A- de 2025

Conflicto entre el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Revisión, y el Juzgado 001 Civil del Circuito de Montería, ocasionado por una acción de cumplimiento instaurada por una ciudadana, en contra del municipio de Montería, con el objeto de dar cumplimiento a la orden dada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en una resolución, proceder al deslinde del Humedal Furatena y los predios El Purgatorio y La Vitrina y, realizar el respectivo ajuste del plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio, en el cual conste dicho deslinde.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena señala que, la modificación del POT, mediante la acción de cumplimiento, es un asunto que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conforme con las leyes 9/89 y 388/97.

Es dable reiterar la regla prevista en el Auto 951/21 según la cual, la jurisdicción civil será la competente para conocer de las acciones de cumplimiento cuando estas son dirigidas contra una entidad de naturaleza pública o particulares en ejercicio de su función administrativa, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo.

Ello en virtud del artículo 116 de la Ley 388/97, que prevé que las autoridades administrativas también son destinatarias de la acción de cumplimiento ante la jurisdicción ordinaria, y el principio de especialidad.