Sentencia A. 1241/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1241/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1241 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6800

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la que prevé el artículo 241.11 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

                                                                                 

AUTO

 

 I.            ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial. El 9 de mayo de 2024[1], José Fernando Patiño Recio radicó ante los juzgados laborales del circuito de Bogotá D.C. —reparto— una demanda ordinaria laboral[2] en contra de la Radio Televisión Nacional de Colombia S.A.S. (en adelante, RTVC). En su escrito, el demandante solicitó que la autoridad judicial: (i) declare la existencia de una relación laboral con RTVC entre el 17 de diciembre de 2020 y el 28 de noviembre de 2023, en calidad de “trabajador oficial”, con un último salario de $12.816.384; (ii) reconozca que el vínculo laboral entre el demandante y RTVC finalizó por “despido indirecto”, “como consecuencia de los múltiples incumplimientos por parte de la empleadora de realizar el pago de las prestaciones sociales”[3] y, (iii) condene a RTVC a pagar a su favor la liquidación final con base en todos los conceptos a los que hubiera lugar[4]. Subsidiariamente, el demandante solicitó ordenar a RTVC pagar “la indexación y/o corrección monetaria de los salarios, prestaciones sociales dejadas de pagar”[5].

 

2. El demandante alegó que trabajó para RTVC “de manera ininterrumpida” desde “el 17 de diciembre de 2020 [y] hasta el 28 de noviembre de 2023” en una relación laboral que “fue encubierta mediante la suscripción de varios contratos de prestación de servicios”[6]. Agregó que durante ciertos períodos laboró incluso sin que mediara un contrato escrito, pero en el marco de la misma modalidad no laboral de prestación de servicios, por ejemplo, en los meses de marzo y abril de 2021. Añadió que mientras prestó sus servicios a RTVC, tuvo los siguientes deberes: (i) entregar informes periódicos mensuales; (ii) cumplir con un horario que RTVC determinaba; (iii) estar en “disponibilidad” en ciertos horarios y, (iv) llevar a cabo ciertas funciones, relativas a la presentación de televisión. Así mismo, afirmó que estaba sometido a órdenes de RTVC, y que la entidad le brindaba las herramientas necesarias para cumplir su trabajo[7]. A continuación se presenta una tabla que ilustra los contratos suscritos con RTVC:

 

Tabla 1. Contratos suscritos con RTVC

 

3. El demandante agregó que el 28 de diciembre de 2023, presentó carta de renuncia motivada por el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales a su favor[8]. Luego, el 15 de diciembre de 2023, remitió una “reclamación de acreencias laborales”. Sin embargo, el 29 de diciembre siguiente, RTVC respondió que no era “posible acceder a lo peticionado”[9].

 

4. Pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social. El 1 de noviembre de 2024, el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Bogotá declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto, y remitió el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. Lo anterior, con base en tres argumentos. Primero, sostuvo que la Corte Constitucional determinó, por medio del Auto 492 de 2021, que “cuando se cuestiona la legalidad de los contratos de prestación de servicios celebrados con una entidad pública, la única autoridad avalada para proceder a la revisión de un contrato estatal y determinar si se celebró y ejecutó realmente un vínculo de tal naturaleza o un contrato laboral, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo”[10]. Segundo, precisó que en este caso no es viable aplicar la regla de competencia según se trate de una persona trabajadora oficial o empleada pública, pues no existe “certeza sobre la naturaleza de un vínculo contractual o legal y reglamentario”[11]. Tercero, aclaró que, por medio del auto 901 de 2021, la Corte Constitucional extendió la aplicación de la regla de decisión del Auto 492 de 2021 a los “eventos en los que el conflicto de jurisdicciones también surge en el marco de un proceso ordinario laboral”[12].

 

5. Pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El 30 de mayo de 2025, el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda propuso conflicto de jurisdicciones y remitió el asunto a la Corte Constitucional “para lo de su competencia”[13]. Lo anterior, con base en tres argumentos. Primero, según los artículos 104 y 155.2 del CPACA[14], en el ámbito laboral, la jurisdicción de lo contencioso administrativo solo “conoce de los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”[15]. Esto excluye las controversias laborales mediadas por un contrato laboral. Segundo, de conformidad con el artículo 2 del CPTSS[16], “los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en un contrato de trabajo, serán de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Laboral”[17]. Tercero, la controversia sub examine “claramente se funda en el reconocimiento de un contrato de trabajo a término indefinido como trabajador oficial de […] RTVC”[18].

 

6. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue remitido a esta Corporación el 12 de junio de 2025[19]. Posteriormente, el 17 de junio de 2025 la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 16 de junio del mismo año[20].

