Sentencia A. 447/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-447/25

 

SUSPENSION DEL TRAMITE DE CONSTITUCIONALIDAD POR PREJUDICIALIDAD-Procedencia

 

SUSPENSION DE TERMINOS EN CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO-Procedencia excepcional

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

AUTO 447 DE 2025

 

Ref.: Expediente RE-362

 

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 106 de 2025 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario para impedir la extensión de los efectos de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Río de Oro y González del departamento del Cesar, las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y sus formas organizativas, en el marco del Estado de Conmoción Interior”.

Magistrado sustanciador:

Vladimir Fernández Andrade

 

Bogotá, D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular de las previstas en los artículos 214 y 241 (numeral 7) de la Constitución, y con fundamento en las siguientes:

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES

 

1.                 Los artículos 214[1] y 241 (numeral 7)[2] de la Constitución Política señalan que la Corte tiene la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno nacional en el marco de los estados de excepción.

 

2.                 Por su parte, el numeral 5 del artículo 242 superior prevé que, en los procesos de control de constitucionalidad de los decretos legislativos «los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte [...]».

 

3.                 El Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo
213 de la Constitución, dictó el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025, “Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

 

4.                 Por su parte, mediante comunicación electrónica del 30 de enero de 2025, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte copia auténtica del Decreto Legislativo 106 del 29 de enero de 2025 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario para impedir la extensión de los efectos de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Río de Oro y González del departamento del Cesar, las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y sus formas organizativas, en el marco del Estado de Conmoción Interior”

 

5.                 Mediante oficio del 31 de enero de 2025, la Secretaría General de la Corte envió el expediente digital de la referencia al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, de acuerdo con el reparto efectuado por la Sala Plena en su sesión ordinaria de la misma fecha. 

 

6.                 Mediante auto del 5 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador asumió el conocimiento del Decreto Legislativo 106 de 2025 y solicitó algunas pruebas requeridas para el estudio de constitucionalidad del decreto.

 

7.                 A través del informe del 13 de febrero de 2025 la Secretaría General informó al despacho del magistrado sustanciador, que se habían recibido las pruebas, y por tanto, en el auto del 13 de marzo de 2025 se ordenó continuar el proceso de constitucionalidad y comunicar a distintas autoridades el inicio del proceso, se invitó a organizaciones públicas y privadas a participar en el proceso, se fijó en lista y se corrió traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor[3].

 

8.                 El artículo 214 de la Constitución condiciona la expedición de los decretos legislativos que adoptan medidas bajo el estado de conmoción interior a que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, lo haya declarado válidamente. De igual manera esta disposición constitucional exige que los decretos legislativos “solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción”.

 

9.                 La relación entre el decreto de declaratoria de un estado de excepción y aquellos que se profieren bajo su amparo, no solo es una condición de habilitación sino también de validez^[4]. Lo anterior implica que el control de constitucionalidad del decreto de declaratoria del estado de excepción debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan con base en este.

 

10.             Por ende, existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo^[5].

 

11.             En el asunto de la referencia, el Decreto Legislativo 106 del 29 de enero de 2025 fue adoptado en virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior contemplado en el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025. Este último decreto se encuentra bajo el control automático de la Corte Constitucional en el marco del expediente RE-361 y aún no se ha proferido sentencia.

 

12.             De tal suerte, la Sala Plena evidencia que en el presente expediente ocurre el fenómeno de la prejudicialidad respecto de lo que se decida sobre el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025. Como ha sido reiterado por esta Corte en las situaciones similares, esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia hasta tanto se profiera la sentencia sobre el decreto de declaratoria^[6].

 

13.             Dado que el Decreto Ley 2067 de 1991 no establece una regla particular sobre la prejudicialidad, se deben aplicar las normas procesales de carácter general, como se ha hecho en oportunidades anteriores[7].

 

14.             Sobre el particular, el artículo 1 del Código General del Proceso (CGP) extiende el ámbito de aplicación de esa normativa a “todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”. De acuerdo con ello, el artículo 161 del CGP dispone que el juez decretará la suspensión del proceso, entre otros casos, “cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención”.

 

15.             Así, la aplicación del CGP resulta necesaria ante la ausencia de una norma específica que regule la prejudicialidad en el régimen de control abstracto de constitucionalidad. Además, dada la urgencia de brindar una respuesta procesal a una situación apremiante, es factible acudir a una regulación semejante[8] para garantizar el control efectivo de las medidas adoptadas en los decretos legislativos.

 

16.             Por lo demás, es indispensable analizar la constitucionalidad del decreto de declaratoria del estado de conmoción interior con anterioridad al estudio del Decreto Legislativo 106 de 2025. Como ya se indicó, el primero incide en la validez del segundo. De lo contrario, la Sala tendría que adoptar una decisión sin los presupuestos sustantivos necesarios. Esa circunstancia desvirtuaría el ejercicio mismo del control de constitucionalidad y su relevancia democrática en el marco de los estados de excepción[9].

 

17.             Finalmente, el artículo 162 del CGP determina que el proceso debe suspenderse cuando se encuentre en estado de dictar sentencia. En atención a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que debe decretarse la suspensión de términos a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero.

 

18.             En todo caso, la suspensión de términos se extenderá hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 de 2025 (RE-361)[10].

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

Primero. SUSPENDER los  términos del expediente RE-362, correspondiente al Decreto Legislativo 106 de 2025 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario para impedir la extensión de los efectos de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Río de Oro y González del departamento del Cesar, las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y sus formas organizativas, en el marco del Estado de Conmoción Interior”, a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero.

 

Segundo. DISPONER que esta suspensión se mantenga hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025, “Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar” (RE-361). A partir de ese momento, se reanudará la contabilización de términos.

 

Tercero. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia.

 

Comuníquese, cúmplase y publíquese.

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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