A- de 2020

Conflicto de competencia entre el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.

En este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, porque el precitado juzgado tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo.

Con dicha actuación, ese despacho aplicó erradamente una regla de reparto a pesar de que la misma no desplazaba su competencia, con lo cual sí afectó la celeridad y eficacia de la administración de justicia.

Además de lo anterior, analizó de manera preliminar la admisión de la demanda y tomó una determinación respecto de la conformación del contradictorio, declarando su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión de una entidad demandada alteraba tal competencia.

Así mismo, expuso un argumento relacionado con la especialidad regular, desconociendo que conforme lo señalado por la Corte Constitucional, al ser éste aspecto ajeno al factor territorial, subjetivo y funcional, no constituye un criterio jurídico apto para no asumir el conocimiento de una solicitud de amparo, de su impugnación o de los incidentes procesales que tengan relación con el mismo trámite constitucional.

Concluye la Sala que la autoridad competente para resolver la acción de tutela es aquella a quien primero se repartió la misma, es decir, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, a donde se dispone enviar el expediente para que de manera inmediata le imparta el trámite a que haya lugar.

La Corporación le hizo una advertencia a este despacho para en lo sucesivo se abstenga de argumentar su falta de competencia en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.