Sentencia A. 1445/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1445/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Corte Constitucional carece de competencia para dirimir conflicto

 

(...) la Corte Constitucional es competente para “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones”. Esta disposición constitucional no confiere a la Corte Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad judicial y otra administrativa.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1445 DE 2023

 

Referencia: expediente CJU-3351

 

Presunto conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 El 10 de noviembre de 2021, Milton Joaquín Machado Guzmán presentó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja en contra de Fabian Ricardo Cruz Carrillo. Esto, en atención a que el señor Cruz Carrillo fue designado como secuestre en un proceso de sucesión intestada y “desde octubre 5 de 2015 a la fecha no rinde cuentas probadas de su actuación y menos consign[ó] algún dinero en la cuenta de depósitos judiciales del despacho, [a pesar de] que el inmueble objeto de la medida percibe renta por concepto de frutos civiles (arrendamientos)”[1].

 

2.                 El 4 de febrero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá resolvió (i) asumir el conocimiento del proceso y (ii) disponer la apertura de la investigación disciplinaria en contra de Fabian Ricardo Cruz Carrillo, en calidad de auxiliar de la justicia[2]. No obstante, mediante auto del 18 de abril de 2022, la misma autoridad resolvió (i) declarar la falta de competencia para continuar conociendo del asunto y (ii) remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Esto, bajo el argumento de que “el inciso tercero del artículo 92 de la Ley 1952, establece que la competencia para conocer de la acción disciplinaria, determinada por la calidad del sujeto disciplinable, tratándose de particulares, corresponde de manera exclusiva a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión”[3].

 

3.                 El proceso fue enviado a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá. A través de auto del 9 de septiembre de 2022, esta autoridad indicó que promovía conflicto de jurisdicciones. Entre otras razones, expuso que “la titularidad de la potestad disciplinaria señalada en el artículo segundo del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 modificada por el artículo 1 de la ley [sic] 2094 de 2021), fue dada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina judicial, respecto de los particulares disciplinables conforme a esta ley, [como] es el caso concreto de los [a]uxiliares de la [j]usticia”[4].

 

4.                 El 16 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió remitir el expediente a la Corte Constitucional. Esta autoridad judicial manifestó que “los conflictos planteados entre la Procuraduría General de la Nación y las comisiones seccionales de disciplina judicial corresponde a la Corte Constitucional, conforme al numeral 11 del artículo 241”[5].  El 7 de diciembre de 2022, el proceso fue remitido a la Corte[6].

 

5.                 El 6 de junio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 9 de junio siguiente, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[7].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

6.                 La Corte Constitucional no es competente para resolver las disputas entre una autoridad administrativa y una judicial acerca de la competencia para conocer de una actuación disciplinaria. El numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política^[8] prescribe que la Corte Constitucional es competente para “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones” (énfasis propio). Esta disposición constitucional no confiere a la Corte Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad judicial y otra administrativa.

 

7.                 Las actuaciones disciplinarias son susceptibles de ser adelantadas por una autoridad administrativa, como la Procuraduría General de la Nación, o por una judicial, como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las comisiones seccionales de Disciplina Judicial –anteriormente Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o salas disciplinarias de las comisiones seccionales de la Judicatura–. Por una parte, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, “[l]as decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo”[9]. Por otra parte, según los artículos 116 y 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[10] administra justicia y “ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial”. Por ende, el conflicto que se suscite entre la procuraduría y una comisión seccional de Disciplina Judicial no es un conflicto entre autoridades judiciales.

 

8.                 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa sobre actuaciones disciplinarias. De conformidad con lo previsto por el artículo 82 de la Ley 734 de 2002, los conflictos de competencia entre autoridades respecto de una actuación disciplinaria deben ser resueltos por el superior común[11]. Sin embargo, un procurador y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial no tienen superior común, en la medida en que el primero es una autoridad administrativa y el segundo, una autoridad judicial. Por ello, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 39[12] y 112.10[13] de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto[14].

 

9.                 Además, tal como lo consideró la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en su momento, “la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas”[15] (énfasis propio).

 

III.            CASO CONCRETO

 

10.             La Corte Constitucional no es la autoridad competente para dirimir el conflicto de competencia sub examine. La Sala Plena considera que no es competente para resolver la controversia sub examine, puesto que no se trata de un conflicto entre jurisdicciones. Por el contrario, se trata de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial –Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotᖠy una autoridad administrativa –Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá–. Por esta razón, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre la controversia.

 

11.             La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para resolver el presente conflicto de competencia. Esto, por cuanto (i) el asunto involucra a una autoridad administrativa del orden nacional que, de conformidad con su distribución interna de competencias, está a cargo de decidir determinados asuntos –Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá–; (ii) sin que la Sala pretenda caracterizar el asunto sub examine, este podría ser, eventualmente, de naturaleza administrativa en caso de que se determine que la competencia para adelantar la actuación disciplinaria corresponde a la procuraduría; (iii) el conflicto versa sobre un asunto concreto, esto es, la investigación disciplinaria adelantada en contra de Fabian Ricardo Cruz Carrillo, y (iv) involucra, de un lado, a una autoridad administrativa y, de otro, a una autoridad judicial. Por tanto, el presente trámite de conflicto de competencia será remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- Declararse INHIBIDA, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, referida a la investigación disciplinaria adelantada en contra de Fabian Ricardo Cruz Carrillo, como auxiliar de la justicia.

 

SEGUNDO.- REMITIR el expediente CJU-3351 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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