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Auto A-1924/25

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Unificación del requisito de oportunidad

 

(...) la Sala Plena encuentra necesario unificar su jurisprudencia en relación con el requisito de oportunidad, en los siguientes términos: es posible interponer solicitudes de aclaración aun cuando no se ha publicado el texto definitivo de la sentencia, siempre y cuando no se pida la aclaración del comunicado, circunstancia que, de conformidad con la jurisprudencia, es abiertamente improcedente. En tales eventos, esas peticiones serán tramitadas una vez se notifique la sentencia y, por lo tanto, empiece a correr el término de ejecutoria. En esa medida, el término para su decisión, iniciará también a contar, desde la notificación de la providencia.

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Abstenerse de resolver hasta tanto se notifique la sentencia

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1924 de 2025

 

Referencia: expediente RE-380.

 

Asunto: solicitud de aclaración de la Sentencia C-431 de 2025.

 

Magistrada sustanciadora:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre una solicitud de aclaración en relación con la Sentencia C-431 de 2025, con fundamento en los siguientes:

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.            La Sentencia C-431 de 2025. Mediante la Sentencia C-431 de 2025, la Corte Constitucional adelantó el control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0175 de 2025[1]. A manera de cuestión previa, confrontó la norma bajo examen con lo decidido por la Sala Plena en las sentencias C-148 y C-381 de 2025 y encontró que a pesar de que en principio, las medidas dispuestas en el decreto analizado se encuentran comprendidas entre los hechos y situaciones que la Corte consideró acordes con la Constitución, no todo lo que el Gobierno nacional previó recaudar con ellas es constitucional, debido a que las estimaciones de recaudo se calcularon en función de las necesidades de gasto indicadas para la sección presupuestal prevista en el Decreto Legislativo 274 de 2025.

 

2.            Así, dado que en la Sentencia C-381 de 2025 la Sala Plena declaró inexequibles algunas de las partidas presupuestales previstas por el Decreto Legislativo 274 de 2025, el Gobierno nacional únicamente podrá recaudar los recursos correspondientes para financiar las partidas expresamente declaradas exequibles.

 

3.            A renglón seguido, la Sala Plena constató el cumplimiento de todos los requisitos formales por parte de la norma y, adicionalmente, encontró que las medidas previstas en el Decreto Legislativo 175 de 2025 satisfacen todos los requisitos materiales, a excepción del parágrafo 5 del artículo 1 que carece de necesidad jurídica.

 

4.            Por lo anterior, la Corte dictó los siguientes resolutivos:

 

“PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 (parágrafos 1, 2, 3 y 4) a 10 del Decreto 175 de 2025, en el entendido de que el Gobierno nacional únicamente podrá recaudar la suma necesaria para financiar las partidas de los sectores (i) Salud y Protección Social; (ii) Inclusión Social; (iii) Igualdad y equidad; (iv) Presidencia; (v) Agricultura y Desarrollo Rural; (vi) Educación y, (vii) Defensa, por las razones expuestas en esta providencia y en los estrictos términos de la Sentencia C-381 de 2025. En ese orden de ideas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá emitir en un plazo no mayor a 30 días hábiles, el cálculo del monto de las adiciones presupuestales autorizadas por el Decreto 274 de 2025 tras la declaración de exequibilidad parcial mediante la Sentencia C-381 de 2025. A su turno, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá determinar el monto de los recursos recaudados con fundamento en el Decreto 175 de 2025 y, en caso de que el recaudo exceda el valor de la adición presupuestal calculada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, proceder a efectuar las devoluciones o compensaciones que correspondan, a prorrata, a favor de todos los contribuyentes que hubieren pagado los tributos a que refiere la norma examinada. Para lo primero, la DIAN tendrá hasta el último día del mes siguiente en que se deba declarar y pagar el último de los impuestos de que trata el decreto y, para lo segundo, los contribuyentes tendrán un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición del informe dictado por la DIAN. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá asegurar la disponibilidad y la programación presupuestal necesarias y, la Contraloría General de la República deberá desplegar vigilancia fiscal sobre este proceso.

 

SEGUNDO. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 5 del artículo 1 del Decreto 175 de 2025, por las razones expuestas en esta providencia”.

