Sentencia A. 2956/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2956/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

AUTO 2956 de 2023

 

Expediente: CJU-4405

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Unitaria de Decisión Oral A.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.   El 3 de marzo de 2021[1] la señora Rocío Elena Barrios Vásquez[2] presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y la señora Hermelinda Jiménez Cantillo[3].

 

2.   Lo anterior, para que se declare i) la nulidad de la Resolución RDP017734 del 4 de agosto de 2020 proferida por la UGPP, mediante la cual se suspende el reconocimiento efectuado en la Resolución 32888 del 5 de julio de 2007 y se deja en suspenso el reconocimiento de una pensión de sobreviviente[4]; ii) la nulidad de las Resoluciones RDP020940 del 14 de septiembre de 2020; RDP02229 del 7 de Octubre de 2020; RDP023261 del 14 de Octubre de 2020 mediante las cuales se resuelven recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución 17734; iii) se declare que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por encontrarse acreditada la calidad de compañera permanente del señor José de Jesús Díaz y; iv) se reconozca y pague el retroactivo correspondiente por parte de la UGPP.

 

3.   Mediante providencia del 26 de enero de 2022[5], el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Unitaria de Decisión Oral A declaró la falta de jurisdicción para conocer la demanda. Argumentó que “ se trata de un asunto de la seguridad social que debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral en virtud del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. Igualmente, la norma regula que aquella jurisdicción tiene por objeto en sus especialidades laboral y de seguridad social, el conocimiento de todos los conflictos que tengan un origen ya sea de forma directa o indirecta en un contrato de trabajo sin importar la clase de empleador involucrado. Lo anterior, en armonía con el artículo 105 ordinal 4º de la Ley 1437 de 20116, que excluye del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de cualquier controversia en esta materia”. En ese sentido, ordenó la remisión del proceso a los jueces laborales del circuito de Barranquilla[6].

 

4.   En Auto del 16 de mayo de 2023[7], el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla declaró su falta de competencia para conocer de la demanda. Destacó que “ se pretende la nulidad de varios actos administrativos y el restablecimiento del derecho, así la jurisdicción contencioso administrativa es la competente y no la ordinaria laboral, la cual conforme al artículo 2 del CPTSS expresamente conoce de los asuntos allí referidos y en ninguno de ellos se hace mención a las suplicas que aquí se pretenden decidir”. En consecuencia, dispuso el envío del proceso a esta Corporación para dirimir el conflicto[8].

 

5.   El expediente fue repartido al magistrado sustanciador en sesión de Sala Plena del 3 de octubre de 2023 y remitido al despacho el 5 del mismo mes y año[9].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

6.                 De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se estructuren los presupuestos subjetivos, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal. En el asunto de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos porque:

 

 

Competencia jurisdiccional para conocer controversias relacionadas con la sustitución pensional de trabajadores oficiales

8. En el Auto 371 de 2022, reiterado entre otros en el Auto 1082 de 2023, la Sala Plena fijó la siguiente regla de decisión sobre competencia en materia de sustitución pensional de trabajadores oficiales: “La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de un proceso en el que se pretenda obtener el reconocimiento de una sustitución pensional promovido por quienes alegan su condición de beneficiarios de un causante que, prima facie, tiene la condición de trabajador oficial al momento de causarse la prestación. Si bien una persona de derecho público administra el régimen de seguridad aplicable a dicha pensión, el trabajador no tuvo la calidad de empleado público al momento de causar la prestación reclamada o durante su última vinculación laboral”.

9. De otra parte, cabe anotar que, en el Auto 314 de 2021, este Tribunal estableció que un factor determinante para esclarecer la calidad de los trabajadores oficiales es que estos “ejercen el derecho de negociación sin limitación alguna (…) y celebran convenciones colectivas relativas a su régimen de prestaciones sociales”[10], de conformidad con el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que no sucede en el caso de los empleados públicos[11].

 

Caso concreto

 

10. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones en atención a la regla de decisión establecida en el Auto 371 de 2022 independientemente de la denominación de la demanda, pues en el caso del auto en mención se conoció una demanda ordinaria laboral y, en el caso que se analiza, se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo,  en ambos asuntos se discute la sustitución pensional de un ciudadano que prima facie ostentó la calidad de trabajador oficial, sin perjuicio de que su régimen sea administrado por una persona de derecho público.

 

11. Lo anterior, teniendo en cuenta los documentos expedidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en donde se certificó la naturaleza de trabajador oficial. Aquella entidad indicó que el señor José de Jesús Díaz prestó sus servicios desde el 20 de marzo de 1956 al 30 de junio de 1979[12]; que el último cargo desempeñado fue el de ayudante de taller II y, que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo. Según esta información, el causante no ocupó otros cargos que puedan indicar que ejerció las funciones de un empleado público al causarse la prestación.

 

12. En consecuencia, se ordenará remitir el expediente CJU 4405 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Unitaria de Decisión Oral A y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla y DECLARAR que corresponde al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla el conocimiento del proceso promovido por la señora Rocío Elena Barrios Vásquez contra la UGPP y la señora Hermelinda Jiménez Cantillo.

 

Segundo- REMITIR por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente CJU-4405 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Tribunal Administrativo del Atlántico Sala Unitaria de Decisión Oral A y a los sujetos procesales e interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---