A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Frontino (Antioquia) y el Juzgado 031 Administrativo de Medellín (Antioquia), causado por una demanda ejecutiva presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito CIDESA, en contra del municipio de Cañasgordas (Antioquia), con la cual solicita que se libre mandamiento ejecutivo por una obligación incumplida y se hagan efectivas las garantías, entre otras pretensiones.

Cumplidos los presupuestos del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena encuentra que la demanda versa sobre la ejecución de una obligación contenida en un contrato de garantía mobiliaria, inscrito en el Registro de Garantías Mobiliarias, suscrito entre la sociedad GEPE S.A.S. y la Cooperativa CIDESA., que conforme el artículo 32 de la Ley 80/93, no puede considerarse como un contrato estatal pues no es celebrado por una entidad pública sino entre particulares.

Ahora, aunque el municipio de Cañasgordas no suscribió el contrato de garantía mobiliaria, dio su aceptación respecto de la cesión de los derechos económicos derivados del contrato de obra pública celebrado con GEPE S.A.S y garantizó el pago en favor de la demandante, luego se excluye la aplicación del numeral 6 del artículo 104 del CPACA.

Siguiendo la regla de decisión contenida en el Auto 2586 de 2023, de conformidad con los artículos 57 y 82 de la Ley 1676 de 2013, así como el artículo 104.6 del CPACA, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la autoridad competente para conocer las demandas ejecutivas formuladas en contra de entidades públicas que versan sobre contratos de garantía mobiliaria.