 

5.            Solicitud de aclaración. El 29 de octubre de 2025, Lucy Cruz de Quiñones, Manuel José Cepeda Espinosa y Mauricio Plazas Vega presentaron solicitud de aclaración de la Sentencia C-431 de 2025. En particular, “de la parte resolutiva que ha sido dada a conocer mediante comunicado 44 de la Sala Plena de la Corte Constitucional”[2]. En especial, se pronunciaron sobre (i) la oportunidad y procedencia de la aclaración; (ii) la comunicabilidad de los efectos de lo decidido en la Sentencia C-381 de 2025; (iii) los límites temporales derivados de la Sentencia C-381 de 2025, (iv) la determinación de lo pagado en exceso y, finalmente, (v) formularon diez “solicitudes específicas de aclaración”.

 

6.            En primer lugar, afirmaron que la solicitud cumple con los requisitos de legitimación en la causa, oportunidad y carga argumentativa, en tanto intervinieron en el proceso de constitucionalidad, no ha iniciado el término de ejecutoria de la providencia y, la solicitud “no busca ampliar el sentido o alcance de la providencia, ni controvertir los aspectos que fueron definidos, ni abordar asuntos que no fueron objeto de estudio. Lo que se busca es aclarar el alcance de la modulación establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-431 de 2025, especialmente teniendo en cuenta que esta incorpora por remisión la parte resolutiva de la sentencia C-381 de 2025”[3].

 

7.            En segundo lugar, los solicitantes resaltaron que la Sentencia C-431 de 2025 remite a los efectos de la parte resolutiva de la Sentencia C-381 de 2025 y, por ende, los elementos de duda que surgen a raíz de la última sentencia mencionada, “se comunican y se incorporan por remisión a la parte resolutiva de la sentencia C-431 de 2025 y por lo tanto pueden ser objeto de aclaración por la Corte Constitucional en el presente proceso”[4]. En especial, adujeron que la Sentencia C-381 de 2025 aún no ha sido notificada y contiene varios tipos de decisiones en su parte resolutiva, la cual remite a un cuadro que no fue incorporado en el comunicado de prensa 40, a través del cual se dio a conocer la decisión correspondiente al trámite de constitucionalidad del Decreto Legislativo 274 de 2025 (expediente RE-382). Por ello, estimaron necesario que se aclare “cómo se debe determinar si una adición presupuestal estaba o no destinada a “financiar medidas que busquen responder a problemáticas históricas y estructurales””[5].

 

8.            En tercer lugar, los peticionarios expusieron que según el comunicado de prensa 40, la inexequibilidad de las adiciones analizadas en la Sentencia C-381 de 2025, surte efectos a partir de la fecha de publicación del mencionado comunicado. En esa medida, aseguraron que “el asunto objeto de aclaración de los efectos de inexequibilidad de ciertos gastos presupuestado debe ser, a nuestro criterio, la misma fecha a partir de la cual resultaba ilegítimo recaudar el tributo que se destinaba a cualquiera de los sectores descritos, ajenos a la conmoción. En todo caso, las inexequibilidades y, por ende, menor recaudo, surten efectos, como máximo, hasta 18 de junio [sic] atendiendo los efectos pro-futuro que las sentencias determinaron”[6].

 

9.            En cuarto lugar, señalaron que el punto de partida de la Sentencia C-431 de 2025 es que el exceso de recursos originados en partidas inexequibles es inconstitucional, no los tributos en sí mismos, “por eso se puede sacar la sumatoria de las partidas inexequibles autorizadas por las adiciones presupuestales [y] se puede confrontar con el recaudo global para sacar el excedente a devolver”[7]. En ese orden de ideas, los solicitantes estimaron que “es necesario que la Corte se sirva trazar los lineamientos para el cálculo que deba efectuar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”[8] y, en tal sentido, sugirieron un procedimiento[9].

 

10.        En quinto lugar, plantearon diez solicitudes específicas de aclaración[10], las cuales versan sobre el término que se le da al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cálculo del monto de las adiciones presupuestales, cómo lo debe calcular, el procedimiento que debe emplear si existe controversia sobre si una apropiación está o no cubierta por un condicionamiento o inexequibilidad parcial de la Sentencia C-381 de 2025, la devolución de los recursos (tiempos y consecuencias para la DIAN), los mecanismos para controvertir los cálculos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, sobre la vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República.

