A- de 2023

Conflicto de jurisdicciones suscitado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

La controversia se generó por escrito de queja en contra de las secretarías de las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, por presuntas anomalías en trámites de notificación dentro de un fallo de segunda instancia y vulneración al derecho de petición.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena dispone que la autoridad competente para tramitar el conflicto analizado es la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado, según el numeral 10 del artículo 112 –modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 20218, y el artículo 39 del CPACA9, que le asignan a dicha autoridad la facultad para conocer los conflictos de competencia propuestos entre autoridades del orden nacional que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo, que traten sobre asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto.

La Corte considera que carece de competencia para dirimir el asunto y se declara inhibida para pronunciarse por lo que decide remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para lo de su competencia y para que comunique la decisión a los interesados en el trámite.