Sentencia A. 2162/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2162/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2162 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3525

 

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja

 

Magistrado Sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política, profiere el presente auto, con fundamento en las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

1. Causa judicial que suscita la controversia. El 10 de diciembre de 2021, el señor Rubel Darío Carranza Buitrago presentó demanda ordinaria laboral[1] en contra del Departamento de Boyacá. Pretende (i) se declare que existió entre ellos una relación laboral propia de los trabajadores oficiales, entre el 7 de marzo de 2016 y el 16 de junio de 2019; (ii) se declare que fue despedido sin justa causa; y (iii) se condene al demandado a pagar las prestaciones, aportes e indemnizaciones derivadas de la relación laboral alegada.

 

Como fundamento de su solicitud, adujo que, si bien fue vinculado a través de sucesivos contratos de prestación de servicios[2] -con el objeto de operar y manejar la maquinaria pesada (retroexcavadora y/o retrocargador) de la Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá-, concurren los presupuestos para entender que se configuró una relación laboral que obedece a un trabajo de carácter oficial.

 

2. Decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral[3]. Mediante auto del 6 de octubre de 2022[4], el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja declaró la falta de “jurisdicción y competencia” para conocer del asunto. En su criterio, la demanda pretende que se declare la existencia de una relación laboral, sustentada en los contratos de prestación de servicios que suscribió el demandante con el Departamento de Boyacá. En tal sentido, indicó que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer del proceso, dado que la Corte Constitucional a partir del Auto 492 de 2021[5],  estableció una regla de decisión en virtud de la cual “ de conformidad con el art.104 del CPACA, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el estado”[6].

 

3. Decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja. Este despacho, mediante auto del 9 de diciembre de 2022[7], propuso conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, remitiendo el expediente a esta Corporación. Argumentó que es la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, la competente para conocer del caso, ya que las controversias entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales están excluidas del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de los artículos 104.4 y 105.4 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, fundamentó su decisión en providencias del Consejo de Estado[8], del Tribunal Administrativo de Boyacá[9], del Consejo Superior de la Judicatura[10] y de la Corte Constitucional[11].

4. El caso reúne los presupuestos establecidos en el Auto 155 de 2019[12] para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones, teniendo en cuenta que: (i) acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, pues existe una autoridad de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y, otra, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que niegan ser competentes para resolver la causa judicial; (ii) demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, en tanto la disputa versa sobre una demanda presentada por el señor Rubel Darío Carranza Buitrago en contra del Departamento de Boyacá, en la que se pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral oculta con el Estado, mediante la suscripción continua de contratos de prestación de servicios; y (iii) satisface el presupuesto normativo, porque ambas autoridades plantean argumentos jurídicos dirigidos a sustentar su falta de competencia. De un lado, el juez laboral señala que el litigio versa sobre la declaratoria de existencia de una relación laboral, sustentada en los contratos de prestación de servicios que suscribió el demandante con el Departamento de Boyacá, siendo esta una demanda que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme la Corte Constitucional lo ha señalado en Auto 492 de 2021 y reiterado en Autos 722 de 2021[13], 406 de 2022[14], 490 de 2022[15] y 682 del 2022[16]. Por su parte, el juez de lo contencioso administrativo expone que, de acuerdo con las actividades desempeñadas y el objeto de los contratos suscritos, el demandante tendría la calidad de trabajador oficial, por lo que según los artículos 104 y 105.4 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado[17] y el Tribunal Administrativo de Boyacá[18], es la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, la competente para conocer del caso, ya que las controversias entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales están excluidas del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad al artículo 105.4 de la Ley 1437 de 2011.

 

5. El 31 de enero del 2023, se recibió el expediente en esta Corporación[19]. En sesión del 5 de julio de 2023, se repartió al magistrado sustanciador y se remitió al despacho el 7 del mismo mes y año[20].

