A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad.

Constató la Corte que en este asunto sólo se presentó un conflicto a aparente de competencia, en la medida en que el primer despacho decidió tomar las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1983 de 2017 para declararse incompetente y no emitir pronunciamiento de fondo.

Con dicha actuación, esta autoridad aplicó una regla de reparto que no desplazaba su competencia, afectando con ello la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante, en contravía de lo establecido por la Corte en reiterada jurisprudencia, en el sentido de que las disposiciones previstas en dicho decreto constituyen simples pautas de reparto que no pueden ser invocadas por ningún juez para abstenerse de asumir la competencia.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al precitado juzgado para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión a la que haya lugar.

Se advierte a esta autoridad que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en la norma jurídica que invocó en esta oportunidad.

Al otro juzgado se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.