A- de 2022

Conflicto positivo de jurisdicción suscitado entre la Jurisdicción Penal Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena.

Dicho conflicto se presentó por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en reiteradas ocasiones por un integrante de la comunidad indígena en cuestión.

En el presente caso, para la protección al derecho a la intimidad de los menores de edad involucrados en el proceso, la Corte decide mantener reservada la información de las autoridades y de las partes del proceso.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte procede a explicar y a verificar la acreditación de los elementos fundamentales para determinar la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, dando estudio a los factores subjetivo, territorial, institucional y objetivo.

Consiguiente al análisis, la Corte determina que en el presente caso se cumple el factor personal y territorial, pero no hay elementos suficientes para dar por acreditado los factores objetivo e institucional, debido a que no existe la institucionalidad necesaria para establecer la relevancia del delito en cuestión para la comunidad Indígena del caso, no se asegura la garantía de los derechos de la víctima y tampoco el adecuado seguimiento de la investigación por parte de la jurisdicción indígena.

Con base a lo anterior, la Corte resuelve que la autoridad competente para decidir el mencionado proceso es la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Penal, a donde ordenó remitir el expediente para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia a los interesados.