Sentencia A. 1839/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1839/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1839 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5851.

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá y la comunidad de Amenani Huitoto del Paraje de Monochoa Puerto Santander - Amazonas jurisdicción de Solano, Caquetá.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

ACLARACIÓN PREVIA

 

Este asunto se relaciona con la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. Por este motivo, la Sala Plena emitirá dos versiones de esta providencia. Una en la que se anonimizará el nombre de la menor víctima y el de los demás sujetos que permitan su identificación, que será la versión que se dispondrá al público, y otra que contendrá los datos reales de las partes[1].

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 La Fiscalía Quinta Seccional Caivas de Florencia, Caquetá, presentó escrito de acusación[2] contra el señor Raúl por la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento[3].

 

2.                 Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron al interior del Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos, jurisdicción del municipio de Solano, Caquetá, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2020 al 28 de febrero de 2023. Durante este tiempo, el señor Raúl, padrastro de Lucía, presuntamente ejecutó prácticas sexuales en el cuerpo de la menor de edad, las cuales comenzaron cuando ella tenía 10 años y se prolongaron en el tiempo hasta que cumplió 13 años.

 

3.                 El 12 de agosto de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá, Caquetá, celebró la audiencia de legalización de captura. En esta misma actuación, la Fiscalía formuló imputación contra el señor Raúl y los cargos no fueron aceptados por el procesado. Asimismo, se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad, razón por la cual actualmente se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá “La Picota”[4].

 

4.                 Posteriormente, el asunto fue asignado al Juzgado 003 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Florencia, Caquetá. El 13 de octubre de 2023, se realizó la audiencia de formulación de acusación. En esa oportunidad, la defensa del acusado cuestionó la jurisdicción y competencia del juzgado de conocimiento. Sostuvo que el presente asunto debía ser remitido a la jurisdicción especial indígena, dada la pertenencia de su representado a la “comunidad Huitoto Nepote, ubicada en el resguardo de Puerto Zábalo, región del Caquetá”[5]. Esta solicitud fue denegada mediante auto emitido el mismo día.

 

5.                 Luego de diferentes aplazamientos, el 22 de marzo de 2024, se desarrolló la audiencia preparatoria, en la cual el defensor del procesado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el decreto de pruebas[6]. El juzgado no repuso la decisión adoptada y remitió el recurso de apelación a la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el cual fue resuelto mediante providencia del 12 de agosto de 2024 y se fijó fecha para su lectura el 21 de agosto de la misma anualidad[7].

 

6.                 El 16 de agosto de 2024, el gobernador encargado de la comunidad de Amenani Huitoto del Paraje de Monochoa Puerto Santander - Amazonas jurisdicción de Solano, Caquetá (en adelante comunidad de Amenani Huitoto) presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, el Auto No. 001, emitido el 12 de agosto de 2024[8]. En este documento informó que, el 1º de agosto de 2024 el señor Raúl solicitó a la autoridad indígena que asumiera la jurisdicción y competencia para juzgarlo por los delitos de acceso carnal violento en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años y violencia intrafamiliar en contra de su entonces compañera permanente, la señora Esperanza (q.e.p.d.)[9].

 

7.                 El gobernador manifestó que el acusado fundamentó su solicitud en su pertenencia a la “etnia Huitoto n+pode, del clan tabaco”[10]. Además, el señor Raúl le informó que los delitos por los cuales se le acusa fueron cometidos en el paraje de Puerto Zábalo, perteneciente también a la misma etnia. En este contexto, según la costumbre indígena, las faltas que se le atribuyen son juzgadas y sancionadas por los consejos de sabios que determinan la pena que debe imponerse. Además, el gobernador destacó que la jurisdicción especial indígena tiene fundamento en el artículo 246 de la Constitución, el cual establece que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre que no contravengan la Constitución y las leyes de la República.

