Sentencia A. 1543/22

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1543/22

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

Auto 1543/22

 

 

Referencia: ICC-4260

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

 

Magistrado sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales profiere el siguiente,

 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

Hechos

 

1. El señor Juan Agustín Garzón Coral presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por considerar vulnerados su derecho fundamental de petición. La presunta vulneración al derecho se presentó pues no ha obtenido respuesta a la petición que presentó el 14 de junio de 2022 solicitando se aceptará la cesión de un crédito que debía la entidad al accionante y que este había transferido a la empresa Novafin Capital S.A.S.

 

2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento que, mediante auto del 19 de agosto de 2022, resolvió remitir la acción de tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Fundamentó esta decisión afirmando que era necesario vincular a los juzgados Primero y Noveno Administrativo de Pasto por ser las autoridades judiciales que reconocieron el crédito que se reclama. Así, sostuvo que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela contra jueces o tribunales deben ser repartidas al superior funcional de la autoridad accionada.

 

3. El asunto fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que, en auto del 23 de agosto del 2022, se abstuvo de avocar conocimiento de la acción y promovió el conflicto negativo de competencias. Al respecto, sostuvo que el asunto debía ser conocido por parte del Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento dado que la petición del accionante se había presentado en dicha ciudad.

 

II.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

4. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[1]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[2]. En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela. Esto, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[3].

 

5. En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que se propuso entre autoridades de distintos distritos judiciales que hacen parte de la jurisdicción ordinaria[4].  Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

6. De conformidad con los artículos 86 y 8 transitorio del título transitorio de la Constitución^[5], así como los artículos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala reitera que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) se produzcan sus efectos^[6]. El factor subjetivo. En este evento corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz. Por último, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela, implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[7] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[8].

 

7. En igual sentido, esta Corporación ha señalado que la aplicación de las disposiciones previstas en el Decreto 1069 de 2015^[9], recientemente modificadas por el Decreto 333 del 2021^[10], no autorizan al juez para apartarse del estudio de las acciones de tutela que le son repartidas, toda vez que dichas directrices, son reglas administrativas de reparto, que no aluden a la competencia de las autoridades judiciales^[11]. Tanto es así que el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

 

8. Este Tribunal ha expresado que lo dispuesto en el mencionado decreto reglamentario, no es presupuesto para que el juez constitucional se aparte del conocimiento de una acción de amparo. En ese sentido, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[12].

 

9. Finalmente, esta Corte ha destacado que el juez a quien debe repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la solicitud de amparo y, de ningún modo, a partir del análisis de fondo de los hechos narrados, debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión[13]. Por tanto, debe rechazarse la postura de aquellos jueces que examinan, de manera preliminar, la admisión de la demanda y toman determinaciones respecto de la conformación del contradictorio, a fin de declarar su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión o modificación de entidades demandadas altera su competencia[14].

 

III.           CASO CONCRETO

 

10. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i) Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo. En particular destacó que según el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y dado que, a su juicio, era necesario vincular a las autoridades judiciales que habían reconocido el crédito a favor del accionante, el asunto correspondía al superior de estas y lo remitió al Tribunal Superior del Distrito de Pasto, aunque este no era su superior funcional, sino que lo era el Tribunal Administrativo de Nariño.

 

(ii) El Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.

 

(iii)  La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por el señor Juan Agustín Garzón Coral en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional es el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento.

  

11. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 19 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Juan Agustín Garzón Coral en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-4260, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

12. Asimismo, se le advertirá al Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento que, en lo sucesivo, deben observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial sobre la imposibilidad de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con base en reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, en tanto ello desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional

 

13. Adicionalmente, la Sala Plena advertirá al Tribunal Superior del Distrito de Pasto, autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 19 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Juan Agustín Garzón Coral en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-4260 al Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento que, en lo sucesivo, se abstengan de suscitar conflictos de competencia a partir de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 del 2021.

 

Cuarto: ADVERTIR al Tribunal Superior del Distrito de Pasto que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.

 

Quinto: Por Secretaría General, COMUNICAR al accionante y al Tribunal Superior del Distrito de Pasto de la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

---