Sentencia A. 1916/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1916/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

(...) si el conflicto de competencia entre jurisdicciones se plantea entre la Fiscalía General de la Nación y un juzgado penal militar, respecto de la investigación de un delito contra la vida, pero que prima facie no constituye una grave violación a los derechos humanos, no se encuentra configurado un conflicto entre jurisdicciones que deba ser resuelto por la Corte Constitucional. Frente a estos supuestos, la Fiscalía no cuenta con legitimación para promover el incidente y, en consecuencia, no se cumple el requisito subjetivo para entender debidamente trabado el conflicto.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1916 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-4363

 

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 163 de Instrucción Penal Militar y Policial y la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.1 de la Carta Política, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Objeto del conflicto de competencia entre jurisdicciones. En hechos que investiga la justicia penal militar y la Fiscalía General de la Nación, el 29 de septiembre de 2019 en el municipio de San Andrés de Cuerquia- Antioquia, durante un procedimiento policial el intendente Jhon Fáber Foronda Ramírez, al ser agredido con un arma blanca por Luis Mazo Jaramillo, accionó su arma de dotación en contra del presunto agresor[1].

 

2. Solicitud de remisión de investigación por competencia de la justicia penal militar. El 17 de mayo de 2022, el Juzgado 163 de Instrucción Penal Militar y Policial solicitó a la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango remitir por competencia la investigación con las actuaciones adelantadas en esa instancia[2]. Lo anterior, porque según esa autoridad judicial “(…) razonablemente se infiere que la víctima dentro de la investigación resultó lesionado (sic) en desarrollo de un procedimiento policial (…)”. Por lo tanto, en virtud del artículo 221 de la Constitución[3], la investigación de esos hechos es competencia de la justicia penal militar.

 

3. Decisión de la Fiscalía General de la Nación. El 16 de junio de 2023, la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango señaló que como resultado del comité técnico jurídico celebrado con la dirección de fiscalías de Antioquia, se determinó “(...) que la presente indagación debe continuar siendo tramitada por la justicia ordinaria; se ordenó además realizar orden de trabajo para determinar si se trata de unas lesiones o tentativa de homicidio y verificar posibles causas de justificación.”[4].

 

4. Decisión de la justicia penal militar. El 21 de junio de 2023, el Juzgado 163 de Instrucción Penal Militar y Policial provocó conflicto positivo de competencia con la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango, para que “(…) la Honorable Corte Constitucional decida que jurisdicción (sic) es el competente para seguir adelante con la investigación y juzgamiento de estos hechos (…)”[5]. Afirmó que la justicia penal militar es la competente para conocer de la investigación, porque los hechos se desarrollaron durante “(…) un acto del servicio, con ocasión del mismo y por un integrante de la Policía Nacional en servicio activo (…)”[6]. El despacho sustentó su decisión en la competencia excepcional que tiene la justicia penal militar para conocer delitos con ocasión de la actividad del servicio a cargo del miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución y la Sentencia C-358 de 1997[7]. Además, el Juzgado estimó que la Fiscalía 17 “(…) luego de realizar el Comité Técnico Jurídico, sin más pronunciamiento al respecto considera que la competencia para seguir investigando radica en la justicia ordinaria, sin exponer sus argumentos jurídicos, sin embargo, se ha de recordar que estos hechos también pueden ser verificadas y/o desvirtuadas dentro del proceso que se adelante ante el juez natural (…)”[8].

 

II. CONSIDERACIONES

 

5. Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de un conflicto de competencia entre jurisdicciones con la justicia penal militar[9]. Esta Corporación, en Sentencia SU-190 de 2021[10], sostuvo que la Fiscalía General de la Nación cumple funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En el ejercicio de las primeras[11], la Fiscalía puede proponer o ser parte de los conflictos entre jurisdicciones. En desarrollo de las segundas, de acuerdo con el Auto 196 de 2022[12], esta Corte ha admitido la posibilidad de que promueva o acepte conflictos de jurisdicciones “(…) i) cuando se trate de un caso en etapa de investigación; ii) cuando se trate de un conflicto con la jurisdicción penal militar; y, iii) cuando los hechos objeto del proceso sean sobre un delito contra la vida y estén relacionados con graves violaciones de los derechos humanos (…)”.

 

6. En ese sentido, el Auto 801 de 2022[13], señaló que las graves violaciones a los derechos humanos tienen los siguientes elementos característicos “(…) (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra (…)”. Según la comunidad internacional, son ejemplo de esas conductas “(…) las ejecuciones extrajudiciales,^[14] la desaparición forzada,^[15] la tortura,^[16] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,^[17] las masacres,^[18] la detención arbitraria y prolongada,^[19] el desplazamiento forzado,^[20] la violencia sexual contra las mujeres^[21] y el reclutamiento forzado de menores de edad^[22]”^[23].

 

7. Reiteración del Auto 1163 de 2021[24]. La Sala Plena de esta Corporación estableció que, si el conflicto de competencia entre jurisdicciones se plantea entre la Fiscalía General de la Nación y un juzgado penal militar, respecto de la investigación de un delito contra la vida, pero que prima facie no constituye una grave violación a los derechos humanos, no se encuentra configurado un conflicto entre jurisdicciones que deba ser resuelto por la Corte Constitucional. Frente a estos supuestos, la Fiscalía no cuenta con legitimación para promover el incidente y, en consecuencia, no se cumple el requisito subjetivo para entender debidamente trabado el conflicto. 

 

III. ANÁLISIS DEL CASO

 

8. El caso no cumple con el presupuesto subjetivo para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala concluye que en este asunto no se satisface el presupuesto subjetivo y, por lo tanto, no se encuentra configurado un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Lo anterior, porque la Fiscalía 17 no está legitimada para promover o trabar un conflicto de jurisdicciones con la justicia penal militar, por la competencia para investigar los hechos en que participan el intendente Jhon Fáber Foronda Ramírez y el ciudadano Luis Mazo Jaramillo, durante el desarrollo de una operación policial. La conducta investigada per se no constituye una grave violación a los derechos humanos, porque no hace referencia a (i) un comportamiento sistemático, (ii) no tiene la intención de destruir a un grupo poblacional y (iii) tampoco está relacionada con el conflicto armado.

 

9. En consecuencia, esta Corporación declarará su inhibición en este asunto y enviará el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse en el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-4363 al Juzgado 163 de Instrucción Penal Militar, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la Fiscalía 17 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango y a los interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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