A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla y la Sala Quinta Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

En este caso solo se presentó un conflicto aparente, de un lado, porque el juzgado involucrado decidió tomar las reglas de reparto contenidas en el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo y, de otro, porque la Corporación en controversia cometió el mismo yerro al devolver el expediente a la autoridad que la remitió, con fundamento en el numeral 2º del artículo 1º del mencionado Decreto e hizo un análisis de fondo improcedente, al excluir de la posibilidad de reproche a uno de los accionados, esto es, la Presidencia de la República.

Concluye la Corte que quien debe asumir el conocimiento de la solicitud de amparo es la autoridad a quien primero se repartió el asunto, esto es, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, adonde se dispone enviar el expediente para que de manera inmediata lo tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

Asimismo, Se hace una advertencia a ambas autoridades para que en lo sucesivo observen con estricto rigor la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial de sustraerse del conocimiento las mismas con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corporación.

De otro lado, se advierte al Tribunal involucrado que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/08.