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Auto A-1831/23
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1831 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-3694
Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Tribunal Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, Subsección C, y el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá
Magistrado sustanciador:
Juan Carlos Cortés González
Bogotá D.C., Nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Carta[1], profiere el presente auto con fundamento en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones. El señor Carlos Arturo Nemeguen Mora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente (antes Hospital de Bosa E.S.E.), a fin de que se declare la nulidad del oficio N.º 375-2018 del 2 de agosto de 2018, mediante el cual dicha entidad se negó a reconocer la existencia de la relación laboral que sostuvieron, entre el 23 de diciembre de 2014 y el 26 de julio de 2015, así como se ordenen las prestaciones sociales derivadas de la misma. Señaló que dicho vínculo surgió a raíz de la suscripción continua de contratos de prestación de servicios con la accionada, en virtud de los cuales ejerció funciones como conductor de ambulancia. Como medida de restablecimiento, pidió se declare la existencia de la citada relación laboral y se condene a aquella entidad al pago de las prestaciones a que haya lugar.
2. Decisión de la jurisdicción contencioso administrativa. Repartida la demanda al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, fue admitida, en providencia del 15 de febrero de 2019. Surtido el trámite de rigor, dicha autoridad emitió sentencia de primera instancia el 11 de mayo de 2020[2], la cual, fue apelada por la demandada. El 21 de enero de 2021, el expediente fue enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, para resolver la alzada. No obstante, en providencia del 9 de diciembre de 2021[3], esta autoridad declaró que carecía de jurisdicción, para el efecto invalidó lo actuado y dispuso remitir el asunto a la autoridad ordinaria[4]. Explicó que, por desempañarse como conductor de ambulancia, el demandante se asimila a un trabajador oficial, según el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual, las personas que cumplan funciones de servicios generales en las empresas sociales del estado pertenecen a esa categoría. Por ende, las discusiones al respecto atañen al juez laboral, al tenor del artículo 2.º del CPTSS.
3. Decisión de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. El proceso fue asignado al Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, por medio de auto del 7 de febrero de 2023[5], declaró la falta de jurisdicción para conocer de la actuación. Expuso que de acuerdo con el Auto 492 de 2021, emitido por la Corte Constitucional, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y resolver de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios.
4. El caso cumple con los presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. En el Auto 155 de 2019, esta Corporación precisó que un conflicto de tal naturaleza se presenta cuando: (i) dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones (presupuesto subjetivo), (ii) se disputan el conocimiento de una causa, proceso, incidente o cualquier trámite jurisdiccional (presupuesto objetivo) y (iii) manifiestan las razones constitucionales o legales -no de mera conveniencia- por las que se consideran o no competentes para resolverlo (presupuesto normativo). En el presente caso, se satisfacen dichos requisitos, porque: (i) intervienen dos autoridades judiciales que pertenecen a las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa, (ii) la controversia surgió del proceso judicial promovido por Carlos Arturo Nemeguen Mora contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente y (iii) ambos despachos fundamentaron razonadamente su postura, invocando el artículo 2.º del CPTSS y el Auto 492 de 2021.
5. Reiteración del Auto 492 de 2021[6]. En esta providencia, la Sala Plena determinó como regla de decisión que: «la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado»[7]. La Corte Constitucional fundamentó su decisión teniendo en cuenta que: (i) de acuerdo con el artículo 104 del CPACA la jurisdicción contencioso administrativa está instituida para conocer las controversias y los litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa y (ii) el numeral 1.º del mismo cuerpo normativo dispone que los jueces administrativos tienen a su cargo el conocimiento de los asuntos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.
6. En dicha providencia, este Tribunal aclaró que, si bien, se discute la existencia de una relación laboral que, a primera vista, pareciera corresponderle a la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que el juez administrativo es el único habilitado para pronunciarse sobre la aparente celebración irregular de contratos de prestación de servicios con el Estado. Lo anterior, dado que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado, a través de vínculos contractuales simulados, correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. Además, la demanda se dirige a analizar la actuación de la administración, a través de la revisión de contratos de carácter estatal, para determinar si se celebró un contrato de prestación de servicios o si, por el contrario, se configuró realmente una vinculación laboral. La verificación sobre la existencia de la relación laboral y el tipo de vínculo del demandante con el Estado, no es un asunto cuya resolución corresponda al encargado de definir la jurisdicción competente.
7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, es el competente para pronunciarse sobre este asunto, conforme a la regla de decisión contenida en el Auto 492 de 2021 y que en esta oportunidad se reitera. La Corte llega a esta conclusión teniendo en cuenta que: (i) la demanda se interpone contra una entidad pública (Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente, antes Hospital de Bosa E.S.E.), y (ii) la pretensión principal consiste en que se reconozca la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la suscripción de sucesivos de contratos de prestación de servicios con la mencionada entidad.
8. Por último, la Corte Constitucional precisa que en este tipo de asuntos al juez del conflicto no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral, dado que dicho punto es, justamente, lo que debe resolverse al considerar el fondo de la controversia. Por ello, no resulta necesario valorar las funciones que desempeñó el accionante, en orden a determinar si se trata de un trabajador oficial o de un empleado público, pues, como sucede en este caso, lo que se debate es precisamente la existencia y la naturaleza de esa relación.
9. Regla de decisión. Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir un proceso promovido para controvertir y verificar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con una entidad pública.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de declarar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, es la autoridad competente para pronunciarse sobre la demanda presentada por Carlos Arturo Nemeguen Mora contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3694 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá y a los interesados en este trámite.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ausente con permiso
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente con permiso
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] El artículo 241 de la Constitución establece: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[2] Expediente digital: SENTENCIA 2019-021.pdf;
[3] Expediente digital: 02ProcesoDigital.pdf
[4] En un caso similar al presente la Corte se refirió a la facultad que tiene el superior funcional para promover conflicto de jurisdicciones con ocasión de la revisión de una sentencia apelada, así: La Corte advierte que quien declaró la falta de jurisdicción de los jueces administrativos fue el Tribunal Administrativo, en trámite de un recurso de apelación de la sentencia. No obstante, esto no afecta el cumplimiento del requisito subjetivo por dos razones: (i) conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, tanto los jueces administrativos del circuito como los tribunales administrativos hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De acuerdo con dicha norma, el juez administrativo y el Tribunal hacen parte de la misma jurisdicción; y (ii) el Tribunal Administrativo declaró la falta de jurisdicción como superior funcional del Juzgado Administrativo, al conocer de un recurso de apelación que, en todo caso, tenía relación directa con el objeto del litigio. En ese sentido, dicho tribunal manifestó la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto ni siquiera el juez de primera instancia tendría competencia para conocer sobre el asunto. Auto 444 de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[5] Expediente digital: 09AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf
[6] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterado, entre otros, en los Autos 479 de 2021, 1116 de 2021, 319 de 2022, 439 de 2022 y 047 de 2023.
[7] La Sala Plena de la Corte Constitucional conoció un proceso judicial promovido por un ciudadano que reclamaba el pago de las acreencias derivadas de la relación laboral que sostuvo con una entidad pública. En concreto, el interesado alegaba que, formalmente, trabajó en virtud de la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios; no obstante, su vinculación realmente se enmarcó en una relación laboral.