 

El 17 de julio de 2023[21], se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional escrito de la apoderada del señor Rubel Darío Carranza Buitrago, el cual fue remitido el 19 de julio de 2023 al despacho[22]. En el documento se solicita declarar competente al Juzgado Tercero Laboral de Tunja y, en este sentido, modificar la regla de decisión contenida en el Auto 492 de 2021 o en su defecto, inaplicarla para el caso concreto por tratarse de un trabajador oficial. Se fundamenta en: (i) el Decreto 2127 de 1945[23]; (ii) el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[24]; (iii) el CPACA[25]; (iv) la Constitución Política[26]; (v) la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[27], el Consejo de Estado[28] y la Corte Constitucional[29]; (vi) la manera en que la Corte Constitucional ha analizado preliminarmente las funciones desarrolladas por los demandantes en autos de conflictos entre jurisdicciones sin constituirse una decisión de fondo[30]; (vii) los principios de "perpetuatio jurisdictionis", buena fe y confianza legítima; y (viii) la favorabilidad de las normas[31] y las afectaciones a derechos fundamentales por el cambio del precedente.

 

6. Reiteración del Auto 492 de 2021. En esa providencia, la Sala Plena determinó que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer los procesos promovidos para determinar la existencia de relaciones laborales, presuntamente encubiertas a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios, con una entidad pública.

 

Dicha providencia recordó que las personas naturales se vinculan con el Estado a través de tres modalidades: (i) como empleados públicos, en virtud de una relación legal y reglamentaria; (ii) como trabajadores oficiales, por medio de un contrato laboral; y (iii) como contratistas, mediante contrato estatal de prestación de servicios. Las dos primeras figuras atienden a la existencia de un vínculo de carácter laboral, mientras que la última involucra una relación de carácter contractual, a partir de lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Esta última norma habilita a las entidades públicas a celebrar contratos con personas naturales para desarrollar actividades que no puedan realizarse con el respectivo personal de planta o que requieran conocimientos especializados. De ahí que ese tipo de vinculación deba ceñirse al cumplimiento estricto del objeto contractual.

 

Bajo esta fundamentación, la Corte Constitucional ha reiterado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las controversias en las cuales se reclama la declaratoria de un vínculo laboral con el Estado, oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios. El ordenamiento jurídico ha habilitado a los jueces administrativos para controlar y revisar los contratos de naturaleza estatal y determinar la calificación jurídica del vínculo que une al contratista con la administración. Además, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dispone de los mecanismos judiciales idóneos para determinar la existencia de una presunta relación laboral y reglamentaria con el Estado, así como para valorar la posible celebración injustificada de contratos de prestación de servicios con el Estado[32]. 

 

CASO CONCRETO

 

7.La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja es el competente para pronunciarse sobre este litigio, de conformidad con la regla de decisión contenida en el Auto 492 de 2021, que en esta oportunidad se reitera. Lo anterior, considerando lo siguiente:

 

(i) La demanda se interpone contra una entidad estatal. De acuerdo con lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Constitución, los departamentos constituyen una categoría de entidades públicas, pertenecientes a las entidades de orden territorial, que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Ya que el Departamento de Boyacá es el demandando en el caso bajo examen, se cumple con los parámetros del Auto 492 de 2021.

 

(ii) El demandante afirma haber prestado sus servicios por medio de la suscripción continua de contratos de prestación de servicios. El señor Rubel Darío Carranza Buitrago alega en su demanda que, entre el 7 de marzo de 2016 y el 16 de junio de 2019, suscribió varios contratos de prestación de servicios con el Departamento de Boyacá con el fin de operar y manejar la maquinaria pesada -retroexcavadora y/o retrocargador- de la Secretaría de Infraestructura Pública de la entidad, lo cual además dice asumió bajo estricta subordinación. De esta manera, lo que se reclama es su despido injustificado y la determinación de una presunta celebración injustificada de contratos de prestación de servicios con el Estado, por ser su verdadera vinculación con el Departamento de Boyacá la de un trabajador de carácter oficial, según su perspectiva.

 

Por último, en relación con la solicitud de la apoderada del señor Rubel Darío Carranza Buitrago, se precisa que la misma no puede ser atendida por la Corte[33], en el sentido de que, por regla general, los conflictos de competencia entre jurisdicciones resuelven asuntos que se suscitan únicamente entre las autoridades judiciales.

8. Regla de decisión. La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, conocer del proceso promovido por el señor Rubel Darío Carranza Buitrago contra el Departamento de Boyacá.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3525 al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, para que proceda con lo de su competencia y comunique esta decisión al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, así como a los interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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