Sentencia A. 1620/22

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1620/22

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

Auto 1620/22

 

 

Referencia: Expediente ICC-4211

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín - Sala Sexta de Decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala 4 de Oralidad.

 

Magistrado sustanciador:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 12 de mayo de 2022, el señor Hever León Jaramillo Orozco, en su condición de citador en provisionalidad del Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, interpuso acción de tutela en contra del mencionado despacho, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Administración de la Rama Judicial de Antioquia - Chocó y la tercera interesada Liliana Patricia Serrano Gutiérrez, al considerar vulnerados sus derechos a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto el Juez 11 Laboral del Circuito de Medellín nombró en propiedad en el cargo de citador del juzgado a la señora Liliana Patricia Serrano Gutiérrez, pese a que el accionante afirma que, para ese momento, se encontraba incapacitado médicamente.

 

2.                 El 13 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión, autoridad a la que le fue repartido el asunto, consideró que: “(…) la competencia le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia conforme lo prevé el inciso segundo del numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que establece [que] cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales que pertenezcan o pertenecieron a la Jurisdicción Ordinaria, el conocimiento corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”[1]. En consecuencia, le remitió el expediente a la mencionada autoridad judicial.

 

3.                 El 13 de mayo de 2022, después de realizarse el reparto ordenado, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala 4 de Oralidad propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a esta corporación, al estimar que la argumentación del Tribunal Superior de Medellín vulneró la jurisprudencia sobre la materia, por cuanto las normas de reparto no constituyen reglas de competencia[2].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

4.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[3]. Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[4] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[5], tal y como lo precisó la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

5.      En esta ocasión, la Corte está facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en esta controversia, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen                 –desde una perspectiva orgánica– de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996, que esté facultada para solucionar la colisión suscitada.

 

6.                De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[6]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente puede conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[7], en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

7.      Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[8].

 

III.    CASO CONCRETO

 

8.                 De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.              Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión fundó las razones para justificar su incompetencia en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. De esta manera, la citada autoridad les otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrarió la jurisprudencia reiterada de este tribunal, según la cual, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, tales preceptos son apenas pautas de reparto y/o de asignación de expedientes de tutela.

 

ii.            Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 13 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión, en el marco del trámite de la acción de tutela promovida por Hever León Jaramillo Orozco. En consecuencia, remitirá el expediente ICC-4211 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia la decisión que en derecho corresponda.

 

iii.         Igualmente, la Sala advertirá al Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 de 2021, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

IV.    DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión, en el marco del trámite de la acción de tutela promovida por Hever León Jaramillo Orozco.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4211 al Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Tribunal Superior de Medellín - Sala 6 de Decisión que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 de 2021, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la corporación, COMUNICAR la presente decisión a las partes y al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala 4 de Oralidad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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