Sentencia A. 381/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-381/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 381 de 2025

Referencia: expediente CJU-6314

Asunto: Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha y el Juzgado 002 Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

1.                 Síntesis de la causa judicial. Martha Lucy Ramos Orcasitas presentó una demanda ordinaria laboral contra (i) Porvenir S.A., (ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iii) la Contraloría Departamental de la Guajira, (iv) el municipio de Villanueva, (v) el municipio de Molino, (vi) el departamento de la Guajira, y (vi) Seguros de Vida Alfa S.A.[1] Pretende el pago de un bono pensional, la reliquidación y pago retroactivo de su pensión de sobreviviente, los intereses moratorios y una indemnización por lucro cesante.

2.                 La demandante indica que solicitó la pensión de sobreviviente en agosto de 2007, tras la muerte de su esposo, José Aníbal Zabaleta Celedón. Aunque Porvenir la reconoció en agosto de 2008, alega que la liquidación fue incorrecta, porque únicamente tuvo en cuenta las semanas cotizadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad[2]. También considera que el Ministerio de Hacienda, el departamento de la Guajira, la Dirección Seccional de Administración Judicial de la Guajira y el municipio de Molino omitieron el pago de las cuotas partes del bono pensional por el trabajo de su esposo; que el municipio de Villanueva no realizó el trámite administrativo para el reintegro parcial del bono pensional reconocido a su favor; y que Porvenir no ha gestionado el reconocimiento y pago de los bonos pensionales, pese a los requerimientos que ha presentado para tal fin.

3.                 Posición de la Jurisdicción Ordinaria Laboral. El expediente fue repartido al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha, que declaró su falta de jurisdicción en el Auto del 13 de julio de 2023[3]. Argumentó que el esposo de la demandante había sido empleado de la Fiscalía General de la Nación, que dicha entidad había sido la encargada de sus aportes, y que no tenía el carácter de trabajador oficial. Fundamentó su decisión en el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 y en un precedente de la Corte Suprema de Justicia[4].

4.                 Posición de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El Juzgado 002 Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha recibió el caso y propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones en el Auto del 24 de enero de 2025[5]. A su juicio, es una controversia de seguridad social que le corresponde a los jueces laborales. Aunque el esposo de la demandante era un empleado público, estaba vinculado desde 2001 a una administradora de fondos de pensiones privada, lo cual resulta determinante para la atribución de la competencia. Para el juzgado, la pretensión principal es la reliquidación de una pensión reconocida por una administradora de fondos de pensiones privada. Se basó en los artículos 2.4 de la Ley 712 de 2001 y 104.4 de la Ley 1437 de 2011, y argumentó que la regla de decisión de los Autos 504 de 2023, 397 de 2024 y 881 de 2024 no eran aplicables por basarse en hechos distintos[6].

5.                 Trámite en la Corte Constitucional. El expediente CJU-6314 fue remitido a esta Corporación el 17 de febrero de 2025[7]. En sesión virtual del 19 de febrero de 2025 el expediente fue repartido a la magistrada sustanciadora, y el 20 de febrero siguiente fue entregado al despacho por la secretaría general a través del Sistema de Información Integrado de la Corte Constitucional, SIICOR[8].

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1.                 Competencia

6.                 La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

2.                 Se configuró un conflicto de jurisdicciones que debe ser resuelto por la Corte Constitucional

7.                 En el presente caso se cumplen los tres presupuestos determinados por la Sala Plena para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones[9]:

3.                 La competencia en conflictos de seguridad social. Reiteración de jurisprudencia[13].

8.                 El artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011 establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente frente a los conflictos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”. Los demás asuntos laborales y de seguridad social le corresponden a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, que tiene la competencia general y residual en dichos asuntos[14].

9.                 Con base en lo anterior, la Sala Plena ha determinado que la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en controversias relacionadas con la seguridad social de los servidores del Estado exige la acreditación de dos factores concurrentes: (i) la calidad de empleado público del demandante[15] y (ii) que sea una persona de derecho público quien administre el régimen aplicable al momento de causarse la prestación. Si alguno de estos factores no se cumple, la controversia le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Este criterio ha sido aplicado para determinar la competencia en demandas en las que se solicita una reliquidación pensional[16] y en las que se pretende la emisión de bonos pensionales[17].