 

II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

7. La Corte Constitucional es competente para resolver conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

8. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre los juzgados 004 Laboral del Circuito de Bogotá y 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda interpuesta por José Fernando Patiño Recio en contra de RTVC, con el propósito de que se declare que entre él y la demandada existió una relación laboral, así como el pago de las prestaciones laborales consecuentes. A esos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si este caso cumple los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos entre jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, y de encontrar acreditados tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de las controversias relacionadas con las demandas instauradas debido a presuntas relaciones laborales encubiertas por la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado (II. 4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II. 5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

9. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones ocurren cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[21]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos suceda es necesario acreditar tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[22], los cuales explica el siguiente cuadro:

 

Tabla 2. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

 

10. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer la demanda que formuló José Fernando Patiño Recio satisface los requisitos subjetivo, objetivo y normativo de configuración de un conflicto de jurisdicciones, como pasa a explicarse:

 

10.1.      Cumple el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (i) el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Bogotá, que integra la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, y (ii) el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo [26].

 

10.2.      Satisface el presupuesto objetivo, puesto que el conflicto versa sobre el conocimiento del proceso que promovió el señor José Fernando Patiño Recio, que tiene como propósito obtener el reconocimiento de una relación laboral entre el demandante y RTVC, y el pago de las prestaciones laborales consecuentes, el cual amerita una resolución de naturaleza judicial.

 

10.3.      Acredita el presupuesto normativo, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones jurídicas por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (párrs. 4 y 5 supra).

 

4.     La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer asuntos relacionados con presuntas relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios. Reiteración de los autos 492 y 901 de 2021

 

11. En el Auto 492 de 2021^[27], la Sala Plena concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir las demandas que buscan “determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”. Lo anterior, porque en estos procesos (i) se discute la legalidad de contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas (contratos estatales) cuya revisión, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como al inciso primero y al numeral 2 del artículo 104 del CPACA, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, (ii) se suele examinar la validez de actos administrativos por medio de los que la entidad negó la existencia de una relación laboral y la solicitud de pago de prestaciones y acreencias laborales.

 

12. En ese orden de ideas, el objeto del proceso es determinar si se configuró relación laboral alguna con el Estado, por medio de uno^[28] o varios contratos de prestación de servicios, lo cual implica “un juicio sobre la actuación de la entidad pública”. Por otra parte, la Sala aclaró que los criterios orgánico y funcional no son relevantes para estos casos, pues “se trata de evaluar (i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de (ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral”.

 

13. En el Auto 901 de 2021^[29], la Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la regla de decisión del Auto 492 de 2021 y la consideró aplicable incluso cuando la causa judicial que da origen al conflicto surge de una demanda presentada ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social. Así lo ha reconocido también esta Corporación por medio de, entre otros, los autos 1442 de 2023 y 736 de 2025.

 

14. Por consiguiente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y decidir las controversias que surjan de la existencia de una relación laboral presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

 

5.     Caso concreto

 

15. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del asunto sub examine. La Sala Plena concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir la demanda que interpuso José Fernando Patiño Recio en contra de RTVC. Esto, porque el demandante (i) afirma haber prestado sus servicios por medio de la suscripción de sucesivos contratos estatales de prestación de servicios con RTVC (párr. 2, supra) y, (ii) pretende el reconocimiento de una relación laboral por los servicios prestados a tal entidad. De otro lado, RTVC es una entidad pública, constituida como “sociedad entre entidades públicas, indirecta, del orden nacional, del tipo de sociedades por acciones simplificadas, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”[30].

 

16. Conforme a estas premisas, el objeto de la controversia sub examine es determinar si la relación laboral que alegó el demandante, en efecto, estuvo encubierta por medio de la suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. Esto implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública demandada, circunstancia que de conformidad con la regla del Auto 492 de 2021, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993[31], le corresponde a esa jurisdicción evaluar si las funciones que cumplía el demandante requerían de un conocimiento especializado o, por el contrario, el personal de planta de la entidad podía llevarlas a cabo.

 

17. En consecuencia, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda. Por lo tanto, ordenará remitir el expediente CJU-6800 para lo de su competencia y para que comunique esta decisión.

 

18. Regla de decisión. “De conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción [de lo contencioso administrativo] es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”[32].

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda de José Fernando Patiño Recio, que tiene como propósito obtener el reconocimiento de una relación laboral entre el demandante y RTVC, y el pago de las prestaciones laborales consecuentes, en el sentido de DECLARAR que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda, es la autoridad competente para conocer del proceso.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6800 al Juzgado 014 Administrativo Oral de Bogotá—Sección Segunda, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 004 Laboral del Circuito de Bogotá, y a los sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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