Sentencia A. 281/25

Regla de decisión del Auto 1379 de 2024

(§ 36)

“[C]orresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de los procesos ejecutivos, con base en actas proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en los que intervengan entidades públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y 297.2 y 297.4 del CPACA, y con el trámite y las competencias previstas para las conciliaciones extrajudiciales en materia contencioso administrativa, conforme la Ley 2220 de 2022.”

Razones que justificaron la regla de decisión

(§ 24 a 34)

(i) “Las obligaciones que [la] demandante pretende ejecutar derivan de actuaciones en las que intervienen entidades públicas sujetas al derecho administrativo”. El auto consideró que, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias originadas en actos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo, en que estén involucradas las entidades públicas. En ese caso, estuvieron presentes dos entidades públicas sujetas al derecho administrativo: la asociación de cabildos indígenas y la entidad territorial. (§ 25 a 27)

(ii) “Las obligaciones que [la] demandante pretende ejecutar se asocian con decisiones adoptadas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que una entidad pública presuntamente se obliga al pago de sumas de dinero”. (a) La demandante pretendió cobrar una obligación contenida en un acta de un comité de conciliación de una entidad territorial; (b) ese comité de conciliación actuó bajo un procedimiento especial dispuesto en la Ley 2220 de 2022. En particular, la Corte señaló que, (c) al momento de resolver el conflicto de competencia, no existía prueba de que la conciliación hubiese sido aprobada previamente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, debido a que la competencia de la Corte en estos asuntos está limitada a resolver el conflicto de competencia que permitirá a la autoridad judicial pertinente tramitar el asunto, y no cuenta con la facultad de examinar los elementos formales del título ejecutivo, concluyó que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo seguía incólume, ya que las pretensiones de la demandante suponían la existencia de un título ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA (§ 28 a 31).

(iii) “Las obligaciones que la demandante pretende ejecutar se asocian con el alcance de la competencia de un Comité de Conciliación departamental, fijada en una norma especial.” Al respecto, el auto indicó que el Comité actuó bajo la Ley 2220 de 2022 y bajo los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 constitucional y el CPACA (§ 32 a 34).

Parámetros para examinar las solicitudes de aclaración de los autos que resuelven un conflicto de competencia entre jurisdicciones

Requisitos formales

Oportunidad

A-1901/24

A-1223/24

A-019/23

A-534/22

La solicitud de aclaración sólo puede presentarse en el término de ejecutoria de la providencia: dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación.

Legitimación

A-1901/24

A-1223/24

A-019/23

A-534/22

La solicitud de aclaración sólo puede ser formulada por alguno de los sujetos con legitimación para actuar. Por legitimación para actuar, esta Corporación ha entendido el interés en quien presenta la solicitud, el cual debe ser directo, actual y evidente[7]. En relación con los conflictos de competencia entre jurisdicciones, quienes tienen legitimación para actuar son las autoridades judiciales involucradas en el conflicto.

Las partes o los intervinientes del proceso judicial que origina el conflicto no ostentan legitimación para actuar, pues no son partes del incidente que originó el conflicto entre jurisdicciones. Ello, por cuanto en la discusión están involucradas autoridades que ejercen jurisdicción y manifiestan sus razones sobre su competencia, sin que intervengan las partes del litigio judicial que originó el trámite conocido por la Corte Constitucional, el cual es resuelto de plano[8]. Sin desconocer que la Corte decide sobre la autoridad competente en el proceso promovido por unas partes, la decisión adoptada no afecta estrictamente sus intereses; se trata de un asunto exclusivo de orden público[9].

En otros términos, el conflicto entre jurisdicciones sólo puede ser promovido por autoridades jurisdiccionales[10], de manera formal y expresa[11]. En ello consiste un presupuesto para su configuración, lo cual implica que no existirá ese conflicto cuando, por ejemplo, uno de los extremos en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales[12]. En esta línea, en la decisión que adopta la Corte Constitucional subyace la garantía del juez natural, pues la autoridad que asuma el conocimiento y juzgamiento de un caso será aquella a la que una norma jurídica previa asignó competencia. Esta garantía hace parte del debido proceso y está ligada al principio de legalidad[13]. En consecuencia, la decisión que adopta la Corte al dirimir un conflicto de competencia entre jurisdicciones no afecta directamente los intereses de las partes en el proceso, sino que establece a cuál de las autoridades judiciales el orden jurídico asigna la competencia para tramitar el litigio[14]. Es así que no existe legitimación para actuar respecto de las partes del proceso que originó el conflicto propuesto por las autoridades judiciales, cuando solicitan aclaración de un auto que resuelve aquel.

Carga argumentativa

A-1901/24

A-1223/24

A-599/24

A-2928/23

A-019/23

A-534/22

Criterios relevantes:

(i) Debe demostrarse la necesidad de exceptuar la regla general de improcedencia de este tipo de solicitudes.

(ii) La solicitud de aclaración debe versar sobre la parte resolutiva del auto o la parte motiva que influya directamente en la decisión. En ese sentido, la solicitud debe poner de presente (a) la existencia de expresiones, conceptos o frases que puedan generar duda y (b) que esas expresions, conceptos o frases estén contenidos en la parte resolutiva de la decisión o influir directamente en ella.

(iii) La solicitud de aclaración no puede pretender que la Corte Constitucional resuelva cuestiones de fondo que corresponden al juez de conocimiento que fue declarado competente.

(iv) La solicitud de aclaración debe guardar relación con puntos confusos que hagan incomprensible la decisión adoptada por la Corte. La solicitud de aclaración no puede pretender esclarecer argumentos secundarios y marginales de la parte motiva del auto que no tienen incidencia en la parte resolutiva.

(v) La solicitud de aclaración no puede adicionar argumentos jurídicos a la providencia que resolvió el conflicto de competencia entre jurisdicciones.

Verificación de requisitos

A-1901/24

A-019/23

A-534/22

El incumplimiento de alguno de los requisitos formales de las solicitudes de aclaración las hace improcedentes. Los requisitos deben verificarse ante la presentación de una solicitud de aclaración, de manera previa a su estudio de fondo. De este modo, se estarán protegiendo los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y debido proceso.

Asimismo, debe verificarse que la solicitud de aclaración no constituya un mecanismo para dilatar el cumplimiento del auto que resolvió el conflicto de competencia entre jurisdicciones. Ello desdibujaría esta herramienta y podría afectar la administración de justicia.

Requisitos materiales

A-1901/24

A-019/23

A-534/22

Al momento de analizar de fondo la solicitud de aclaración, la Corte Constitucional únicamente puede aclarar aquello que ofrece una duda objetiva y razonable de la parte resolutiva del auto o de su parte motiva que influya directamente en aquella. De lo contrario, no podrá pronunciarse de nuevo sobre la providencia, pues esta es intangible y la Corte no podrá revocarla o reformarla bajo el pretexto de una supuesta aclaración.