 

8.                 Por otra parte, el gobernador afirmó que se cumplen los requisitos establecidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que opere la jurisdicción especial indígena, al considerar que la comunidad “Huitoto n+pode” es un grupo diferenciable y autónomo, con instituciones y normas como forma de control social que sancionan las conductas que la comunidad desaprueba, como los delitos que se le imputan al señor Raúl. Indicó que estas sanciones se realizan bajo la supervisión del consejo de sabios, de acuerdo con los procedimientos de la justicia comunitaria, los cuales no son contrarios ni a la Constitución ni a la ley colombiana. Asimismo, el gobernador hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que amplía el concepto de territorio para incluir el ámbito cultural donde la comunidad despliega su cultura.

 

9.                 En consecuencia, el gobernador de esta comunidad solicitó asumir la jurisdicción y competencia sobre los procesos penales que se adelantan contra el acusado, quien pertenece a la etnia “Huitoto n+pode”. Argumentó que se encuentran unidos por lazos territoriales y ancestrales con Puerto Santander, Amazonas, además del reconocimiento y el trato que la comunidad tiene con el procesado debido a su origen étnico.

 

10.             Mediante auto del 22 de agosto de 2024[11], la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, propuso un conflicto positivo entre jurisdicciones. Para fundamentar su decisión, señaló que el artículo 246 de la Constitución reconoce la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de la comunidad, de conformidad con los usos y costumbres propios, siempre y cuando sean compatibles con la Constitución y la Ley. Además, expuso las siguientes razones principales:

 

 

11.             Por lo anterior, la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, concluyó que los intereses de la comunidad indígena deben ceder ante los de la sociedad mayoritaria. En consecuencia, consideró que este asunto debe ser tramitado por la jurisdicción ordinaria.

 

12.             Una vez recibido el asunto en la Corte Constitucional, el expediente de la referencia le fue repartido al magistrado sustanciador el 19 de septiembre de 2024 y remitido al despacho el 23 del mismo mes y año[12].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

13.             De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

14.             Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es necesario que se acrediten los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este Tribunal[13]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos como se explica a continuación:

 

 

Elementos de competencia de la jurisdicción especial indígena Reiteración de jurisprudencia[15]

 

15.             El artículo 246 de la Constitución reconoce la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de la comunidad, de conformidad con los usos y costumbres propios, siempre que sean compatibles con la Constitución y la Ley.

 

16.             De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional^[16], la configuración del fuero indígena y la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena dependerá de un análisis ponderado de cuatro aspectos: (i) si el procesado pertenece a la comunidad indígena (factor personal); (ii) el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia (factor territorial); (iii) la naturaleza y titularidad del bien jurídico tutelado. Para resolver un conflicto de jurisdicciones relacionado con un caso de violencia sexual en contra de mujeres o niñas, la Corte Constitucional debe evaluar si la jurisdicción especial indígena “garantiza efectivamente el bien jurídico tutelado que, en este caso, es el derecho que tienen todas las niñas a conservar su integridad sexual”[17] (factor objetivo); y, por último, (iv) si las autoridades indígenas cuentan con la capacidad para impartir justicia, y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (institucional).

 

Caso concreto

 

17.             De conformidad con lo expuesto, y a efectos de dirimir el conflicto, la Corte procederá a examinar los factores para la configuración del fuero indígena y la activación de la jurisdicción especial indígena.

 

18.             Factor personal. La Sala considera que no se cumple este factor. La Corte ha establecido que debe primar la realidad sobre formalidades como la inscripción en un determinado censo que puede estar desactualizado o contener errores. En este sentido, la ausencia de inscripción en el censo no es óbice para que se reconozca la pertenencia de un individuo a la comunidad, en tanto existen otros medios de prueba prevalentes e idóneos para acreditar esa circunstancia[18].

 

19.             La comunidad que solicitó asumir la jurisdicción y competencia sobre el proceso penal que se adelanta contra el señor Raúl es la comunidad de Amenani Huitoto.

