Sentencia A. 1968/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1968/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1968 DE 2023

 

Referencia: expediente CJU-3674

 

Presunto conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 El 4 de octubre de 2021[1], Yenith Johana Rueda Rueda (en adelante, la quejosa) interpuso ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander queja disciplinaria en contra de Ana Belén Rueda Villamizar, juez de Paz 12 de la Casa de Justicia de Floridablanca, Santander. Esto, por “presuntamente haberla coaccionado para firmar un acuerdo de custodia compartida con su expareja sentimental, en detrimento de sus derechos y los de su menor hija”[2].

 

2.                 Mediante auto del 18 de noviembre de 2022[3], la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander resolvió: (i) remitir por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, Santander, y (ii) provocar colisión negativa de competencia[4]. Argumentó que “al ser la misma Constitución la que fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, y está (SIC)  ella circunscrita netamente a los funcionarios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible dar trámite a un proceso adelantado en contra de un juez de paz ya que no es funcionario ni empleado judicial, del cual debe seguir conociendo la Procuraduría General de la Nación”[5]. Para sustentar su decisión hizo referencia al artículo 257A de la Constitución Política y a la providencia proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dentro del conflicto de competencia con radicado 11001030600020220005500.

 

3.                 El 14 de diciembre de 2022[6], la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, (i) declaró la existencia de un conflicto de competencia y (ii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Como fundamento de su decisión, indicó que “corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander asumir la competencia para el ejercicio de la acción disciplinaria respecto de la señora ANA BELÉN RUEDA VILLAMIZAR, particular que cumplía función de JUEZ DE PAZ”[7]. Para respaldar su decisión, se apoyó en los artículos 116 de la Constitución Política, 1, 2 y 68 de la Ley 2094 de 2021 y a una decisión emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del proceso núm. 110010306000202200104004.

 

4.                 El 25 de julio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 28 de julio del 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[8].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

5.                 La Corte Constitucional no tiene competencia para resolver las disputas entre una autoridad administrativa y una judicial sobre la competencia para conocer de una actuación disciplinaria. El numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política^[9] prescribe que la Corte Constitucional es competente para “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones” (subrayado fuera del texto). Esta disposición constitucional no confiere a la Corte Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad judicial y otra administrativa.

 

6.                 Las actuaciones disciplinarias son susceptibles de ser adelantadas por una autoridad administrativa, como la Procuraduría General de la Nación, o por una judicial, como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las comisiones seccionales de Disciplina Judicial –anteriormente Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o salas disciplinarias de las comisiones seccionales de la Judicatura–. Por una parte, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, “[l]as decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo”[10]. Por otra parte, según los artículos 116 y 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[11] administra justicia y “ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial”. Por ende, el conflicto que se suscite entre la Procuraduría y una comisión Seccional de la Judicatura no es un conflicto entre autoridades judiciales.

 

7.                 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa sobre actuaciones disciplinarias. De conformidad con las reglas de procedimiento de asuntos disciplinarios, los conflictos de competencia entre autoridades respecto de una actuación disciplinaria deben ser resueltos por el superior común inmediato[12]. Sin embargo, un procurador y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial no tienen superior común, en la medida en que el primero es una autoridad administrativa y el segundo, una autoridad judicial. Por ello, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 39[13] y 112.10[14] de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto[15].

 

III.            CASO CONCRETO

 

8.                 La Corte Constitucional no es la autoridad competente para dirimir el conflicto de competencia sub examine. La Sala Plena considera que no es competente para resolver la controversia sub examine, puesto que no se trata de un conflicto entre jurisdicciones. Por el contrario, se trata de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial –Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander– y una autoridad administrativa –Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander–. Por esta razón, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre la controversia.

 

9.                 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para resolver el presente conflicto de competencia. Esto, por cuanto cumple con lo dispuesto en los artículos 39 y 112.10 de la Ley 1437 de 2011. En efecto, (i) el presente asunto involucra al menos a una autoridad del orden nacional que, de conformidad con su distribución interna de competencias, se encarga de unos determinados asuntos –Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander–; (ii) sin que la Sala pretenda caracterizar el asunto sub examine, este podría ser, eventualmente, de naturaleza administrativa en caso de que se determine que la competencia para adelantar la actuación disciplinaria corresponda a la Procuraduría, y (iii) el conflicto versa sobre un asunto concreto, esto es, la investigación disciplinaria adelantada en contra de Ana Belén Rueda Villamizar, en calidad de juez de Paz. Por tanto, el presente trámite de conflicto de competencia será remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. - Declararse INHIBIDA, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, Santander, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en relación con la investigación disciplinaria adelantada en contra de Ana Belén Rueda Villamizar en calidad de Juez de Paz 12 de la Casa de Justicia de Floridablanca, Santander.

 

SEGUNDO. - REMITIR el expediente CJU-3674 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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