Sentencia A. 1823/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1823/24

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Identidad de objeto, causa y sujeto pasivo

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Las tutelas que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva serán repartidas al mismo despacho judicial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1823 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4815

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once de Familia de Bogotá y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, Santander

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. Robert Cristian Sanghay Bautista Rico presentó acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la educación. Afirmó que participó en la convocatoria «Programa de Jóvenes Talentos Disciplinas de las Artes». Indicó que, el 2 de septiembre de 2024, el ICETEX —sin notificar a los aplicantes— publicó los resultados de la convocatoria, en la cual fue calificado como «preseleccionado en la lista de suplentes en el puesto 132 con un puntaje de calificación de 87.5 puntos»[1]. Señaló que presentó «una solicitud de apelación»[2] ante el ICETEX, mediante «un derecho de petición»[3], la cual fue resuelta desfavorablemente por la accionada.

 

2.                 Argumentó que la entidad violó sus derechos fundamentales al asignarle una calificación inferior a la que merecía. Esta afirmación se fundó en las siguientes razones: (i) no se le otorgaron los «puntos extra» a los que tenía derecho por vivir en una ciudad «no capital»[4], pese a que reportó residir en el municipio de Pamplona —ciudad no capital—, con fundamento en una «interpretación errada y acomodada»[5] de los términos de referencia de la convocatoria; (ii) no le otorgó un pontaje adicional como docente de establecimiento educativo, porque concluyó que no contaba con el aval de ninguna institución educativa, a pesar de que anexó a su solicitud «una certificación de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Norte de Santander»[6] que avalaba su postulación; (iii) los jurados lo evaluaron de forma «injusta»[7] y vulneraron su derecho a la educación, por cuanto no tuvieron en cuenta su perfil profesional y académico y omitieron que tenían una correlación con el curso al cual aspiraba; (iv) el límite de edad de «35 años» desconoce sus derechos a la educación y al debido proceso, y le causa un «perjuicio irremediable por la edad»[8], pues le impide volver a aplicar a la convocatoria; y (v) la calificación de uno de los jurados fue «subjetiva» y careció de fundamento científico.

 

3.                 En estos términos, formuló como pretensiones el amparo de sus derechos fundamentales y que se le ordene al ICETEX que «realic[e] una nueva calificación de [su] perfil teniendo en cuenta una [sic] el criterio de COHERENCIA ENTRE [su] PERFIL y EL PROGRAMA A REALIZAR, conforme a los criterios de selección publicitados en [sic] para el PROGRAMA JÓVENES TALENTOS DISCIPLINAS DE LAS ARTES 2024, además de incluir los cinco (05) puntos adicionales por provenir de un Municipio de Pamplona, Norte de Santander y cinco (05) puntos adicionales como docente de establecimientos educativos»[9]. Asimismo, solicitó como medida provisional que se «ampar[en sus] derechos fundamentales»[10] y se le ordene al ICETEX que lleve a cabo una nueva calificación de su perfil.

 

4.                 Admisión de la tutela y contestación de las accionada y vinculadas. La acción de tutela fue asignada por reparto al Juzgado Once de Familia de Bogotá. El 24 de septiembre de 2024, tal autoridad admitió la tutela y vinculó al Ministerio de Educación Nacional, a la Superintendencia Financiera, al Defensor el Consumidor Financiero del ICETEX y a «todas las personas que participaron en el programa “JÓVENES TALENTOS DISCIPLINAS DE LAS ARTES 2024”»[11] Además, negó la solicitud de medida provisional que formuló el accionante. Los días 24, 25 y 26, las accionadas y vinculadas presentaron escritos de contestación de la tutela. En su contestación, el ICETEX informó que existía una tutela con número de radicación 2024-00203, la cual había sido conocida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, Santander, y que versaba sobre la misma convocatoria de la tutela presentada por el señor Bautista Rico.