 

20.             En el factor personal es necesario acreditar que el procesado pertenece al pueblo o a la comunidad indígena que reclama la competencia para investigar y juzgar la conducta. En relación con esto, en el Auto No. 001 del 12 de agosto de 2024, el gobernador de la comunidad de Amenani Huitoto, manifestó que la misma “reconoce y trata al señor Raúl en virtud de su procedencia a la etnia huitoto n+pode”. Sin embargo, la declaración del gobernador indígena es poco clara sobre este aspecto, y ante esta falta de precisión, la Corte advierte que dentro del expediente existen otros medios de prueba que contradicen la posible pertenencia del procesado a la comunidad indígena involucrada en el conflicto.

 

21.             En ese sentido, el certificado del Ministerio del Interior indica que el acusado pertenece al Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos en el censo de los años 2019 y 2021[19]. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron al interior de dicho resguardo a partir del año 2020. Además, el procesado presentó una denuncia el 28 de abril de 2023, en la cual, se identificó como “gobernador indígena de la comunidad Puerto Zábalo de la etnia Huitoto”[20].

 

22.             La mencionada declaración y el certificado del Ministerio del Interior permiten inferir, a primera vista, que el procesado no está vinculado a la comunidad que propuso el conflicto, sino a una comunidad diferente, esto es, la de Puerto Zábalo. La Sala reconoce que tanto la comunidad de Amenani Huitoto, como el Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos, en principio, comparten una identidad étnica común, ya que ambas pertenecen a la etnia Huitoto. No obstante, para que la solicitud de asumir la competencia alcance los efectos pretendidos, esta debe ser presentada por la comunidad a la cual pertenece el procesado, en razón a que ello permite entender satisfecho el factor personal.

 

23.             Factor territorial.  La Sala no encuentra elementos suficientes para dar por acreditado el factor territorial. Según la descripción fáctica realizada en los antecedentes, las conductas imputadas al procesado ocurrieron en el Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos, jurisdicción del municipio de Solano, Caquetá.

 

24.             De acuerdo con el escrito de acusación, los actos delictivos presuntamente ocurrieron en la vivienda donde el procesado vivía junto con su entonces esposa Esperanza (q.e.p.d.), y sus cuatro hijos menores de edad -entre ellos la víctima, Lucía-. Esta vivienda, de acuerdo con los elementos obrantes en el expediente, se encuentra ubicada dentro del Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos[21]. Además, el primer episodio de acceso carnal violento al parecer se presentó cuando el procesado invitó a la víctima a recoger unos frutos de “milpesos” cerca de la residencia familiar[22].

 

25.             El Resguardo Indígena Huitoto de Puerto Zábalo Los Monos fue constituido mediante la Resolución No. 0032 del 6 de abril de 1988, y se encuentra ubicado en la jurisdicción de Solano, en el departamento de Caquetá[23].  Además, un informe de un investigador de campo realizado el 10 de agosto de 2023[24], con destino a la Fiscalía Quinta Seccional Caivas de Florencia, Caquetá, que incluyó la georreferenciación de los cabildos o comunidades indígenas, señaló que en el departamento del Caquetá se encuentran aproximadamente 58 resguardos o cabildos indígenas, entre los cuales se encuentra el Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos. Cabe destacar que el resguardo de Monochoa está conformado por diversas comunidades, entre las cuales se encuentra la comunidad de Amenani[25]. Este resguardo limita al occidente con el Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos[26].

 

26.             A continuación, se presenta un mapa que muestra la ubicación del Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos, así como la comunidad de Amenani Huitoto del Paraje de Monochoa Puerto Santander[27].

 

 

 

27.             De conformidad con el Acuerdo No. 26 de 2017, emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia Nacional de Tierras (ANT), las coordenadas correspondientes al Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos son las siguientes[28]: “ESTE: Del punto número (42) se continúa en sentido general Sureste, colindando con terrenos baldíos de la Nación en expectativa de ampliación a favor del Resguardo Indígena Monochoa, en línea quebrada con una distancia acumulada de 15798 m, pasando por el punto número (69) de coordenadas planas  X= 1126775 m.E - Y= 443349 m.N, hasta llegar al punto número (42) de coordenadas planas X= 1120954 m.E - Y= 450518 m.N, ubicado sobre el “Río Coerea”.

