A- de 2020

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga y los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Primero Promiscuo de Familia de San Gil (Santander).

La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se fundó en las diferentes interpretaciones que hicieron respecto al factor territorial.

Luego de revisar el asunto concluye la Corte que, en virtud al principio “a prevención”, le corresponde al juzgado de Bucaramanga tramitar la acción de tutela interpuesta, por ser la autoridad competente para hacerlo, en tanto el accionante eligió los despachos judiciales de esa ciudad para interponer la solicitud de amparo.

Se ordena enviar el expediente a dicha despacho para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

Se hace una serie de advertencias respecto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para resolver conflictos de competencia en materia de tutela, al igual que sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la resolución de los mismos, la cual se encuentra expuesta en la presente providencia y compilada en el Auto 550/18.

A los juzgados del municipio de San Gil se les advierte que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.