Sentencia A. 1436/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1436/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Solicitudes de ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1436 DE 2024

 

Referencia: Expediente CJU-5736

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – y el Juzgado 69 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D. C., 28 de agosto de 2024

 

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Constitución, la Sala Plena de la Corte Constitucional profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Por medio de providencia del 2 de noviembre de 2016, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera –aceptó el desistimiento de la demanda de reparación directa con radicado No. 11001-33-36-037-2015-00229-01 presentada por Luis Alberto Puentes Romero en contra del departamento de Cundinamarca y condenó en costas a la parte demandante[1].

 

2.                 El 22 de mayo de 2018, el departamento de Cundinamarca, por medio de apoderada judicial, presentó ante el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – solicitud de ejecución conexa de costas procesales e intereses moratorios ordenadas por ese despacho mediante el auto del 2 de noviembre de 2016 y en contra del señor Luis Alberto Puentes Romero[2].

 

3.                 Por medio de auto del 5 de septiembre de 2018, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – libró mandamiento de pago a favor del departamento de Cundinamarca y en contra de Luis Alberto Puentes Romero por la suma de setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($737.717) e intereses moratorios[3].

 

4.                 El 19 de septiembre de 2023, la apoderada de la parte demandante le solicitó al mencionado juzgado proferir auto que ordenara seguir adelante con la ejecución[4]. Sin embargo, mediante auto del 8 de noviembre de 2023, dicha autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción[5]. Fundamentó su decisión en el Auto 1329 de 2022 de la Corte Constitucional donde se estableció que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, conoce de los procesos ejecutivos en los que se pretenda la ejecución de una condena en costas impuesta a un particular en un proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También citó el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 1 del artículo 18 del Código General del Proceso (CGP) y el artículo 25 de la misma norma. Por consiguiente, ordenó la remisión del asunto a los juzgados civiles municipales de Bogotá[6].

 

5.                 Por reparto, el presente asunto le correspondió al Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá. Mediante auto del 16 de mayo de 2024, esa autoridad judicial rechazó la demanda por falta de competencia con fundamento en la cuantía del proceso. En consecuencia, remitió el asunto a los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples de Bogotá[7].

 

6.                 El asunto fue repartido al Juzgado 69 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, mediante auto del 8 de julio de 2024, declaró su falta de jurisdicción y propuso conflicto negativo entre jurisdicciones[8]. Para ello citó el Auto 1028 de 2023 de la Corte Constitucional e indicó que, según este Tribunal, los procesos ejecutivos adelantados por la administración en contra de una persona natural, como consecuencia de una condena proferida en el marco de un proceso que se llevó al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y emitida por el mismo juzgado ante el cual se solicita la ejecución, se deben tramitar por dicha jurisdicción. También refirió el numeral 6 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1 del artículo 297 de la misma ley. Por lo anterior, remitió el asunto a la Corte Constitucional.

 

7.                 El 26 de julio de 2024, el expediente le fue repartido al magistrado sustanciador y fue remitido al despacho el 30 de julio siguiente[9].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                 Competencia

 

8.                 De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

2.                 Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

9.                 La Corte Constitucional ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso. Lo anterior, porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo) o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).

 

10.             De forma reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se acrediten los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal[10]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos, tal como se explica en la Tabla 1.

 

 

3.       Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer la solicitud de ejecución de las obligaciones contenidas en las providencias judiciales proferidas por esa jurisdicción, dentro del mismo proceso en el que fueron dictadas. Reiteración del Auto 008 de 2022

 

11.             En el Auto 008 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la competencia para conocer de las solicitudes que buscan la ejecución de condenas impuestas dentro del mismo proceso judicial en el que se emitió la decisión judicial condenatoria recae en el juez de conocimiento. Es decir, en el juez que profirió la providencia cuyo cumplimiento se solicita.

 

12.             Por esta razón, el conocimiento de las solicitudes de ejecución de las condenas impuestas mediante providencias judiciales, cuando estas fueron proferidas en el trámite del medio de control de reparación directa y dictadas por un juez de lo contencioso administrativo, le corresponde a esa jurisdicción. Esto con independencia de la naturaleza del sujeto ejecutado, siempre que se hagan dentro del mismo proceso de conocimiento.

 

13.             En la referida decisión, la Corte afirmó que a partir del artículo 306 del CGP, aplicable por remisión del CPACA, es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio. En ese sentido, ha de entenderse que la solicitud de ejecución de providencias pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso, que no constituye una nueva demanda ejecutiva separada o independiente. Finalmente, se determinó que en el asunto se aplicaría la subregla según la cual “la jurisdicción competente para conocer las solicitudes de ejecución de condenas emitidas en providencias judiciales será la misma que emitió la decisión correspondiente cuando se pretenda la ejecución a continuación y en el mismo proceso en el que se profirió la condena”.

 

14.             En ese sentido, el Auto 008 de 2022 estableció como regla de decisión que: “el conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción”[11]. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y 306 del CGP.

 

4.       Caso concreto

 

15.             En el presente caso, se evidencia que el departamento de Cundinamarca interpuso ante el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – demanda ejecutiva para la ejecución de la condena en costas decretada dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 11001-33-36-037-2015-00229-01 adelantado ante dicha autoridad judicial.

 

16.             Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por esta Corporación en el Auto 008 de 2022, la Corte resolverá el conflicto en el sentido de declarar que le corresponde al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – conocer la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el departamento de Cundinamarca en contra del señor Luis Alberto Puentes Romero. Esto, por tratarse de una petición conexa al proceso conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de los artículos 298 y 306 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 306 del CGP.

  

III.    DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – y el Juzgado 69 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y DECLARAR que le corresponde al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – el conocimiento de la solicitud de ejecución promovida por el departamento de Cundinamarca en contra de Luis Alberto Puentes Romero.

 

Segundo. Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIRLE el expediente CJU-5736 al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera – para lo de su competencia y para que les comunique la presente decisión al Juzgado 69 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y a los sujetos procesales e interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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