A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Considera la Sala que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente en la medida en que la Sala Penal realizó un estudio de fondo, respecto de la integración del contradictorio, en el momento de la admisión de la tutela y con base en ello aplicó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y modificadas por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la misma.

De esa manera, le otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico, el cual, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia son pautas de reparto.

Recuerda la Corte que si un juez constitucional considera que su objetividad podría verse comprometida, no resulta aceptable que se declare incompetente para conocer el asunto, sino que debe presentar el correspondiente impedimento, pues dicha manifestación no tiene la virtualidad de afectar la competencia.

Tras considerar que la autoridad competente para resolver la acción de tutela es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, se ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

Se hace un exhorto a esta autoridad para que, en lo sucesivo, observe las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y evite formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional: Así mismo se le recuerda que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.