 

5.                 Declaratoria de falta de competencia. El 26 de septiembre de 2024, el Juzgado Once de Familia de Bogotá resolvió remitir el expediente al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, para que continuara con el trámite de la solicitud de amparo. Argumentó que, de acuerdo con la información aportada por el ICETEX, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga había tramitado una acción de tutela, identificada con número de radicación 2024-00302, que era idéntica a la solicitud de amparo presentada por el señor Bautista Rico. Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, adujo que dicha autoridad era la llamada a tramitar el asunto. Para sustentar su conclusión, el juzgado presentó el siguiente cuadro[12]:

 

 

6.                 Primera devolución del expediente. El 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga adoptó las siguientes determinaciones: (i) no asumir el conocimiento de la tutela; (ii) «devolver de manera inmediata el expediente»[13] al Juzgado Once de Familia de Bogotá y (iii) promovió anticipadamente un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, en caso de que tal autoridad «insista en la procedencia de la acumulación de las acciones de tutela»[14]. El Juzgado argumentó que, en este caso, no se presentaba la triple identidad exigida por la jurisprudencia para que operara el fenómeno de la tutela masiva. Esto, porque las tutelas no comparten identidad de objeto ni de causa, como se expone a continuación[15]:

 

 

7.                 Segunda devolución del expediente. El mismo 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Once de Familia de Bogotá ordenó nuevamente devolver el expediente al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga. Lo anterior, porque no compartía los argumentos presentados por tal autoridad respecto de la supuesta falta de identidad de causa y objeto entre las tutelas. En concreto, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, «en estricto sentido, no se necesita que los hechos y la protección deprecada sean idénticos, para encontrarnos ante una tutela masiva»[16]. Por otra parte, adujo que, de acuerdo con el Código General del Proceso, si el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga consideraba que era incompetente para tramitar la tutela, debía proponer el conflicto negativo de competencia.

 

8.                 Conflicto de competencia. Finalmente, el 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga resolvió no asumir el conocimiento de la tutela y remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que resolviera «si eventualmente se configura un conflicto aparente de competencia»[17]. Insistió en las razones por las cuales consideraba que en este caso no se configuraba el fenómeno de la tutela masiva, habida cuenta de que no existía identidad de objeto ni de causa entre las acciones de tutela[18]. Finalmente, subrayó que en el auto de 27 de septiembre había promovido anticipadamente un coflicto de competencias, de modo que era procedente ordenar la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.

 

9.                 Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El mismo 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Luego, el 3 de octubre de 2024, la Sala Plena repartió el expediente ICC-4815 a la magistrada sustanciadora[19].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

10.             Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de Administración de Justicia— (LEAJ)^[20]. Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa en los siguientes casos: (i) cuando la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[21], o (ii) cuando, a la luz de los principios de celeridad y eficacia, este tribunal deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[22]. La Sala observa que la LEAJ[23] no definió cuál es la autoridad judicial que debe resolver el conflicto de competencia que se suscitó entre los despachos involucrados, puesto que pertenecen orgánicamente a distintas jurisdicciones. En consecuencia, el plenario de esta Corporación asumirá su estudio.

 

11.             Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

 

12.             Reglas aplicables a la tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015^[27] prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva. Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los casos y que son presentadas bien de manera masiva —en un solo momento— o bien con posterioridad a otra solicitud de amparo. La Corte ha reiterado que estas reglas de reparto tienen por finalidad evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes. Así, ante una presentación masiva de acciones de tutela «que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad»^[28], en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento^[29]. No obstante, el Decreto 1834 de 2015 previó que, en el evento en que las oficinas de apoyo judicial carezcan de información suficiente para el reparto y acumulación correspondiente, «la autoridad pública o el particular» accionado tienen el deber de informar al juez competente la existencia de acciones de tutela que se hubieren interpuesto en su contra por «la misma acción u omisión», señalando el despacho que avocó conocimiento en primer lugar^[30].

 

13.             Carga argumentativa. El juez que pretende apartarse del conocimiento de una acción con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe demostrar el cumplimiento de los presupuestos indicados para dar aplicación a la regla de reparto en comento. Esto «implica señalar con ‘rigor demostrativo y coherencia’ el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad»^[31]. De no contar con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá dar aplicación de la regla de competencia del factor territorial «a prevención» y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela. El cumplimiento de esta carga argumentativa es un requisito para que la Corte pueda analizar si se configura el fenómeno de la tutela masiva. En estos términos, la aplicación del Decreto 1834 de 2015, por fuera de los supuestos normativos de identidad, conduciría a la desnaturalización de la regla de competencia a prevención, cuya preservación les compete a todos los jueces de tutela^[32].

