A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar, Cesar y la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La causa que origina la controversia entre Despachos se da por escrito de acusación presentada por la Fiscalía Trece Seccional de la ciudad de Valledupar, en contra de un ciudadano, miembro de comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado y en concurso homogéneo, en contra de una menor.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que el elemento personal se encuentra satisfecho, por cuanto víctima y victimario pertenecen a la comunidad indígena.

En relación con el elemento territorial, igualmente se encuentra acreditado, pues se verificó que los hechos aparentemente se presentaron en territorio de la comunidad indígena, conforme la perspectiva amplia territorial analizada.

En cuanto al factor objetivo, no obstante que la evidencia de que la conducta investigada conlleva una afectación para la comunidad indígena, la sociedad mayoritaria tiene particular interés en investigar, juzgar y sancionar estas conductas dada la condición de sujeto de especial protección constitucional del sujeto pasivo involucrado y, debido al elevado grado de nocividad social que para la sociedad mayoritaria implican los hechos investigados, siguiendo lo establecido en la sentencia C-463 de 2014, es necesario realizar un estudio riguroso de la capacidad institucional de la comunidad indígena para tramitar la causa; ello, para asegurarse de que la remisión a la jurisdicción especial indígena no derive en impunidad o en una situación de desprotección para la víctima.

Luego de constatar que en el expediente no obran pruebas que demuestren que la institucionalidad de la justicia tradicional garantiza el enfoque diferenciado que exige el caso de cara a la gravedad del delito juzgado y a la condición de especial protección de la presunta víctima, no se advierte acreditado el factor o elemento institucional, no se verificó que la justicia tradicional ofrezca garantías suficientes para asegurar los derechos de la niña presunta víctima de la agresión sexual.

Ante este escenario, la Corte asigna la competencia a la Jurisdicción Ordinaria, especialidad penal y resuelve remitir el expediente al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar, Cesar para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y a los demás interesados en el proceso.