A- de 2024

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre la comunidad Mapuaín del Resguardo Indígena Alta y Media Guajira y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

La causa que origina la controversia radica en una investigación penal adelantada en contra de un ciudadano, miembro de comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de concusión.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos o factores establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia.

El caso cumple con el factor personal, toda vez que se advierte certificación de la gobernadora de la comunidad Mapuaín que da cuenta de la pertenencia del imputado al Resguardo Indígena Alta y Media Guajira.

No se cumple con el factor territorial, pues de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el ámbito espacial en el que ocurrieron los hechos no coincide con el área geográfica y de influencia del Resguardo Indígena Alta y Media Guajira.

Sobre el factor objetivo, se tiene que el delito afecta un bien jurídico de interés para el Estado colombiano que compromete especialmente la función pública, por lo tanto, se evidencia la relevancia de su judicialización por la cultura mayoritaria, y por otro lado, la autoridad indígena manifestó que para la comunidad Wayuu la concusión es una falta grave, pues denota “un irrespeto por la moral pública y es un mal ejemplo de un funcionario cuyo deber es servir a los ciudadanos” con lo cual se advierte concurrencia de intereses tanto para la comunidad indígena como para la sociedad mayoritaria, así que el factor objetivo no resulta determinante para atribuir la competencia.

Sobre el factor institucional, para la Sala queda claro que la autoridad indígena demostró una institucionalidad que le permitiría, en principio, ejercer su jurisdicción especial.

Se acreditó una estructura o sistema propio; un procedimiento basado en sus instituciones autónomas; unas faltas y sanciones y, se evidencia imparcialidad para la investigación y juzgamiento del procesado, mediante la escogencia de autoridades y mayores para el desarrollo del proceso.

Sin embargo, la Sala estima que no se satisfacen las garantías procesales para las víctimas externas a la comunidad, en este caso la Rama Judicial y el abogado y representado, involucrados en el proceso de extinción de dominio.

La Sala resuelve asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y, en consecuencia, dispone el envío del expediente al Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para lo de su competencia.