 

28.             Del punto número (70) se continúa en sentido general Sureste, colindando el Resguardo Indígena Monochoa – “Río Coera” aguas abajo, en una distancia acumulada de 30176 m, pasando por los puntos número (71) de coordenadas planas X = 1134894 m. E – Y= 431865 m.N, punto número (72) de coordenadas planas X = 1132987 m.E – Y=429061 m.N, punto número (74) de coordenadas planas X=1141338 m.E – Y = 426141 m.N, ubicado en el sitio de desembocadura del “Río Coera”  en el “Río Caquetá”- donde concurren las colindaciones entre el Resguardo Indígena Monochoa y el Resguardo Indígena Predio Putumayo”.

 

29.             En ese sentido, el material probatorio obrante en el expediente permite a la Corte considerar que los hechos presuntamente ocurrieron al interior del Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos. Por lo tanto, se concluye que no se encuentra acreditado el factor territorial desde una perspectiva estricta.

 

30.             Como lo ha expresado esta Corporación, el factor territorial, puede ser entendido desde un “efecto expansivo” de manera excepcional. Para ello será necesario que el hecho, aunque ocurra fuera de los linderos geográficos del territorio colectivo, pueda ser culturalmente remitido al espacio vital de la comunidad. Esto implica que aquel sea un espacio en el que la comunidad despliega sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, es decir, donde hay una incidencia social y cultural efectiva[29].

 

31.             Ahora bien, en el presente asunto no resulta claro para la Sala que la comunidad de Amenani Huitoto, en los términos de la jurisprudencia constitucional, tenga una incidencia social y cultural efectiva en el territorio del Resguardo Indígena de Puerto Zábalo Los Monos. 

 

32.             El gobernador de la comunidad de Amenani Huitoto, en su solicitud, hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional atinente a la concepción del territorio desde un efecto expansivo. Además, el gobernador señaló que el concepto de territorio incluye el arraigo étnico y cultural que se ha transmitido históricamente en la comunidad, en la que se comparten usos y costumbres bajo la denominación de la etnia “Huitoto n+pode”. No obstante, para la Corte estas afirmaciones resultan insuficientes para acreditar por qué el lugar de los hechos tiene un vínculo cultural, con los usos o costumbres para la comunidad de Amenani Huitoto[30]. La Sala observa que ambas comunidades ocupan territorios distintos, y no intervinieron de manera conjunta en el marco del conflicto entre jurisdicciones. Por ello, en este caso no se acredita el factor territorial.

 

33.             Factor objetivo. No resulta determinante en el presente caso. La Sala observa que la controversia surge en el marco de una investigación por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento[31]. Estos delitos se encuentran contenidos en el título IV del Código Penal, que regula las conductas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales.

 

34.             En reiteradas ocasiones[32],  al analizar la competencia de la jurisdicción especial indígena para conocer de estos casos, la Corte ha destacado la importancia que reviste la integridad sexual de los menores de edad para la sociedad mayoritaria en virtud del deber contenido en el artículo 44 de la Constitución, así como la obligación de especial diligencia en la investigación y sanción de los responsables, “lo que no implica la exclusión automática de la competencia de las autoridades indígenas, sino el deber de estas demostrar ante el juez que resuelve el conflicto entre jurisdicciones cuál es su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados”[33].

 

35.             En este caso, se verifica que, según el certificado del Ministerio del Interior, la menor de edad Lucía, presunta víctima de la conducta delictiva no pertenece a la comunidad de Amenani Huitoto (autoridad indígena que propuso el conflicto). Según el censo de los años 2019, 2020, 2021 y 2024 pertenece al Resguardo Indígena Puerto Zábalo Los Monos[34].

 

36.             De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte inicialmente que la titular del bien jurídico no pertenece a la comunidad que solicita el proceso, por lo que, en principio, el conocimiento del asunto no se orienta hacia la jurisdicción especial indígena reclamante. No obstante, en los autos 029, 926 y 1907 de 2022, al resolver unos conflictos de jurisdicciones análogos, esta Corporación valoró la nocividad que en general ostentaba la conducta para el pueblo indígena involucrado, pese a que las víctimas no pertenecen a la comunidad. En consecuencia, se seguirá dicha metodología.

