A- de 2024

Conflicto aparente de jurisdicciones suscitado entre la Fiscalía 213 Especializada de la DECVDH con sede en Bogotá y el Juzgado 176 de Instrucción Penal Militar y Policial de Santa Marta.

La controversia fue ocasionada por investigación penal adelantada en contra de un miembro de la Policía Nacional, por la presunta comisión del delito de homicidio.

Al verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que en este caso, no se acredita el presupuesto subjetivo.

Toma como referencia los Autos 704 de 2021 y 1163 de 2021 en los cuales se reitera la facultad de la Fiscalía General de la Nación para proponer conflictos entre jurisdicciones solo cuando el conflicto se suscite frente a la Justicia Penal Militar y los hechos involucren graves violaciones de derechos humanos.

La Sala resalta la importancia del derecho fundamental a la vida el cual constituye la premisa mayor e indispensable para cualquier persona, pues es el sustento y razón de ser para el ejercicio y goce de los restantes derechos.

Sin embargo, no toda vulneración o atentado contra la vida constituye en sí misma una afectación grave a los derechos humanos.

En este caso, las circunstancias bajo análisis, según los elementos probatorios que obran en el expediente, no alcanzan el alto nivel de nocividad y lesividad requerido para que el hecho sea considerado como una afectación grave a los derechos humanos.

Por consiguiente, la Corte resuelve declararse inhibida para fallar de fondo y dispone el envío del expediente a la Fiscalía 213 Especializada de la DECVDH con sede en Bogotá, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.