4.                 Caso concreto

10.             La demanda presentada por Martha Lucy Ramos Orcasitas acumula distintas pretensiones, que incluyen (i) la reliquidación de su pensión de sobreviviente con el pago del retroactivo pensional correspondiente, (ii) el pago de los bonos pensionales causados entre 1987 y 2001, y (iii) la indemnización del lucro cesante por los anteriores conceptos.

11.             A la Sala Plena, en su calidad de juez del conflicto, no le corresponde la segmentación de la demanda ni referirse a la admisibilidad de sus pretensiones[18]. Si se identifica una demanda con pretensiones de diversa naturaleza o que, a primera vista, el actor pretende la acumulación de pretensiones, el juez del conflicto debe atribuirle la competencia al juez que le corresponda conocer la pretensión principal[19]. Esta regla se aplica también cuando se acumulan solicitudes que corresponderían a distintas jurisdicciones[20].

12.             La Sala considera que la pretensión principal del presente caso es la que se relaciona con la reliquidación de la pensión de sobreviviente de la demandante. Los bonos pensionales son “aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados”[21] que se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad. Su solicitud está directamente relacionada con la pretensión de obtener una prestación más alta en el sistema de seguridad social. Por su parte, la indemnización reclamada sería una consecuencia de la solicitud de reliquidación, porque parte de la presunta omisión de la totalidad de aportes realizados por el señor Zabaleta Celedón en vida.

13.             En consecuencia, y de acuerdo con los precedentes reiterados (f.j. 9 supra), la Jurisdicción Ordinaria Laboral es competente para conocer la demanda ordinaria laboral presentada por Martha Lucy Ramos Orcasitas contra (i) Porvenir S.A., (ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iii) la Contraloría Departamental de la Guajira, (iv) el municipio de Villanueva, (v) el municipio de Molino, (vi) el departamento de la Guajira, y (vi) Seguros de Vida Alfa S.A. Aunque en el expediente no hay información detallada sobre los cargos ocupados por el señor Zabaleta Celedón en vida, para así determinar si podría ser considerado empleado público o trabajador oficial[22], al momento de su muerte —y de configuración del derecho a una pensión de sobreviviente de su cónyuge supérstite—, estaba afiliado a Porvenir S.A., de naturaleza privada.

14.             Dado que no se cumple el requisito de que el régimen aplicable a la pensión del señor Zabaleta Celedón fuera administrado por una persona jurídica de derecho público al momento de causarse la prestación objeto de la pretensión principal de la demanda, la Sala Plena concluye que el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha es el competente para conocer la demanda objeto de estudio, y a quien le corresponde el análisis de las demás pretensiones de acuerdo con las normas aplicables. Por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-6314 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

5.                 Regla de decisión[23]

15.             Se reitera la regla de decisión del Auto 1498 de 2024: “Por una parte, la jurisdicción de lo contencioso administrativo será competente para conocer sobre las controversias relacionadas con una pensión de sobreviviente del cónyuge supérstite de un trabajador […] que en vida fungió como empleado público, siempre y cuando el régimen lo administre una entidad pública. Por su parte, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, será la competente si el régimen del empleado público causante lo administra una entidad privada o si este tenía la calidad de trabajador oficial o trabajador privado. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104.4 y 105.4 del CPACA, 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 10 de 1990”.

III.           DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha y el Juzgado 002 Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, y DECLARAR que el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha es el competente para conocer la demanda ordinaria laboral presentada por Martha Lucy Ramos Orcasitas contra (i) Porvenir S.A., (ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iii) la Contraloría Departamental de la Guajira, (iv) el municipio de Villanueva, (v) el municipio de Molino, (vi) el departamento de la Guajira, y (vi) Seguros de Vida Alfa S.A.

Segundo.                        Por Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6314 al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Riohacha para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados, y al Juzgado 002 Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha.

Notifíquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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