 

11.        Informe de la Secretaría General. El 4 de noviembre de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió al despacho de la magistrada sustanciadora la solicitud de aclaración[11].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

12.        La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir la solicitud de aclaración presentada en relación con la Sentencia C-431 de 2025, conforme a lo previsto por el artículo 285 del Código General del Proceso (en adelante, CGP)^[12] y 104 del Reglamento de la Corte Constitucional^[13].

 

2.            Procedencia excepcional de las solicitudes de aclaración de las sentencias dictadas por la Corte en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia

 

13.        Exigencias formales o de procedibilidad de las solicitudes de aclaración. La Corte Constitucional ha señalado, de manera reiterada, que por regla general sus sentencias “no son susceptibles de aclaración”[14]. Esto es así, por dos razones principales: (i) ni el artículo 241 de la Constitución ni el Decreto 2067 de 1991 prevén la facultad de la Corte para “aclarar […] el sentido de sus decisiones”[15]; (ii) porque es necesario garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que rigen las sentencias de esta Corporación. No obstante, la Sala Plena ha admitido la procedencia de solicitudes de aclaración de sus sentencias de forma excepcionalísima, siempre y cuando se cumplan las siguientes exigencias[16]:

 

14.        Legitimación por activa. La facultad de solicitar la aclaración de las sentencias de control abstracto está reservada para “los demandantes, quienes intervienen en defensa o en contra de la norma, la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y/o los organismos o entidades participantes en la elaboración o expedición de la norma”[17].

 

15.        Oportunidad. Las solicitudes de aclaración de una sentencia de constitucionalidad deben presentarse dentro de su término de ejecutoria, de conformidad con el artículo 285 del CGP. Bajo ese contexto, en los autos 097 y 387 de 2016, la Corte Constitucional rechazó unas solicitudes de aclaración de sentencias que fueron presentadas antes del término de ejecutoria, tras considerar que “no es posible solicitar la aclaración de un fallo cuyo sentido se ha conocido solo a partir de[l] […] comunicado”[18]. Lo anterior, debido a que cuando las sentencias no han sido notificadas, los argumentos que soportan las solicitudes de aclaración tienen como única fuente “el comunicado de prensa que da cuenta del sentido de la decisión”. En tal medida, la Sala Plena recordó que el comunicado de prensa “tiene un carácter eminentemente informativo, sin que reemplace el texto del fallo judicial, ni su procedimiento legal de notificación”[19].

 

16.        Por otro lado, en el Auto 3004 de 2023, esta Corporación encontró acreditado el requisito de oportunidad de unas solicitudes de aclaración, a pesar de que se habían radicado antes de la notificación y publicación del texto completo de la providencia. Además, precisó que las solicitudes de aclaración y/o adición de los comunicados de prensa son manifiestamente improcedentes. Esto permite concluir que existen dos escenarios: (i) cuando se solicita la aclaración del comunicado, circunstancia que es improcedente y, (ii) cuando se solicita la aclaración de la sentencia previa su publicación, evento en que, en algunos casos, la Sala Plena ha considerado que sí se cumple el requisito de oportunidad.

 

17.        De lo expuesto, se concluye que existen dos tesis en relación con solicitudes de aclaración presentadas antes del término de ejecutoria de la sentencia: (i) son improcedentes, pues sólo pueden ser planteadas después de notificado el fallo y, (ii) se acredita el requisito de oportunidad aun cuando son radicadas antes de la publicación del texto completo de la providencia

 

18.        En vista de lo anterior, la Sala Plena encuentra necesario unificar su jurisprudencia en relación con el requisito de oportunidad, en los siguientes términos: es posible interponer solicitudes de aclaración aun cuando no se ha publicado el texto definitivo de la sentencia, siempre y cuando no se pida la aclaración del comunicado, circunstancia que de conformidad con la jurisprudencia, es abiertamente improcedente. En tales eventos, esas peticiones serán tramitadas una vez se notifique la sentencia y, por lo tanto, empiece a correr el término de ejecutoria. En esa medida, el término para su decisión, iniciará también a contar, desde la notificación de la providencia.

