Sentencia A. 2671/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2671/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto normativo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

Auto 2671 de 2023

 

Referencia: expediente CJU-4442

 

Presunto conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar y el resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO

                                                                                 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 El 11 de agosto de 2020, Zarwawiko Torres Torres tomó posesión en el cargo de gobernador del cabildo indígena del resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, ante la Alcaldía municipal de Valledupar (César). El señor Torres fue elegido en asamblea general del Pueblo Arhuaco. No obstante, su elección al parecer obedeció a un acuerdo previo entre él y las autoridades centrales “de las 4 Kankurwa: Seykumube, Numaka, Seynimin y Kanzinkuta-Negragaka”[1].  

 

2.                 Dicha elección, presuntamente, no tuvo en cuenta la voluntad de las autoridades regionales de los sesenta asentamientos que conforman el territorio Arhuaco; circunstancia que desconoció “las reglas propias de sus costumbres, tradiciones, pero en especial de los principios de consenso, de participación y de unidad”[2]. Sumado a lo anterior, en el escrito de acusación se señaló que el señor Torres posiblemente “ofreció y entregó dinero a varias autoridades regionales que asistieron a la supuesta asamblea para que apoyaran su candidatura y en otros ejerció presión e hizo incurrir en error a varios de los suscriptores del acta de elección”[3].

 

3.                 El 31 de agosto de 2021, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar (César) adelantó las audiencias preliminares concentradas de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de Zarwawiko Torres Torres. En dicha audiencia el juzgado se pronunció en relación con un escrito allegado al despacho, en el que se propuso un conflicto de competencia positivo “referente a la realización de las audiencias programadas”[4]. La solicitud fue suscrita por Eulogio Villafaña Torres, quien manifestó ser el comisario del Centro Gun Aruwun y Nawiun Brunduku Torres Márquez, posible representante del cabildo Centro Simunurwa. Sobre el particular, el juez manifestó que “como Juez de control [sic] de Garantías, no hace funciones de juez natural, sino de [j]uez protector y garante de derechos, por cuanto el conflicto positivo de competencia manifestado no se predica ante el [j]uez de Garantías, sino ante los [j]ueces de Conocimiento”[5].

 

4.                 Pese a lo manifestado por el juez, el abogado defensor insistió en que el juzgado debía citar a las autoridades indígenas, de conformidad con las sentencias T-921 de 2013 y SU 510 de 1998, el artículo 54 del C.P.P y el Convenio 199 de la OIT y, además, propuso conflicto de competencia. Precisó que el conflicto podía ser propuesto en desarrollo de la audiencia de control de garantías; petición que fue negada. En consecuencia, el juez no se pronunció sobre la solicitud de la defensa y ordenó dar continuidad a la audiencia.

 

5.                 El 13 de septiembre de 2021, en desarrollo de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el abogado defensor manifestó que en el caso se cumplían los factores para la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena. Esto, porque el acusado es miembro activo del resguardo indígena Arhuaco, los hechos por los cuales se investiga al procesado ocurrieron al interior del resguardo, la conducta es de interés para el pueblo Arhuaco y el resguardo cuenta con los mecanismos necesarios para juzgar el hecho.

 

6.                 Con fundamento en lo anterior, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías decidió acceder a la solicitud de ingreso de las autoridades indígenas a la audiencia. Además, señaló que “en la medida que no existe persona privada de la libertad que se deba decidir de fondo su situación jurídica de manera inmediata, ‘a juicio de este despacho puede posponerse el desarrollo de la audiencia y primero se dirima lo relacionado a la competencia’”. Las autoridades indígenas se hicieron presente en la audiencia, pero no intervinieron. Por último, el juez ordenó (i) abstenerse de llevar a cabo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento solicitada por el ente fiscal y (ii) remitir el expediente a la Corte Constitucional.

 

7.                 El 24 de marzo de 2022, mediante Auto 415 de 2022[6], la Corte Constitucional resolvió (i) declararse inhibida para decidir la controversia planteada y (ii) remitir el expediente CJU-1460 al Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar (César). En criterio de la Corte, no se había configurado un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Lo anterior, porque no se acreditó el cumplimiento del presupuesto subjetivo, ya que las autoridades de la jurisdicción especial indígena habían manifestado su voluntad para conocer del asunto, pero el juzgado de conocimiento no había emitido pronunciamiento reclamando o negando la competencia.

 

8.                 El 20 de octubre de 2022, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación. En dicha diligencia se verificaron las causales de nulidad, incompetencia, impedimento y recusación. Al respecto, la Fiscalía, el Ministerio Púbico y el representante de víctimas no avizoraron ninguna de estas circunstancias. Por su parte, la defensa solicitó al juez que tomara una postura clara en relación con la competencia para conocer del asunto. Para ello, el juez solicitó a las autoridades indígenas que manifestaran sus razones para reclamar la competencia sobre el caso. Luego, el juez indicó que “en relación a la competencia indudablemente este despacho considera que sí es competente para llevar a cabo el conocimiento de esta causa”[7]. La diligencia fue suspendida, porque el traslado de los elementos materiales probatorios que realizó el representante de víctimas era voluminoso. 

 

9.                 El 29 de noviembre de 2022, se dio continuación a la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, la diligencia fue declarada fracasada, porque el juez tuvo problemas de conexión, razón por la cual fue reprogramada para el 24 de febrero de 2023[8]. En esta última fecha la audiencia se declaró nuevamente fracasada porque no compareció el representante de víctimas; en consecuencia, la diligencia se programó para el 16 de marzo de 2023[9].

