Sentencia A. 1939/24

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1939 DE 2024

 

Referencia: expediente D-16019.

 

Acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 63 (parcial) de la Ley 1957 de 2019.

 

Demandantes: Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero.

 

Magistrada sustanciadora:

Natalia Ángel Cabo.

 

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

 

En ejercicio de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en los artículos 241.4 de la Constitución Política, los artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991 y en el artículo 63 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), la Sala Plena de la Corte Constitucional profiere el presente auto por medio del cual se convoca a una sesión técnica dentro del proceso de la referencia.

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.       El 18 de julio de 2024, los ciudadanos Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero presentaron una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la interpretación judicial que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP) del inciso final y los parágrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019. Los demandantes consideraron que dicha interpretación vulnera los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución, los artículos transitorios 5, 12, 17 y 21 adicionados a la Carta mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo transitorio adicionado a la Constitución por el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017.

 

2.       Por medio de auto del 12 de agosto de 2024, la magistrada sustanciadora admitió la demanda y, en consecuencia, ordenó: (i) la fijación en lista del proceso para la recepción de intervenciones ciudadanas; (ii) el traslado a la Procuraduría General de la Nación; (iii) la comunicación de la iniciación del trámite al presidente del Congreso de la República, al presidente de la República, al ministro de Justicia y del Derecho, al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, al Alto Comisionado para la Paz y al Consejo Superior de Política Criminal; y (iv) la invitación a diversas universidades y organizaciones para participar dentro de la presente actuación.

 

3.       Durante el término otorgado para intervenir se recibieron doce escritos, de los cuales tres cuestionaron la aptitud sustancial de la demanda[1], seis se pronunciaron a favor de la inexequibilidad de la interpretación judicial cuestionada[2] y tres defendieron su exequibilidad[3].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

4.       El artículo 10 del Decreto 2067 de 1991 establece la posibilidad de que, en los procesos de constitucionalidad, la magistrada sustanciadora decrete las pruebas que considere necesarias para adoptar una decisión. Con fundamento en dicha norma, la Corte Constitucional reconoce la posibilidad de realizar audiencias públicas o sesiones técnicas en procesos de constitucionalidad o de tutela, con el fin de recaudar los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión, generar espacios de diálogos técnicos y de alto nivel con las personas y autoridades vinculadas al asunto por resolver, o incluso profundizar en el análisis de las pruebas que ya obran en la actuación[4]. La convocatoria a este tipo de diligencias es una facultad discrecional de la Sala que conoce del asunto, y, en el marco de procesos de constitucionalidad, debe ejercerse con al menos 10 días de anticipación al vencimiento del término para decidir[5].

 

5.       De otra parte, la Circular Interna No. 06 del 3 de septiembre de 2024 proferida por la Presidencia de la Corte Constitucional reconoce que, en los procesos de tutela y constitucionalidad que involucran a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado como órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones, resulta fundamental conocer sus argumentos y criterios sobre el asunto en discusión. Por lo tanto, dicha Circular insta a que se solicite a la respectiva Alta Corte el concepto o intervención sobre la materia bajo estudio. Esto mismo cabe predicar de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[6].

 

6.       Como se puede apreciar a partir de lo expuesto en la demanda y en los escritos y conceptos recibidos, el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte recae sobre criterios hermenéuticos adoptados por la máxima autoridad de la JEP, que, por lo demás, tienen la potencialidad de repercutir en las posturas jurídicas asumidas por las autoridades judiciales del régimen de Justicia y Paz a cargo de la jurisdicción ordinaria. Así lo pudo constatar la Corte en un reciente pronunciamiento en el que se dirimió un conflicto entre ambas jurisdicciones relacionado con la interpretación judicial cuestionada por los demandantes en el asunto de la referencia[7].

 

7.       En atención a la complejidad de la controversia que aquí se examina, es preciso contar con más elementos de juicio. En este sentido, para la Corte resulta valioso escuchar a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz, a organizaciones expertas que han acompañado y hecho seguimiento al funcionamiento de estos regímenes de justicia transicional, y a entidades que cumplen funciones de asistencia a las víctimas y protección de sus derechos en el marco de dichas actuaciones, como son la Defensoría del Pueblo[8] y la Procuraduría General de la Nación[9]. En virtud de tales competencias, estas entidades incluirán en su concepto la perspectiva de las víctimas frente al asunto bajo examen.

 

8.       Con base en las consideraciones expuestas, la Corte convocará a una sesión técnica de carácter presencial, que se realizará en el Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía” de Bogotá D.C. el viernes 7 de febrero de 2025 entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., y a la que se citará a las siguientes autoridades y expertos:

 

-         Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.

-         Patricia Linares Prieto, presidenta de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

-         Diego Corredor Beltrán, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

-         Alexandra Valencia Molina, presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

-          Iris Marín Buitrago, Defensora del Pueblo

-          Procurador General de la Nación

-         Yesid Reyes Alvarado, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

-         Martha Maya, directora global adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT por sus siglas en inglés).

-         María Camila Moreno Múnera, jefa de la oficina de Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés).

-         María Camila Correa Flórez, coordinadora del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz – ObservaJEP y profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

 

9.       Durante la sesión técnica, cada uno de los convocados contará con un espacio de veinte (20) minutos para que presente su concepto sobre el objeto de la demanda de inconstitucionalidad, a partir de los siguientes ejes temáticos y preguntas orientadoras, sin perjuicio de los demás aspectos que los convocados consideren pertinente mencionar, o de aquellos que puedan surgir durante la sesión:

 

 

10.   Finalizadas las intervenciones, se continuará con una ronda de preguntas de los magistrados a los convocados, sobre los asuntos tratados a lo largo de la sesión.

 

11.   La sesión técnica se desarrollará de acuerdo con la siguiente agenda:

 

 

 

 

 

12.   Por intermedio del despacho de la magistrada sustanciadora se coordinarán los aspectos logísticos de la sesión, y se informará oportunamente a los convocados el lugar preciso en el que esta se realizará.

 

13.   Las autoridades y los expertos convocados remitirán los escritos de resumen de sus intervenciones dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la sesión técnica.

 

14.   La metodología de la sesión técnica, la agenda y la lista de convocados podrá ser modificada oportunamente mediante providencia emitida por la magistrada sustanciadora.

 

III.      DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero. CONVOCAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a una sesión técnica en el expediente D-16019, la cual se realizará el viernes 7 de febrero de 2025, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía” de Bogotá D.C.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, CITAR a las autoridades y expertos relacionados en el fundamento 8 de la presente decisión para que, en la sesión técnica, presenten a la Corte su concepto sobre el asunto bajo examen a partir de los ejes temáticos y preguntas orientadoras señalados en el fundamento 9 de este auto, y de acuerdo con la agenda prevista en el fundamento 11 de esta determinación.

 

Tercero. DISPONER que la moderación y el registro de la sesión técnica estará a cargo de la Secretaría General de la Corte Constitucional.

 

Cuarto. SOLICITAR a los participantes citados a la sesión técnica que remitan a la Secretaría General de la Corte Constitucional las respuestas a las preguntas formuladas, sus aportes y los estudios que consideren pertinentes, en un plazo máximo de tres (3) días después de la realización de la diligencia.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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