 

37.             En este sentido, la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, señaló que el gobernador de la autoridad indígena en su solicitud no realizó manifestación alguna sobre la nocividad que la conducta presuntamente cometida por el procesado tendría en la comunidad, ni especificó el procedimiento que planean seguir, la autoridad que sería la competente, ni las sanciones que habría lugar a imponer, o la efectividad de las mismas. El tribunal manifestó que la sociedad mayoritaria es “más garantista de los derechos de la menor víctima”, pues, en cumplimiento a los fines del Estado y a los derechos de los niños contemplados en el artículo 44 de la Constitución debe investigar y juzgar las conductas presuntamente cometidas contra ella y buscar la reparación y garantías de protección para la adolescente. Indicó que esta situación no se evidenció con claridad en la solicitud de la comunidad indígena[35].

 

38.             Por otra parte, el gobernador en su solicitud, manifestó que la comunidad cuenta con instituciones, normas, usos y costumbres que actúan como forma de control social, orientados a corregir las conductas que la comunidad y las normas desaprueban, incluidos los delitos que se le imputan al señor Raúl. Señaló que estas conductas son juzgadas bajo la estricta supervisión del consejo de sabios, quienes determinan la sanción correspondiente. A partir de lo expuesto, se evidencia que en principio la conducta investigada conlleva algún grado de afectación para la comunidad indígena.

 

39.             Al respecto, esta Corporación ha indicado que, para la sociedad mayoritaria, la violencia contra las mujeres tiene un elevado grado de nocividad social[36]. Lo anterior, porque “dichas conductas materializan la discriminación histórica a la que ha sido sometida la mujer en todas las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y de familia[37]. También, por la importancia de la mujer y la obligación superior de erradicar cualquier forma de violencia basada en el género”[38]. Además, es claro que la violencia sexual es una de las manifestaciones de las violencias de género[39] que el Estado está en la obligación de prevenir y sancionar[40].

 

40.             Por estas razones, la Sala estima que los bienes jurídicos que se busca proteger a través del proceso penal son de interés para toda la sociedad, debido a que la posible vulneración de la integridad sexual de la menor de edad tiene una especial nocividad para la comunidad mayoritaria, sin perjuicio de que esta clase de comportamientos también puedan ser altamente nocivos para la comunidad indígena. En consecuencia, las conductas que atenten contra la integridad sexual de una niña o adolescente implican un reproche y una sanción que sean proporcionales al interés afectado[41].

 

41.             Como para la sociedad mayoritaria los delitos investigados son especialmente nocivos y como la presunta víctima es un sujeto de especial protección en función de su edad y de su género, a continuación, la Corte hará un análisis más estricto de la acreditación del elemento institucional[42].

 

42.             El factor institucional[43] funge como garantía del derecho al debido proceso del comunero[44], la conservación de las costumbres e instituciones ancestrales empleadas por las culturas en materia de resolución de conflictos y los derechos de las víctimas[45]. Por esta razón es imperioso identificar: i) las autoridades tradicionales y los procedimientos propios establecidos para judicializar un caso ante la jurisdicción indígena y ii) las faltas y sanciones aplicables[46]. Todo lo anterior bajo el entendido de que, para el derecho propio, el principio de legalidad se refleja en la previsibilidad de las actuaciones de las autoridades tradicionales. Por lo tanto, no se puede exigir un compendio escrito de normas y precedentes pues estos se encuentran en proceso de formación o reconstrucción. Por el contrario, se debe verificar el concepto genérico de nocividad social[47].

 

43.             En el asunto que se analiza, en el cual la víctima es un sujeto de especial protección constitucional, la verificación sobre la vigencia del elemento institucional debe ser más exigente[48]. Es pertinente afirmar que las mujeres adolescentes tienen una protección constitucional y legal reforzada respecto de los delitos de violencia sexual. Esto ocurre no solo debido a su corta edad sino también en consideración a su género[49].

