Sentencia A. 1887/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1887/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Controversias sobre declaratoria de existencia de vinculación laboral propia de un trabajador oficial

 

(...) La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es competente para conocer las demandas en las que se reclaman acreencias laborales a una entidad territorial cuya regla general de vinculación es la de empleado público, cuando, prima facie, se logra acreditar que las funciones del accionante correspondieron a las de construcción y sostenimiento de obras públicas

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 AUTO 1887 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-7168

 

Asunto: Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

 

Bogotá D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. La causa judicial. El 10 de agosto de 2023, José Antonio Ortiz presentó acción judicial contra el Distrito de Buenaventura[1]. Formuló las siguientes pretensiones: (i) declarar la “existencia de un contrato de trabajo a término indefinido”[2], iniciado el 8 de febrero de 1979 y terminado unilateralmente por el empleador el 30 de octubre de 1998; (ii) declarar que el demandante “es beneficiario de la pensión sanción de jubilación”[3]; (iii) que se ordene el pago de las mesadas dejadas de percibir, incluyendo sus reajustes e incrementos legales; (iv) que se reconozcan “los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993”[4] y en subsidio la indexación de cada mesada; (v) que se indexe “la primera mesada pensional conforme al artículo 53 de la Constitución Política”[5]; (vi) que se reconozca el pago de la “sanción y de la indemnización moratoria del parágrafo 1 del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”[6], y (vii) que se condene a la demandada al pago de las costas procesales y las agencias en derecho.

 

2. Como fundamentos principales de sus pretensiones, indicó que: (i) tiene más de 64 años; (ii) laboró para la Alcaldía de Buenaventura “en el cargo de obrero-pintor, adscrito a la Secretaría de Obras Municipales”[7] desde el 8 de febrero de 1979, hasta el 30 de octubre de 1998; (iii) durante el tiempo que laboró para el ente territorial no fue afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; (iv) fue desvinculado de la entidad porque se suprimió el cargo que ocupaba, lo que considera un despido injusto; y (v) fue “trabajador oficial [por] más de 19 años”[8]. Respecto de su última vinculación con la entidad territorial, en los anexos de la demanda figura una comunicación del 22 de enero de 1990 en la que se le comunicó que “ha[bía] sido nombrado como Pintor de la Sección de Conservación Urbana adscrita a la Secretaría de Obras Públicas”[9] y se le invitó a posesionarse. Asimismo, en la demanda obra un certificado que indica que el señor Ortiz laboró para la Alcaldía de Buenaventura (i) como “obrero de servicios varios, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, a partir del 8 de febrero de 1979, hasta el 7 de junio de 1989; (ii) y como pintor, adscrito a la misma secretaría, “a partir del 17 de julio de 1989 [y] hasta el 30 de octubre de 1998”[10].

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria. El proceso le correspondió al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura, autoridad judicial que, mediante auto del 20 de febrero de 2025, resolvió declarar su falta de jurisdicción y remitir el expediente a los juzgados administrativos de Buenaventura[11]. Argumentó que el demandante fue vinculado mediante un acto administrativo y acta de posesión, por lo que, a su juicio, sostuvo una relación legal y reglamentaria con la entidad territorial. Por ello, concluyó que el asunto le correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”)[12].

 

4. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso fue asignado al Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura, autoridad judicial que, mediante auto del 29 de agosto de 2025, propuso un conflicto negativo de jurisdicciones[13]. Consideró que el asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria porque el demandante se desempeñó como obrero en la especialidad de pintor de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Buenaventura. Por lo tanto, en su criterio, desarrolló actividades propias de un trabajador oficial, al estar relacionadas con el sostenimiento de obras públicas. Argumentó que el asunto se enmarca en la excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo establecida en el artículo 105.4 del CPACA. Agregó que, de conformidad con los artículos 8 de la Ley 171 de 1961, 267 del Código Sustantivo del Trabajo y 133 de la Ley 100 de 1993, la pensión sanción solicitada por el demandante se aplica exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado. Finalmente, refirió el auto 479 de 2025 de la corte Constitucional, en el que, a su juicio, se resolvió un conflicto entre jurisdicciones análogo al sub examine y se definió la competencia en favor de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral[14].

 

5. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue remitido a la Corte Constitucional el 9 de septiembre de 2025[15]. Posteriormente, el 8 de octubre de 2025, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 7 de octubre de 2025^[16].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.       Competencia

 

6. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.       Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

7. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda interpuesta por José Antonio Ortiz contra el Distrito de Buenaventura. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si el conflicto entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos entre jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, reiterará las reglas de competencia en relación con las demandas contra entidades territoriales en las que se solicita el reconocimiento de derechos laborales (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.       Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[17]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia, que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[18].

 

 

9. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

9.1.     Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (i) el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura, que hace parte de la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura, que hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[21].

9.2.     Satisface el presupuesto objetivo puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda interpuesta por José Antonio Ortiz contra el Distrito de Buenaventura (párrs. 1 y 2 supra), la cual versa sobre una solicitud de reconocimiento de una pensión sanción que debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

9.3.     Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y 4 supra).

 

4.       Competencia para conocer las demandas contra entidades territoriales en las que se solicita el reconocimiento de derechos laborales

 

10. En el auto 445 de 2024, la Corte Constitucional determinó que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 del CPTSS, así como en el artículo 104.4 del artículo 105 del CPACA, a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde conocer de las demandas que se originan directa o indirectamente en un contrato de trabajo, independientemente de que el empleador sea una entidad pública o un particular. Por su parte, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer de las demandas relacionadas con el vínculo entre los empleados públicos y el Estado[22]. Así mismo, la Corte ha precisado que al juez que dirime el conflicto de competencia “no le corresponde hacer un análisis minucioso y exhaustivo de las funciones de quien pretende el reconocimiento de una relación laboral con el Estado o de otros aspectos que correspondan al fondo de la controversia” porque ello es un asunto reservado al juez natural que resuelva de fondo la controversia[23]. En consecuencia, para efectos de dirimir el conflicto, cuando no hay elementos suficientes que determinen con claridad la naturaleza del vínculo laboral sostenido por el demandante, se debe acudir a la regla general de vinculación de la entidad demandada.