 

10.             Pese a la fecha previamente asignada, el 15 de marzo de 2023, finalmente, se llevó a cabo la continuación de la audiencia de formulación de acusación. A esta diligencia comparecieron las autoridades indígenas, quienes hicieron un recuento de las solicitudes que han allegado al despacho y agregaron que “en el marco del [a]rtículo 54 de la [L]ey 906 de 2004 solicitamos a su señoría que manifieste su falta de competencia […] y remita a la jurisdicción especial […] el proceso”[10]. La fiscalía, por su parte, manifestó que, a su juicio, el asunto debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria. Finalizada la diligencia, se fijó como fecha para su continuación el 25 de mayo de 2023[11].

 

11.             Tras dos aplazamientos más, el 13 de junio de 2023 se llevó a cabo la continuación de la audiencia. En esta ocasión, el juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento argumentó “que la jurisdicción especial indígena es la competente para direccionar la investigación que actualmente se lleva a cabo, y por lo tanto dispone enviar todo lo realizado en esta investigación con destino a esa jurisdicción para que se lleve a cabo la investigación, de acuerdo a sus usos y costumbres”[12]. La decisión fue apelada por la fiscalía y el representante de víctimas. En consecuencia, el expediente se remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar-Cesar[13].

 

12.             El 27 de junio de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar resolvió (i) “dejar sin efectos la actuación procesal surtida con posterioridad a lo resuelto por el Juez Tercero Penal del Circuito de Valledupar, en audiencia del 20 de octubre de 2022, a fin de que por parte de ese despacho se le imprima el trámite previsto para la definición de conflicto jurisdiccional, remitiendo el asunto a la Honorable Corte Constitucional para lo de su competencia”[14] y (ii) devolver el expediente al juzgado. El tribunal expuso que “se observa que por parte del [j]uez que presidía la audiencia de formulación de acusación en fecha 20 de octubre de 2022, se había expuesto que la competencia recaía en la Jurisdicción Ordinaria”[15]. Argumentó que “no solo resulta improcedente la decisión de conceder el recurso de apelación […], sino que la decisión en sí misma, en ese momento procesal no debió proferirse, pues ya se encontraba trabado el conflicto de competencia jurisdiccional, pues […] la petición escrita proveniente de las autoridades indígenas era suficiente sin necesidad de su exposición de manera oral, y por parte del funcionario judicial en la Jurisdicción Ordinaria, ya se había pronunciado al respecto, cada uno reclamando para sí la competencia, lo cual fue desconocido por la actual titular del despacho”[16].

 

13.             El 27 de junio de 2023, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, dando cumplimiento al auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar-Cesar, remitió el expediente a la Corte Constitucional “para que se surta el trámite de CONFLICTO DE COMPETENCIA, presentado, en audiencia DE ACUSACION [sic]”[17].

 

14.             El 25 de julio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 28 de julio de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[18].

 

 

 

II.      CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

15.             La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

 

2.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

16.             Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[19]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[20], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

17.             La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

 

 

 

3.       Caso concreto

 

18.             En el caso sub examine no se configura un conflicto de competencias entre jurisdicciones. En criterio de la Sala Plena, en el presente caso se cumplen los presupuestos subjetivo y objetivo de un conflicto entre jurisdicciones, pero no se cumple el normativo, como pasa a exponerse.

 

19.             Se cumple el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (i) el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, que forma parte de la jurisdicción especial indígena.

 

20.             Se cumple el presupuesto objetivo, ya que las autoridades judiciales se disputan el conocimiento del proceso penal que se surte en contra de Zarwawiko Torres Torres, el cual es de naturaleza judicial.

 

21.             No se cumple el presupuesto normativo. De un lado, las autoridades del resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta manifestaron las razones por las cuales consideran que la jurisdicción especial indígena sería competente para conocer de este caso. No obstante, de otro lado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar no manifestó expresamente las razones de índole constitucional o legal por las cuales considera que es competente.

 

22.             En efecto, en la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo el 20 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar manifestó que “en relación a la competencia indudablemente este despacho considera que sí es competente para llevar a cabo el conocimiento de esta causa”[24]. Sin embargo, la Sala advierte que el juez no expuso las razones legales, constitucionales o jurisprudenciales por las cuales consideraba que era competente para conocer el asunto.

 

23.             Teniendo en cuenta que en el caso sub examine no se cumple con el presupuesto normativo de un conflicto de jurisdicciones, la Sala se declarará inhibida para decidir el presente asunto. En consecuencia, ordenará el envío del expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar para que (i) continúe con el trámite procesal, de conformidad con lo señalado en esta providencia, y (ii) comunique la presente decisión a los interesados.

 

24.             Por lo demás, la Sala precisa que la presente determinación no incide con lo decidido por en el Auto 163 de 2023[25], en el que se resolvió suspender por prejudicialidad un conflicto de jurisdicciones que involucra a la misma comunidad. De igual forma, tampoco incide en lo que está siendo objeto de análisis en el expediente T-8.237.218, en el que se estudia el debate en torno a la elección de las autoridades tradicionales del resguardo Arahuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo anterior, principalmente, porque en esta oportunidad la Sala Plena se está inhibiendo de dirimir el presunto conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena.

 

25.             Sin perjuicio de lo anterior, la Sala conmina al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento para que, de un lado, si considera que es lo procedente, de trámite en debida forma a la disputa sobre la competencia con la jurisdicción especial indígena. Y, por otro lado, para que atienda el asunto con celeridad y eficacia. Esto, con el fin de garantizar los derechos de las partes, habida cuenta de los múltiples aplazamientos de la diligencia y el tiempo que ha transcurrido desde que por primera vez se propuso el conflicto.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia planteada frente a la competencia dentro del proceso penal con radicado

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-4442 al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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