A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre la Sección Primera – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Cesar y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

La Corte constató que en este asunto sólo se presentó un conflicto aparente de competencia luego de que el Consejo de Estado decidiera hacer un análisis de fondo en la fase de admisión de la tutela, al considerar que la vulneración alegada solo se atribuyó a una de las autoridades que el actor integró como extremo pasivo de su solicitud de tutela, utilizando este argumento para apartarse de la competencia con base en las reglas de reparto.

Considera la Corte que con dicha actuación le dio un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en el Decreto 1983 de 2017 y se contrarió la jurisprudencia de la Corporación, según la cual, éstas reglas lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

Se le advierte a esta Sala que se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela misma.