Sentencia A. 1389/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1389/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1389 DE 2025

 

Referencia: Expediente ICC-5114

 

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta, Magdalena, y el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha, La Guajira.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade

 

Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente Auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El señor José Mauricio Sánchez Castañeda presentó una acción de tutela[1] en contra del Hospital Armando Pabón López de Manaure, la Alcaldía de Manaure, y la Policía Nacional, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. Según el encabezado de la demanda, esta fue dirigida al “Juez de Circuito (Reparto)” de Riohacha[2].

 

2.                 Para fundamentar la solicitud de amparo, el accionante relató que, el 2 de julio de 2025, radicó peticiones ante las accionadas, pero cumplido el término legal con el que contaban aquellas para contestar, no obtuvo respuesta alguna. Al escrito de la tutela anexó las peticiones formuladas, en las cuales el accionante manifiesta estar domiciliado en la ciudad de Santa Marta. No obstante, como dirección de notificaciones, el actor solo indicó una dirección de correo electrónico, y un número telefónico[3].

 

3.                 El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Manaure, despacho judicial que, mediante Auto del 30 de julio de 2025[4], decidió remitir el asunto por competencia a los juzgados civiles del circuito de Riohacha (Reparto) para su trámite. Para fundamentar su decisión, sostuvo que, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela dirigidas contra autoridades del orden nacional correspondían a los jueces del circuito, y resaltó que la tutela estaba dirigida, entre otras, contra la Policía Nacional.

 

4.                 Efectuado el nuevo reparto[5], el proceso le correspondió al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha, autoridad que, mediante Auto del 31 de julio de 2025[6], resolvió declarar que carecía de competencia para conocer del asunto, y ordenó su remisión a los jueces del circuito de Santa Marta. El juez argumentó que el lugar de notificación es determinante para establecer el lugar al que se extienden los efectos de la vulneración del derecho de petición, y que, según lo consignado en las peticiones elevadas por el accionante, se habría establecido que el actor recibiría notificaciones en la ciudad de Santa Marta. 

 

5.                 Efectuado nuevamente el reparto[7], el proceso le correspondió al Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta, autoridad que, mediante Auto del 31 de julio de 2025[8], resolvió no avocar el conocimiento de la tutela y proponer conflicto negativo de competencia con el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha. Además, dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional “para lo de su cargo”. El juez alegó que el accionante, en sus peticiones, había indicado que recibía notificaciones en el correo electrónico invg.jur.criminalistico@gmail.com y no en una dirección física, y que, si bien en sus peticiones había manifestado que estaba domiciliado en Santa Marta, en el escrito de tutela no aclaró dicha circunstancia, y se limitó a poner en el encabezado “Riohacha” y, en los pies de página, la nomenclatura de su dirección, sin indicar a qué municipio correspondía. En ese sentido, alegó que “(…) los hechos en que se funda el escrito tuitivo dan cuenta que las entidades accionadas se encuentran en el municipio de Manaure – La Guajira y el actor solicitó se notificara por correo electrónico como acaba de verse, y en todo caso el accionante eligió promover la acción en tal municipalidad, por ello carece esta agencia judicial de competencia territorial para estudiar esta acción constitucional”[9].

 

6.                 El 04 de agosto de 2025, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta remitió el expediente a la Corte Constitucional, para que resolviera el conflicto de competencias suscitado[10]. En la misma fecha, la Secretaría General de la Corte radicó el expediente[11], y luego, el 06 de agosto del año en cita, la Sala Plena lo repartió. El día 08 de agosto de 2025 el expediente fue remitido al despacho del magistrado ponente.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[12]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[13] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales^[14], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

8.                 En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, conforme con lo previsto en el inciso 1° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[15]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva.

 

9.                 De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[16]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las Autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella, las Autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[17], en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

10.             Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante pues, en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[18], se ha interpretado que existe un interés del Legislador en proteger la libertad del actor, en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[19].

 

11.             De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[20] o al sitio donde tenga su sede el ente demandado[21]. En efecto, la Corte ha expresado que la competencia por este factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta violación de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio o sede de alguna de las partes.

 

III.    CASO CONCRETO

 

12.             De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)           Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en el factor territorial, toda vez que tanto el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha como el Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta fundamentaron su falta de competencia en argumentos relacionados con el lugar en el que habría ocurrido la presunta vulneración al derecho de petición del accionante, y con el lugar al que se extenderían sus efectos (ver fj. 4 y 5 supra).

 

(ii)        No se configuró un conflicto de competencia, ni un conflicto aparente de competencia con el Juzgado Promiscuo Municipal de Manaure, pues las demás autoridades judiciales que conocieron posteriormente del asunto no rebatieron la argumentación presentada por aquel despacho.  

 

(iii)     La Sala considera que el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha es el competente para conocer de la tutela, atendiendo al factor territorial, teniendo en cuenta que dicho despacho judicial, como juez del circuito, tiene competencia en el municipio de Manaure, donde habría ocurrido la vulneración al derecho de petición del accionante. Lo anterior, recordando que las entidades ante las cuales dirigió sus peticiones[22] tienen su domicilio en el municipio de Manaure, y es donde debían contestar las solicitudes elevadas por el aquí accionante. Esto, incluyendo a la Policía Nacional, en el entendido que la petición objeto de la tutela, presentada a tal entidad, está dirigida a la “Policía Nacional de Manaure-Guajira”.

 

(iv)      Por otra parte, la Sala considera que el Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta también sería competente para conocer de la tutela en virtud del factor territorial, puesto que se acreditó que el accionante se encuentra domiciliado en dicha ciudad, de lo cual se infiere que allí se extienden los efectos de la vulneración a su derecho de petición. No obstante, y ante la concurrencia de competencias de las autoridades en conflicto, es necesario dar aplicación al criterio a prevención, privilegiando la elección del accionante, quien dirigió su escrito a los jueces del circuito de Riohacha (supra 1).

 

(v)        Por lo anterior, esta Corporación enviará el expediente ICC-5114 al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar[23].

 

(vi)       Finalmente, se advertirá al Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta que, en lo sucesivo, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 31 de julio de 2025, proferido por el Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el señor José Mauricio Sánchez Castañeda en contra del Hospital Armando Pabón López de Manaure, la alcaldía de Manaure, y la Policía Nacional.

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-5114 al Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

TERCERO: ADVERTIR al Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta que, siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, éste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

CUARTO: Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante, al Juzgado 002 Civil del Circuito de Santa Marta y al Juzgado 002 de Familia del Circuito de Riohacha.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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