 

44.             En la solicitud de competencia presentada por el gobernador de la comunidad indígena que suscitó el conflicto, se afirmó que se cumplen los elementos del fuero indígena y se solicitó la remisión del proceso penal. Para la Sala Plena la manifestación de voluntad de la comunidad para adelantar el proceso supone una primera muestra de institucionalidad.

 

45.             Sin embargo, aunque existen afirmaciones generales sobre la existencia de un consejo de sabios, no se aportó información específica sobre las autoridades tradicionales, los procedimientos establecidos, ni las faltas y sanciones aplicables en la comunidad indígena. Así las cosas, no se demostró la existencia, a primera vista, de un andamiaje institucional que garantice el derecho al debido proceso del comunero. Dicho de otro modo, el gobernador no señaló la estructura básica del procedimiento que será adelantado.

 

46.             El gobernador tampoco precisó los derechos y garantías para la víctima y el procesado. En efecto, no se detallaron cuáles son las herramientas que ostenta la comunidad en procura de la protección, reparación y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con el mandato constitucional de prevalencia de su interés superior establecido en el artículo 44 de la Constitución. Además, no aportó información relativa a la forma en cómo protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

 

47.             Tampoco se aportaron elementos de juicio que permitan identificar las facultades de quienes intervienen en el proceso ni tampoco las condiciones que evidencien la garantía al debido proceso, así como la igualdad de los participantes en el procedimiento. En concreto, no hay certeza acerca de si estos puedan presentar y controvertir pruebas, ser escuchados durante el proceso e impugnar las decisiones contrarias a sus intereses.

 

48.             En consecuencia, dado que la conducta juzgada reviste una especial gravedad para la sociedad mayoritaria y la presunta víctima es un sujeto de especial protección por su edad y su género, la Corte hizo un análisis más detallado del factor institucional. Luego de constatar que en el expediente no obran elementos que demuestren que la institucionalidad de la jurisdicción especial indígena garantiza el enfoque diferenciado que exige el caso de cara a la gravedad de los delitos juzgados y a la condición de especial protección de la presunta víctima, la Sala Plena concluye que no se acredita el cumplimiento del factor institucional. En efecto, no se verificó que la jurisdicción especial indígena ofrezca garantías suficientes para asegurar los derechos de la mujer adolescente presunta víctima de las agresiones sexuales.

 

49.             En suma, al realizar un estudio ponderado de los cuatro factores de competencia de la jurisdicción especial indígena en este asunto, la Sala Plena concluye que ninguno de estos se encuentra acreditado. En cuanto al factor personal, esta Corporación no encontró evidencia de que el procesado pertenezca a la comunidad indígena que propuso el conflicto. Respecto al factor territorial no se acreditó su cumplimiento ni desde el concepto estricto ni expansivo. En relación con el factor objetivo, este no resultó decisivo para dirimir el conflicto de jurisdicciones por cuanto los bienes jurídicos que se busca proteger interesan tanto a la cultura mayoritaria como a la comunidad indígena. Finalmente, en lo que respecta al factor institucional, no se acreditó que la comunidad cuente con procedimientos que garanticen la protección de los bienes jurídicos presuntamente lesionados por la conducta desplegada, que respeten los derechos de la víctima y el debido proceso. Adicionalmente, la comunidad no aportó información relativa a la forma en cómo protege los derechos de los menores y de las mujeres víctimas de violencia sexual.

 

50.             Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional dirimirá el conflicto de la referencia y declarará que le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer el proceso penal seguido contra el señor Raúl por la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. En consecuencia, se le remitirá el expediente a la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a la comunidad de Amenani Huitoto y a los demás interesados en el trámite procesal.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá y la comunidad de Amenani Huitoto del Paraje de Monochoa Puerto Santander - Amazonas Jurisdicción de Solano, Caquetá, en el sentido de DECLARAR que la jurisdicción ordinaria es competente para conocer el proceso penal seguido contra el señor Raúl.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5851 a la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a la comunidad de Amenani Huitoto del Paraje de Monochoa Puerto Santander - Amazonas Jurisdicción de Solano, Caquetá, y a los demás interesados en el proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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