 

11. Por otro lado, la Corte Constitucional ha precisado que, para distinguir la naturaleza del vínculo laboral con una entidad pública, “la calidad de trabajador oficial y de empleado público no depende exclusivamente del instrumento formal que se utilizó para la vinculación, sino también de las funciones realizadas”[24]. Por su parte, en el auto 235 de 2023, la Corte estableció criterios para definir si la naturaleza del vínculo laboral de los demandantes corresponde a un empleado público o un trabajador oficial, en el marco de conflictos de competencia entre jurisdicciones. Específicamente, explicó que debe tenerse en cuenta “(i) el criterio orgánico, correspondiente a la naturaleza jurídica de la entidad demandada; y (ii) el criterio funcional, que se refiere a la naturaleza del vínculo laboral y las funciones desempeñadas por la persona natural”[25].

 

12. Reglas de vinculación laboral de las entidades territoriales. El Decreto Ley 1333 de 1986, “por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, en su artículo 292 establece como regla general de vinculación de los servidores municipales la de empleados públicos, con excepción de aquellos que se dedican a “la construcción y sostenimiento de obras públicas”, quienes deben ser vinculados como trabajadores oficiales. En el auto 235 de 2023 la Corte Constitucional conoció de una demanda en la que un servidor público del Municipio de Guamal, Magdalena, demandó a dicha entidad territorial para obtener el pago de acreencias laborales. En este caso, la Sala Plena precisó que cuando el servidor público prestó servicios de “construcción y sostenimiento de obras públicas (criterio funcional), se entiende que, prima facie, la persona que las realiza tiene el carácter de trabajadora oficial, así haya sido vinculada a una entidad pública con una relación de origen legal o reglamentario”[26].

 

13. Para comprender las actividades propias de los trabajadores oficiales resulta útil acudir a lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

 

“[L]a actividad de los trabajadores oficiales, en torno al concepto de construcción y mantenimiento de “obra pública”, se refiere tanto a las actividades de fabricación, instalación, montaje o demolición de estructura, infraestructuras y edificaciones, como al ‘conjunto de actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido, lo cual implica intervenciones para su reparación de base, transformación estructural, garantía de prolongación de su vida útil y engrandecimiento’”[27].

 

14. En relación con las demandas en que se solicitan prestaciones pensionales, en el auto 490 de 2021, la Corte Constitucional indicó que para determinar la competencia debe tenerse en cuenta (i) el tipo de vinculación que tuvo el titular del derecho pensional al momento de causarse la prestación pretendida y (ii) la entidad administradora de su régimen pensional. Por lo tanto, si en dicho momento la persona tenía la calidad de empleado público y su régimen estaba administrado por una persona de derecho público, la competente sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por el contrario, si estas dos condiciones no concurren, la competente sería la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social.

 

5.        Caso concreto

 

15. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer la demanda sub examine. La Sala Plena considera que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer la demanda presentada por José Antonio Ortiz contra el Distrito de Buenaventura. Esto, porque al analizar la naturaleza del vínculo laboral que José Antonio Ortiz tuvo con el municipio de Buenaventura, se constata que existen elementos probatorios mínimos que permiten concluir, prima facie, que el demandante desempeñó funciones propias de un trabajador oficial. En efecto, de conformidad con los anexos de la demanda, el señor Ortiz ejerció el cargo de pintor adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Buenaventura[28], cargo que está relacionado con la construcción y sostenimiento de obras públicas. Aunque en el expediente no existen documentos que den cuenta de las funciones específicas que desempeñaba el accionante, se tiene certeza de que sus actividades correspondieron a las de un pintor adscrito a la Secretaría de Obras Públicas.

 

16. Teniendo en cuenta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado de antaño que las “actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido” corresponden a actividades de “construcción y sostenimiento de obras públicas”, la Sala Plena concluye que, prima facie, el señor José Antonio Ortiz prestó servicios al Distrito de Buenaventura en condición de trabajador oficial. Esto, con independencia de que el instrumento formal que se utilizó para la vinculación del accionante correspondiera al de un empleado público (acto administrativo de nombramiento y posterior posesión en el cargo). Así, al tratarse de un trabajador oficial, el asunto no correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo al no cumplirse los criterios establecidos en el artículo 104.4 del CPACA y, por el contrario, al configurarse la excepción contemplada en el artículo 105.4 del mismo código (fj. 10 supra).

 

17. Por las anteriores razones, la Sala Plena concluye que el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura es la autoridad judicial competente para conocer de la demanda interpuesta por José Antonio Ortiz contra el Distrito de Buenaventura. En ese sentido, ordenará remitir el expediente CJU–7168 a dicho despacho judicial, para que continúe con el trámite respectivo y para que comunique la presente decisión.

 

18. Regla de decisión. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es competente para conocer las demandas en las que se reclaman acreencias laborales a una entidad territorial cuya regla general de vinculación es la de empleado público, cuando, prima facie, se logra acreditar que las funciones del accionante correspondieron a las de construcción y sostenimiento de obras públicas[29].

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura es la autoridad competente para conocer la demanda instaurada por José Antonio Ortiz contra el Distrito de Buenaventura.

 

Segundo. Por medio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7168 al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Buenaventura para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 002 Administrativo de Buenaventura.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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