Sentencia A. 295/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-295/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 295 DE 2025

 

Referencia: CJU-6216

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 006 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

 

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo

 

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en virtud de sus atribuciones constitucionales, en particular la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO.

 

 

1.   La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a través de su apoderado judicial, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra su propio acto administrativo (acción de lesividad) a través de la cual pretende la nulidad de la Resolución GNR. 171884 del 11 de junio de 2015. Por medio del acto administrativo acusado Colpensiones reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a favor de Gladys Clavijo de Rodríguez, en calidad de cónyuge o compañera permanente del señor Jorge Enrique Rodríguez Celis[1].

 

2.   Por reparto, el proceso le correspondió al Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda. Mediante auto del 23 de febrero de 2018, el Juzgado admitió la demanda[2]. Sin embargo, en auto del 14 de agosto de 2020, esta autoridad judicial declaró su falta de competencia para conocer el asunto y remitió el caso a los juzgados laborales del circuito de Bogotá[3]. A su juicio, según el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce controversias relacionadas con la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. Por su parte, el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS) establece que los conflictos derivados de contratos de trabajo corresponden a la jurisdicción ordinaria laboral. En el caso concreto, el señor Jorge Enrique Rodríguez Celis trabajaba para fábrica de Cemento Samper, que es una empresa privada, y estuvo vinculado a través de un contrato de trabajo. Por lo tanto, esta controversia la debe conocer la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

 

3.   La demanda fue asignada al Juzgado 006 Laboral del Circuito de Bogotá. En auto del 7 de mayo de 2021, este juzgado avocó conocimiento de la demanda[4]. Posteriormente, en auto del 21 de junio de 2024, esta autoridad judicial dispuso fijar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 77 del CPTSS. No obstante, mediante el auto del 26 de septiembre de 2024, declaró su falta de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto[5]. Bajo su perspectiva, en este caso Colpensiones demandó un acto administrativo propio y no contaba con el consentimiento de la beneficiaria para revocarlo. Por esto, y con fundamento en los artículos 97 y 104 del CPACA, le corresponde conocerlo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, el Juzgado sostuvo que la Corte Constitucional en el Auto 316 de 2021 señaló que cuando una entidad pública demanda sus propios actos administrativos en ejercicio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el asunto debe ser resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

4.   El expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte el 13 de diciembre de 2024[6] y repartido al despacho de la magistrada sustanciadora el 23 de enero de 2025[7].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

5.   La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones conforme a lo establecido en el artículo 241.11 de la Constitución^[8].

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6.   Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[9]: (i) el presupuesto subjetivo[10]; (ii) el presupuesto objetivo[11] y (iii) el presupuesto normativo[12]. En caso de que uno de estos presupuestos no se acredite la Corte debe declararse inhibida. En el presente caso se reúnen los tres requisitos antes mencionados, tal y como se demuestra en el siguiente cuadro:

 

 

Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de acciones de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021

 

7.   De acuerdo con lo dispuesto en el Auto 316 de 2021^[13], el conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de las cuales la administración cuestiona un acto administrativo propio que creó o modificó una situación particular y concreta – también denominada acción de lesividad – corresponde exclusivamente a los jueces de lo contencioso administrativo por disposición expresa de los artículos 97 y 104 del CPACA. Lo anterior, también aplica cuando el acto administrativo regule un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[p]or medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[14].

 

Caso concreto

 

8.   La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de la acción de lesividad. En este caso, la acción promovida por Colpensiones encuadra dentro de los medios de control propios del CPACA, de los cuales conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el artículo 104 de ese mismo Código.

 

9.   Lo anterior, con fundamento en la regla de decisión establecida en el Auto 316 de 2021, reiterada, entre otros, en los autos 437, 454, y 384 de 2021. Según estas decisiones, cuando el objeto del litigio trata sobre la nulidad de un acto administrativo propio proferido por la administración, aun cuando aquel defina asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, el asunto es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

10.             En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente CJU-6216 al Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

 

Regla de decisión: Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 del CPACA.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 006 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, conocer la demanda de lesividad presentada por Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-6216 al Juzgado 023 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 006 Laboral del Circuito de Bogotá y a los demás interesados.

 

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