A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento del municipio y la comunidad.

La causa que suscita la controversia consiste en escrito de acusación contra un miembro de comunidad indígena por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que el elemento personal se cumple toda vez que está acreditada la pertenencia del acusado a la comunidad, con prueba de la solicitud de traslado allegada por la gobernadora de la comunidad, y la constancia expedida por el Ministerio del Interior, en las que se afirma que el comunero se encuentra inscrito en el censo de la parcialidad.

La Sala encuentra que ninguno de los lugares en donde presuntamente ocurrieron los hechos están ubicados en el territorio de la comunidad y aunque los otros dos lugares donde sucedieron los hechos sí se enmarcarían en el concepto expansivo de territorio, uno de los hechos que compone el concurso no ocurrió en el territorio de la comunidad por lo que no puede tenerse como acreditado el mismo.

En relación con el factor objetivo, la Sala concluye que la conducta punible de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo, que fue imputada al comunero, afecta tanto los intereses de la sociedad mayoritaria, como los de la comunidad indígena.

En consecuencia, el factor objetivo no resulta determinante o decisivo para establecer la competencia del caso.

Sin perjuicio de ello, por tratarse de un delito que ha sido catalogado de especial gravedad, el análisis del elemento institucional supone un mayor rigor, debido a que sus efectos perjudiciales repercuten en sujetos de especial protección constitucional, como lo son las mujeres y los menores de edad.

En ese sentido, la Sala advierte que de ninguno de los documentos aportados se puede verificar cuál es la forma en la que se tiene prevista la aplicación de las presuntas faltas y sanciones dentro de la comunidad.

Para la Sala la información aportada resulta insuficiente, porque no hay prueba de que se garantice, por ejemplo, la reparación de la víctima y las garantías de no repetición y sí se requiere un mínimo probatorio que permita evidenciar la capacidad que tiene la comunidad para sancionar la conducta cometida, respetar el derecho al debido proceso del procesado y, en concreto, reparar a las víctimas.

La Sala resuelve asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria especialidad penal y dispone el envío del expediente al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento del municipio, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y a la comunidad.