A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta.

Encontró la Corte que en este caso se presentó un conflicto aparente porque la Corte Suprema consideró que el precitado Tribunal no era competente para conocer la acción de tutela y, en consecuencia, no tenía competencia para conocer la impugnación formulada contra el fallo de primera instancia.

La anterior decisión se adoptó sin alegar ni demostrar que se incumpliera alguno de los factores de competencia previstos en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

Consideró la Sala Plena de la Corporación que a pesar de que la controversia se originó en reglas de reparto, cuando el Tribunal asumió el conocimiento de la solicitud de amparo, originó allí la competencia para resolverla en aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis.

Se remitió el expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión de segunda instancia a la que haya lugar.

Se advirtió a la precitada autoridad que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Así mismo se le advirtió que, en lo sucesivo, adecúe sus actuaciones en materia de competencia de tutela al principio de perpetuatio jurisdictionis y, en consecuencia, se abstenga de declarar la nulidad de lo actuado y modificar la competencia en primera o en segunda instancia.

Igualmente, se le advirtió que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.