 

19.        Ahora bien, la Corte Constitucional encuentra necesario hacer una interpretación sistemática entre el Reglamento de la Corte Constitucional[20] y el Código General del Proceso (en adelante, “CGP”), dado que el artículo 104 del Reglamento de la Corte Constitucional establece que “una vez presentada oportunamente una solicitud de aclaración, adición o corrección, la misma deberá ser resuelta por la Sala de Revisión o la Sala Plena, en el término máximo de quince días siguientes al envío de la solicitud a la magistrada o al magistrado ponente por la Secretaría General” (subrayado fuera del texto original). Por su parte, el CGP, en su artículo 285, preceptúa que la aclaración procede cuando se formula “dentro del término de ejecutoria de la providencia”.

 

20.        En ese orden de ideas y tratándose de solicitudes que se interpongan antes de la notificación de la sentencia, el término para que la Sala Plena profiera una decisión, empezará a correr con el conteo de la ejecutoria. Esto es, a partir de la notificación de la sentencia. Lo anterior, en lectura armónica del Reglamento de la Corte y el Código General del Proceso.

 

21.        Carga argumentativa. El peticionario debe exponer por qué es necesario aclarar la providencia, de modo que se deba “excepcionar la regla general de improcedencia de la solicitud”[21]. De esta manera, tratándose de solicitudes de aclaración es necesario que se explique que la providencia contiene “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”[22]. Al respecto, la Corte ha señalado que “lo que ofrece duda o es ambiguo es aquello susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y que, en consecuencia, no permite comprender con certeza cuál es el sentido de la decisión”[23]. De allí, que “solo es posible aclarar las providencias que ofrecen una duda objetiva y razonable debido a la existencia de indeterminaciones insuperables”[24].

 

22.        Por lo anterior, la solicitud de aclaración no prosperará cuando (i) busque limitar o ampliar el sentido o alcance de la providencia o “modificar las razones en las que se sustentó”[25]; (ii) pretenda “controvertir nuevamente aspectos cuya definición quedó zanjada en la providencia frente a la cual se reclama la aclaración” y (iii) sea utilizada para “abordar aspectos que no fueron objeto de estudio”[26], “esclarecer argumentos marginales en la parte motiva de la providencia que no tienen relación o incidencia en su parte resolutiva”[27] o “absolver consultas, pues este tribunal carece de semejante competencia”[28].

 

3.            Caso concreto

 

23.        Teniendo en cuenta lo expuesto en relación con el requisito de oportunidad de las solicitudes de aclaración, la Sala Plena emitirá decisión en el presente caso, a fin de poner en conocimiento de los ciudadanos los términos de la unificación de jurisprudencia y para disponer que la Secretaría General de la Corte Constitucional adecúe sus procedimientos internos, en el sentido de tener presente que cuando se trata de solicitudes de aclaración interpuestas antes de la notificación de la sentencia, el término para resolver empezará a contar con el término de ejecutoria.

 

24.        En el caso concreto, se constata que la solicitud de aclaración en contra de la Sentencia C-431 de 2025, fue presentada por los ciudadanos Lucy Cruz de Quiñones, Manuel José Cepeda Espinosa y Mauricio Plazas Vega, antes de la notificación de la providencia mencionada y, del vencimiento del término de ejecutoria. En esa medida, la Corte Constitucional se abstendrá de impartirle trámite a la petición, hasta tanto no se notifique la Sentencia C-431 de 2025.

 

III.      DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. ABSTENERSE de pronunciarse sobre la solicitud de aclaración de la Sentencia C-431 de 2025, presentada por Lucy Cruz de Quiñones, Manuel José Cepeda Espinosa y Mauricio Plazas Vega, por las razones expuestas en la parte motiva.  En tal medida, los términos para que la Sala Plena decida sobre la petición, empezarán a contar a partir de la notificación de la Sentencia C-431 de 2025.

 

SEGUNDO. DISPONER que la Secretaría General de la Corte Constitucional adecúe sus procedimientos internos, en el sentido de tener presente que cuando se trata de solicitudes de aclaración interpuestas antes de la notificación de la sentencia, el término para resolver empezará a contar con el término de ejecutoria.

 

TERCERO. Contra esta providencia no proceden recursos.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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