A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul y el Juzgado 004 Administrativo Oral de Yopal, ocasionado por una demanda ejecutiva hipotecaria de menor cuantía promovida por el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul, FFAMA, contra una ciudadana, con la cual solicita librar mandamiento de pago de unos valores generados por un crédito hipotecario a favor de la demandada, que no ha sido pagado en su totalidad.

Verificado el cumplimiento de los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena indica que el demandante es una entidad pública (empresa industrial y comercial del Estado).

Sin embargo, el artículo 104 del CPACA no prevé los conflictos derivados de garantías reales, como hipotecas.

En esa medida, se activa la cláusula residual prevista en el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012, según la cual, todo asunto, que no esté atribuido por la ley a otra jurisdicción, le corresponde a la jurisdicción ordinaria.

En ese sentido, la Sala resuelve en reiteración de la primera regla prevista en el Auto 1089/22, según la cual, de conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública.

Lo anterior, basado en que el origen de la obligación hipotecaria es un derecho real, por lo que no se activa ninguno de los tres supuestos contenidos en la cláusula de competencia establecida en el artículo 104.6 del CPACA.