A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito (Huila) y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá).

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que le primer despacho se negó a tramitar la solicitud de amparo con fundamento en la norma de reparto contenida en el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, según la cual, las acciones de tutela dirigidas contra fiscales corresponden en primera instancia al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.

La Corte dirime la controversia con la remisión del expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito para que, de manera inmediata le imparta el trámite que corresponde.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia en sede de tutela con argumentos basados en la aplicación de reglas de reparto.

Al otro operador jurídico se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela se debe resolver, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.