respecto de conductas especialmente nocivas para la sociedad mayoritaria, como es el caso de la violencia contra la mujer. Por esa razón, la Sala le asignará la competencia en el caso al Juzgado de Conocimiento.

 

50. Cuestión adicional sobre la aplicación del enfoque étnico. En los autos 903 de 2022 y 456 de 2024, la Sala Plena ha dispuesto que, aun cuando se resuelva llevar el caso a la jurisdicción ordinaria penal, ello no anula que el juez competente adopte medidas de diálogo intercultural, especialmente cuando el procesado pertenezca a colectividades diferenciadas. Por lo tanto, con el objetivo de que el investigado acceda a la justicia en consonancia con la diversidad cultural derivada de su pertenencia a una comunidad indígena, la Sala considera necesario, en virtud de su condición de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución y en atención, en particular, a los mandatos derivados de los artículos 1, 7, 13, 70 y 246 de la Constitución, concordantes con lo dispuesto en el artículo 9.2. del Convenio 169 de la OIT, advertir a la autoridad penal de la jurisdicción ordinaria la necesidad de implementar un enfoque étnico en este asunto.

 

 

 

III.  DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencia entre jurisdicciones entre el Juzgado de Conocimiento y el Resguardo Aire en el sentido de DECLARAR que el Juzgado de Conocimiento, es la autoridad competente para conocer el proceso penal seguido en contra de Mario.

 

SEGUNDO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-6162 al Juzgado de Conocimiento, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Resguardo Aire.

 

TERCERO. Al involucrar la actuación al procesado que pertenece a una comunidad cultural diferenciada, ADVERTIR al Juzgado de Conocimiento, la necesidad de implementar un enfoque étnico en el trámite de la actuación judicial, incluida la aplicación de mecanismos de diálogo intercultural.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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