 

14.             La Sala Plena ha precisado que la autoridad judicial que considere aplicable la regla de reparto en cuestión podrá, de manera oficiosa, enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto siempre que, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento^[33]. La Corte ha desarrollado el contenido de cada uno de estos requisitos, y ha fijado pautas para determinar su existencia. Específicamente, ha señalado lo siguiente respecto de cada requisito:

 

14.1.      Identidad de objeto. La Corte ha señalado que existe identidad de objeto cuando las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas «presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados»[34].

14.2.      Identidad de causa. El requisito exige que las acciones de amparo que pretenden ser acumuladas encuentren fundamento «en los mismos hechos o presupuestos fácticos —entendidos desde una perspectiva amplia—, es decir, las razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección»[35]. Adicionalmente, la Corte ha indicado que «la causa en materia de acción de tutela se vincula con las actuaciones o circunstancias que motivan o impulsan su presentación y cuya ocurrencia debe estar comprendida por el supuesto de hecho —en sentido amplio— de una norma de derecho fundamental»[36].

14.3.      Identidad de sujetos pasivos. Finalmente, la confluencia del sujeto pasivo se presenta cuando «el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado»^[37].

 

15.             Por lo anterior, si se constata la existencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto entre el asunto primigenio y la reciente solicitud amparo en los anteriores términos, lo que procede es remitir el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto.

 

III.      CASO CONCRETO

 

16.             El Juzgado Once de Familia de Bogotá cumplió con la carga argumentativa. La Sala Plena considera que el Juzgado Once de Familia de Bogotá cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar la configuración del fenómeno de la tutela masiva. En efecto, dicha autoridad expuso con el suficiente rigor demostrativo las razones por las cuales en el caso sub examine se presentaría —en su criterio— la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional para la configuración del fenómeno de la tutela masiva (párr. 5 y 7 supra). En consecuencia, la Sala analizará si, efectivamente, en este caso se configuró el fenómeno de la tutela masiva.

 

17.             En el caso «sub examine» no se configuró el fenómeno de la tutela masiva. La Sala Plena advierte que en el caso bajo estudio no se configuró el fenómeno de la tutela masiva. Esto, porque, si bien las tutelas comparten identidad de sujeto pasivo, lo cierto es que su objeto y causa son distintos, tal y como se expone a continuación:

 

 

18.             La Sala resalta que las tutelas no guardan identidad de objeto ni de causa. Por una parte, no comparten el mismo objeto, porque persiguen distintas pretensiones. En la tutela núm. 2024-00825 el actor solicita el amparo de sus derechos y que se lleve a cabo una nueva evaluación de su perfil.  De otro lado, en la tutela núm. 2024-00203 el actor formula pretensiones adicionales, que plantean problemas jurídicos particulares[39]. Por otra, las tutelas no tienen identidad de causa, por cuanto la tutela remitida por el Juzgado Once de Familia de Bogotá se fundó en presupuestos fácticos distintos a aquellos que dieron lugar a la interposición de la tutela que fue tramitada por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga. Esto es así porque (i), ambas tutelas tienen su causa en convocatorias distintas[40]; (ii) los accionantes exponen hechos vulneradores diferentes[41] y (iii) la tutela n.° 2024-00203 tiene su causa en hechos adicionales y que no se presentan en la tutela n.° 2024-00825[42].

 

19.             Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto dictado el 26 de septiembre de 2024 por el Juzgado Once de Familia de Bogotá y ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, inicie el trámite y dicte la decisión a que haya lugar respecto del amparo solicitado, conforme al artículo 86 de la Constitución y al Decreto 2591 de 1991.

 

IV.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto dictado el 26 de septiembre de 2024 por el Juzgado Once de Familia de Bogotá, en el marco de la acción de tutela promovida por Robert Cristian Sanghay Bautista Rico contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.

 

Segundo.  REMITIR el expediente ICC–4815 al Juzgado Once de Familia de Bogotá para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo y dicte la decisión a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por el accionante.

 

Tercero. – Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

Ausente con comisión

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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