A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad.

Encontró la Corte que en el presente caso solo se presentó un conflicto aparente en la medida en que la primera autoridad declaró la nulidad de lo decidido en primera instancia y se abstuvo de conocer la impugnación, alegando que como la acción de tutela se dirigió contra un particular y se vinculó otra entidad de la misma naturaleza, además de una entidad pública del orden municipal, debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

Por su parte, la otra autoridad consideró que la precitada normatividad no definía reglas de competencia sino reglas de reparto para las acciones de tutela, por lo que recordó los factores de asignación de competencia previstos en el artículo 86 de la Constitución y 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y, en consecuencia, propuso un conflicto positivo de competencia para ser resuelto por la Corte Constitucional.

Se dirimió la controversia con la remisión del expediente a la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Se hizo una advertencia a la precitada Corporación para que se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la reiterada y vinculante jurisprudencia constitucional en materia de conflictos de competencia.

Así mismo, se le advirtió que, en lo sucesivo, adecúe sus actuaciones en materia de competencia de tutela al principio de perpetuatio jurisdictionis y, en consecuencia, se abstenga de declarar la nulidad de lo actuado y modificar la competencia en primera o en segunda instancia.

Al otro operador jurídico involucrado se le advirtió que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela se debe resolver, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.