Sentencia A. 368/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Sala Plena

 

AUTO 368 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5317

 

Asunto: conflicto de competencia entre el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. y el Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cali

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogot� D.C., veinticinco (25) de marzo dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el literal e) del art�culo 5� de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

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I.    ANTECEDENTES

 

1.   Acci�n de tutela. Biocare S.A.S., a trav�s de apoderado[1], present� una acci�n de tutela en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) por una posible vulneraci�n al debido proceso. El abogado manifest� que el Invima inici� un proceso sancionatorio en contra de su poderdante en el 2015, y que� orden� seguir adelante con la ejecuci�n del proceso de cobro coactivo mediante la Resoluci�n 2023036521 de 2023[2].

 

2.   El apoderado indic� que, en 2024, present� una demanda en la que solicit� que se declarara de nulidad de dicho acto administrativo[3]. Sostuvo que, pese a lo anterior, el 28 de enero de 2026, el Invima orden� el embarg� de la cuenta bancaria de su poderdante en el Banco de Occidente. Como consecuencia, pidi� que se ordenara a la accionada suspender el proceso de cobro coactivo mientras se decide la demanda instaurada. Asimismo, pidi� que se ordenara al Banco de Occidente levantar el embargo de la cuenta bancaria[4].

 

3.   Primera autoridad en conflicto. El asunto le correspondi� por reparto al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. que, mediante Auto del 12 de febrero de 2026, se abstuvo de avocar conocimiento[5]. Se�al� que la presunta vulneraci�n ocurri� en la Ciudad de Cali y que, asimismo, es el lugar donde se producen sus efectos, dado que all� se encuentra domiciliada la empresa accionante. En ese sentido, argument� que el conocimiento del asunto deb�a ser asignado a los juzgados del circuito de ese municipio, seg�n lo dispuesto en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991.

 

4.   Segunda autoridad en conflicto. Efectuado de nuevo el reparto, el caso le correspondi� al Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cali. Esta autoridad judicial, mediante Auto del 13 de febrero de 2026, resolvi� no avocar conocimiento de la acci�n de tutela, propuso un conflicto negativo de competencia y remiti� el expediente a la Corte Constitucional[6]. Indic� que la presunta vulneraci�n ocurri� en la ciudad de Bogot�, lugar en el que la accionada tiene su sede principal. Igualmente, a�adi� que, si bien los efectos se extienden a la ciudad de Cali, debe darse aplicaci�n al principio a prevenci�n y asignarle la competencia al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. Fundament� su decisi�n en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto 177 de 2024 de esta Corporaci�n.

 

5.   Remisi�n a la Corte Constitucional. El expediente fue remitido a este Tribunal el 16 de febrero de 2026. Le fue repartido al magistrado ponente el 18 de febrero de 2026 y enviado al despacho el 19 de febrero siguiente.

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.   Competencia. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[7]. Asimismo, que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[8]. En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prev�n la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en asuntos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acci�n de tutela. Ello, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia, y evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n^[9].

 

7.   En el presente asunto las autoridades judiciales en disputa integran distintas jurisdicciones. En ese sentido, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 para resolver el presunto conflicto de competencia[10]. Por consiguiente, le corresponde a la Sala Plena decidir de manera definitiva sobre el particular para garantizar los principios de eficacia y celeridad del tr�mite de la acci�n de tutela.

 

8.   Factores de competencia. De conformidad con los art�culos 86� y 8� transitorio del t�tulo transitorio de la Constituci�n^[11] y los art�culos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporaci�n reitera que existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela: (i) el factor territorial^[12], (ii) el factor subjetivo^[13] y (iii) el factor funcional^[14].

 

9.   Factor territorial. La Corte ha determinado que cuando se presente un conflicto entre dos autoridades competentes, en virtud del factor territorial, se debe otorgar prevalencia a la elecci�n hecha por el demandante de conformidad con el criterio a prevenci�n consagrado en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, dado que se ha interpretado que el legislador tiene un inter�s en proteger la libertad del actor en relaci�n con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acci�n de tutela que desea promover[15].

 

10.            Asimismo, este Tribunal ha se�alado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin m�s, al lugar de residencia de la parte accionante[16] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[17]. En efecto, ha expresado que la designaci�n del juez competente por este factor corresponde al juez del lugar donde se present� u ocurri� la supuesta vulneraci�n de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III.      CASO CONCRETO

 

11.   De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configur� un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial.

 

12.   Por un lado, el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. declar� su falta de competencia al estimar que la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales alegados por la accionante ocurri� y produce sus efectos en la ciudad de Cali. Por su parte, el Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cali afirm� que la presunta violaci�n ocurri� en Bogot� D.C., por lo que deb�a darse prevalencia a la elecci�n de la actora al momento de escoger el lugar para presentar la solicitud de amparo.

 

13.   De conformidad con lo expuesto, la Sala evidencia que ambas autoridades ostentan competencia territorial, toda vez que, en Bogot� D.C., presuntamente, se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, al tener all� su sede principal la entidad accionada, en la cual opera la oficina jur�dica que ordena los embargos[18]. De otro lado, en Cali se extienden los efectos de dicha vulneraci�n, ya que esta es la ciudad donde se encuentra domiciliada la sociedad actora y, de acuerdo con el expediente[19], all� recibe notificaciones del proceso sancionatorio que dio origen a la acci�n de tutela. Por consiguiente, corresponde dar prevalencia a la elecci�n realizada por la demandante, en virtud del criterio a prevenci�n, toda vez que fue la ciudad de Bogot� D.C. la escogida para instaurar el mecanismo constitucional.

 

14.   Con fundamento en lo expuesto, la Corte dejar� sin efectos el Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. En su lugar, le asignar� el conocimiento de la acci�n de tutela de la referencia y le remitir� el expediente ICC-5317 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a la que haya lugar.

 

IV.           DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 12 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C., dentro de la acci�n de tutela formulada por Biocare S.A.S. en contra del Invima.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-5317 al Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Bogot� D.C. para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a la que haya lugar.

 

TERCERO. Por Secretar�a General, COMUNICAR a la accionante y al Juzgado 009 Administrativo del Circuito de Cali la decisi�n adoptada en esta providencia.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

Ausente con comisi�n

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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