Sentencia A. 1336/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1336/24

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1336 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5622

 

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto y la Fiscalía 30 Seccional de Tumaco -Nariño-

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones.

El 1° de febrero de 2020, a la 10:00 horas[1], en la vereda Santa Rosa del corregimiento del rio mexicano de Tumaco, Nariño, se presentó una confrontación entre miembros de la Policía Nacional (ESMAD) y personas dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos, quienes con elementos contundentes y cortopunzantes[2], entre otros, trataban de impedir que se realizara el procedimiento de control de disturbios en fase de erradicación. De acuerdo con el informe[3], luego de agotar la vía del dialogo, fue necesario el uso de la fuerza por parte del ESMAD, que empleó armas como granadas de aturdimiento, granadas multi impacto, cartuchos de gas de CS 40 y 37 milímetros y granadas de humo[4] para dispersar la multitud y restablecer las condiciones de seguridad y el orden[5]. En dicho contexto, Segundo Martín Girón Zambrano fue lesionado en su cabeza con objeto contundente[6] y, posteriormente, falleció en un centro médico del municipio[7]. Por estos hechos se inició un proceso penal contra Juan Camilo Ocampo Díaz[8], Faiber Eduardo Montenegro Ibarra[9], Licimaco Mosquera[10], Jerson Darley Uzurriaga Banguera[11], José Ibert Caicedo Riascos[12], y Juan Yesid Banguera Banguera[13] (en adelante los patrulleros)[14], por el delito de homicidio.

 

2.   De acuerdo con oficio del Grupo Regional de Ciencias Forenses[15],  el objeto que causó la herida en la cabeza del señor Girón fue un “dispositivo o elemento que se asimilaría a que su constitución sea compatible o metálica material baquelita, como aquellos que pueden ser similares algún tipo de granada de dispersión antimotines” (…) corresponde a un proyectil de forma cilíndrica, con punta roma y circular de un diámetro de 40 mm, con una velocidad igual o superior a 150 m/s, con la capacidad de producir fractura multifragmentaria”[16]. En el mismo sentido se consignó: “(…) el arma que puso haber lanzado este tipo de proyectil corresponde a un arma lanzadora de las siguientes características: arma lanzadora para: cartuchos de gas CS calibre 40 m.m. (…) cartuchos de gas calibre 37/38 m.m.”[17].

 

3.   El 1° de febrero de 2020, el CR. Ignacio Euclides Meza Meza radicó denuncia por estos hechos[18].  El 22 de diciembre de 2022[19], el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto abrió investigación formal en contra de los patrulleros (§ 1) por el delito de homicidio y los identificó como los agentes que utilizaron cartuchos de gas CS calibre 40 m.m. y 37/38 m.m. Al resolver la situación jurídica, el juzgado se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento[20].

 

4.   El Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto, mediante comunicaciones del 1° de febrero de 2023[21], 3 de mayo de 2023[22] y del 15 de febrero de 2024[23], reclamó competencia respecto de la investigación por los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2020 -noticia criminal No. 528356000541202000028-, por el delito de homicidio.

 

5.   Decisión de la Fiscalía General de la Nación. El 1º de abril de 2024[24], en respuesta al oficio No. 0293 S 2838 / MDN – DEJPM- J182IPM[25], la Fiscal 30 Seccional de Tumaco, Nariño, indicó que la investigación de los hechos ocurridos el 1º de febrero de 2020, se encuentra en etapa de indagación. Específicamente, señaló: “(…) continúa recaudando elementos materiales probatorios que permitan establecer los hechos acaecidos. Una vez se culmine esta etapa y según directrices emanadas de nivel central se deberá someter la investigación a un Comité Técnico Jurídico para establecer si la competencia radica en la Justicia Penal Militar o en la Jurisdicción Ordinaria. Una vez se determine el competente, se le comunicara para lo pertinente”[26]. 

 

6.   Decisión de la justicia penal militar. El 14 de junio de 2023, el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto declaró su competencia para conocer el asunto y propuso conflicto positivo de jurisdicciones. Argumentó que en el caso concurren los elementos para activar la competente de la jurisdicción penal militar, a partir de los siguientes argumentos: (i) que el delito sea cometido por un miembro de la fuerza pública en servicio activo. Sostuvo que los investigados se encontraban en servicio activo como patrulleros[27]; (ii) que el delito guarde relación clara, próxima y directa con la misión del servicio. Afirmó que los patrulleros se encontraban cumpliendo actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos; (iii) que entre el delito cometido y el servicio exista un nexo claro de causalidad. Argumentó que los policías pertenecen a la fuerza pública y cumplían funciones policiales en desarrollo de la erradicación de cultivos ilícitos; y (iv) que en caso de que exista duda o cuando el comportamiento, por su sola comisión rompa el nexo causal del delito con el servicio, la competencia para conocer de esos hechos es de la justicia ordinaria, y no la justicia penal militar. Señaló que no existe duda respecto a que los hechos objeto de análisis deben ser de conocimiento de la jurisdicción especializada, pues se trató de un procedimiento de policía en el que se hizo uso de la fuerza a través de las armas menos letales con el único fin y propósito de dispersar a la comunidad. Así, concluyó que se cumplen los requisitos de fuero penal militar, de acuerdo con las sentencias C-358 de 1997 y C-878 de 2000[28].

