TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-2719/23
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 2719 DE 2023
Expediente: CJU-4154.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Superior de Tunja -Sala Laboral y el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Tunja, Sección Tercera.
Magistrado sustanciador:
José Fernando Reyes Cuartas.
Bogotá D.C., del dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 13 de mayo de 2021[1], la señora Luz Marina Rojas Peña presentó, a través de apoderada judicial, demanda ordinaria laboral[2] en contra de Empochiquinquirá ESP, que desempeña sus labores en el departamento de Boyacá. Pretendió que (i) se declare la existencia de una relación laboral con la entidad demandada entre el 25 de abril de 2016 y el 30 de noviembre de 2019 y, en consecuencia, (ii) solicitó el reconocimiento y pago de todas las prestaciones laborales adeudadas[3] y la indemnización correspondiente. Explicó que fue vinculada a través de sucesivos contratos de prestación de servicios para para el pesaje y registro de los vehículos que ingresan residuos sólidos al relleno sanitario Carapacho del municipio de Chiquinquirá[4]. La demandante el 5 de mayo de 2020 agotó la reclamación administrativa ante la entidad, frente a la cual, a la fecha no ha obtenido repuesta, por lo que decidió presentar la demanda.
2. El proceso correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) con funciones laborales, quien profirió sentencia el 16 de febrero de 2022. La demandante por intermedio de su apoderada interpuso apelación[5].
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja mediante auto del 19 de diciembre de 2022 declaró que la jurisdicción ordinaria laboral no era competente para conocer del proceso. Expuso que, conforme al artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las demandas que pretenden la declaratoria de la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta en la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado[6].
4. Posteriormente, el asunto fue asignado al Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá), autoridad que mediante providencia del 21 de abril de 2023[7] declaró la falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Precisó que la demandante se desempeñó dentro de la entidad como trabajadora oficial, de acuerdo con sus funciones pesaje y registro de los vehículos que ingresan residuos sólidos al relleno sanitario Carapacho del municipio de Chiquinquirá. Por consiguiente, determinó que el proceso es de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en atención a los artículos 104, 105.4 del CPACA, 2.1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS), el Auto 441 de 2022 y la jurisprudencia del Consejo de Estado[8].
5. De acuerdo con el reparto del 4 de septiembre de 2023, el expediente de la referencia fue enviado al despacho del magistrado sustanciador el 8 de septiembre siguiente[9].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
6. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
7. Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivos, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal[10]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:
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Presupuesto subjetivo |
El conflicto se suscitó entre una autoridad de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. |
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Presupuesto objetivo |
La controversia se enmarca en la demanda presentada por Luz Marina Rojas Peña en contra del departamento de Boyacá para que se declare una presunta relación laboral encubierta por medio de diferentes contratos de prestación de servicios celebrados. |
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Presupuesto normativo |
Las autoridades judiciales enunciaron los fundamentos de índole legal y jurisprudencial en los que soportan sus posiciones. El Tribunal Superior de Tunja - Sala Laboral sustentó su decisión en el artículo 104 del CPACA y el Auto 492 de 2021, pues adujo que este tipo de controversias son del conocimiento de los jueces administrativos. Por su parte, el Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá), señaló que el demandante fungió como trabajador oficial y, en consecuencia, carece de competencia para tramitar el asunto. Lo anterior, con fundamento en los artículos 104, 105.4 del CPACA, 2.1 del CPTSS, el Auto 441 de 2022 y la jurisprudencia del Consejo de Estado[11]. |
Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los conflictos originados en la celebración de contratos estatales de prestación de servicios. Reiteración del Auto 492 de 2021
8. Mediante el Auto 492 de 2021[12] la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó como regla de decisión que de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.
9. Esta Corporación arribó a la anterior decisión luego de analizar el primer inciso y el numeral 2º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia constitucional relevante. Según la Sala Plena, cuando la controversia se origina en presuntas relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios, será competente el juez administrativo por las siguientes razones: (i) lo que se discute es la validez del acto mediante el cual la administración niega la relación contractual y las acreencias laborales; (ii) el fundamento de las pretensiones se estructura a partir de un contrato de prestación de servicios estatal; (iii) el juez administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; y (iv) el objeto del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública.
Caso concreto
10. La Corte advierte que, de acuerdo con la regla fijada en el Auto 492 de 2021 y con los elementos de prueba obrantes en el expediente, el asunto debe tramitarse por el Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá). Ello, porque los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, así como sus pretensiones, se refieren a la eventual existencia de un contrato realidad con Empochiquinquirá ESP[13] presuntamente encubierto a través de la celebración indebida de sucesivos contratos de prestación de servicios entre las partes.
11. Así las cosas, se remitirá el expediente CJU-4154 al Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá), para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a la otra autoridad judicial, a los sujetos procesales y demás interesados.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Superior de Tunja Sala Laboral y el Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá) en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá) es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por la señora Luz Marina Rojas Peña en contra del departamento de Boyacá.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4154 al Juzgado 13 Administrativo de Tunja (Boyacá) para que proceda con lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Tribunal Superior de Tunja Sala Laboral y a los sujetos procesales e interesados en este trámite.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 0014 Folio 1
[2] Expediente digital. Archivo 0011. Folio 1-34 Poder y demanda.pdf
[3] Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, aportes en seguridad social, primas de navidad, entre otras, derivadas de la pretendida relación laboral que se demanda.
[4] Expediente digital. Archivo 0011. Folio 1-34 Poder y demanda.pdf
[5] Expediente digital. Archivo 048 OficioNo. 103 Apelación Ordinario Laboral 2021 Folio 530
[6] Expediente digital. Archivo 007 AutoRemiteCompetencia
[7] Expediente digital. Archivo 002 150013333013202200276001AUTODECLARACIO20230421111151.pdf.
[8] Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (rad. 11001-03-25- 000-2017-00910-00 (4857)).
[9] Expediente digital. Archivo 03CJU-4154 Constancia de Reparto.pdf
[10] Auto 155 de 2019.
[11] Ver nota al pie 9.
[12] En esta providencia se resolvió el conflicto suscitado en el marco de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra una alcaldía. El demandante afirmó que su relación se guió por la continuada subordinación, a pesar de que estuvo vinculado mediante sucesivos contratos prestación de servicios.
[13] Acuerdo No 019 de 1997. Por el cual se transforma la Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá, en Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal. Articulo 5. Naturaleza jurídica: Es una Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Chiquinquirá, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.