 

7.   El 17 de junio de 2024[29] el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto remitió el asunto a esta corporación; el 5 de julio siguiente se repartió al magistrado sustanciador y el 9 de julio siguiente[30] se remitió el expediente al despacho.

 

II. CONSIDERACIONES

 

8.    Esta corporación ha indicado que los conflictos entre jurisdicciones surgen cuando “(…) dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[31]. La Sala Plena de la Corte Constitucional profirió el Auto 155 de 2019[32], en el que señaló que se requiere la configuración de tres presupuestos para que se acredite un conflicto de competencia entre jurisdicciones, así: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[33]; (ii) presupuesto objetivo, en tanto es necesaria la existencia de una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia. Es decir, se debe constatar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[34]; y (iii) presupuesto normativo, que exige que las autoridades con posturas en conflicto hayan expresado claramente, mediante un pronunciamiento formal, las razones constitucionales o legales por las cuales consideran que tienen o no la competencia para conocer del caso[35].

 

9.   Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de un conflicto de competencia entre jurisdicciones con la justicia penal militar. Reiteración de los Autos 704 de 2021[36] y 1168 de 2021[37]. Según el Auto 704 de 2021, la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004 “(…) se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos”.

 

10.   En el aludido auto, se estableció como regla de decisión que “[e]n los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar: (i) en casos que involucren posibles graves violaciones de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación está legitimada para proponer el conflicto, con el fin de garantizar los principios de economía y celeridad procesal y de acceso y eficacia de la administración de justicia, y (ii) cuando exista una duda acerca de si la actuación de un agente se desarrolló en cumplimiento del servicio, se entiende que no se cumple el elemento funcional del fuero penal militar, esto es, que su conducta tenga relación directa con el servicio (…)”[38].

 

11.   Por su parte, en el Auto 1168 de 2021^[39], sobre la noción de graves violaciones a Derechos Humanos, esta corporación destacó la existencia de graves violaciones de estos derechos y reconocidas a nivel internacional, tales como: “las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso, las masacres, la detención arbitraria y prolongada, el desplazamiento forzado,  la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento forzado de menores de edad”.

 

12.   Asimismo, identificó ciertas conductas como graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo delitos de lesa humanidad, algunos crímenes de guerra y genocidio. También indicó que hay elementos distintivos que permiten establecer la existencia de una grave violación, tales como: “(i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra”[40].

 

III. CASO CONCRETO

 

13.   En el presente caso no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena observa que no se cumple con el presupuesto subjetivo para concluir que ha existido tal conflicto. Esto se debe a que la Fiscalía 30 Seccional de Tumaco, Nariño, que podría estar interesada en continuar el proceso penal contra los patrulleros por los hechos investigados bajo la noticia criminal No. 528356000541202000028, por el delito de homicidio, no ha presentado fundamentos legales o constitucionales que justifiquen su posición respecto de asumir o rechazar la competencia para continuar el proceso penal contra los patrulleros, habida cuenta de que aún se encuentra en etapa de indagación. En este sentido, aún no se ha demostrado la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004.

 

14.   De acuerdo con lo acreditado (§ 5), la Fiscal 30 Seccional de Tumaco, Nariño, se pronunció respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2020 y señaló que se encuentra en etapa de indagación. La fiscalía está recopilando elementos materiales probatorios para establecer los hechos, y una vez concluida esta etapa, la investigación se someterá a un Comité Técnico Jurídico para determinar si corresponde a la justicia penal militar o a la jurisdicción ordinaria.

 

15.   Aunque el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto reclamó su competencia para conocer del asunto y propuso un conflicto positivo de jurisdicciones, esto no es suficiente para iniciar el trámite de resolución del conflicto. La fiscalía aún no reclamó o negó tener competencia para juzgar a los patrulleros, ni presentó argumentos respecto de la ocurrencia de una grave violación de derechos humanos que la legitime para proponer el conflicto. Tampoco explicó las razones fácticas, jurídicas y probatorias que sustentan dicha competencia. Es así como, sin una declaración clara de competencia por parte de la fiscalía y una argumentación sustancial que explique y respalde esta posición, no se cumple con los presupuestos necesarios para que se considere que existe un verdadero conflicto de jurisdicciones y, en particular, que se configure el elemento normativo. Es importante recordar que, si no se trata de graves violaciones a los derechos humanos, deberá ser un juez penal quien se pronuncie sobre el asunto y no la Fiscalía, ya que de lo contrario la Corte se declararía nuevamente inhibida.

 

16.   De acuerdo con lo expuesto, la Corte se inhibirá de decidir el asunto porque no existe un conflicto de competencia entre jurisdicciones en el expediente remitido por el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para resolver el aparente conflicto de competencia entre jurisdicciones remitido por el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-5622 al Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto para lo de su competencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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