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Auto A1217/25

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA-Demandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1217 DE 2025

 

Referencia: Expediente D-16531

 

Demandante: Estiguan Navas Barrios

 

Asunto: Recurso de súplica en contra del auto de 10 de julio de 2025, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo (parcial) del artículo 1 de la Ley 1314 de 2009, “[p]or la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera 

                                                         

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

                 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, cumplidos los requisitos previstos por el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Acuerdo 1 de 2025, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 4 de abril de 2025, Estiguan Navas Barrios presentó una demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la expresión “o la contabilidad de costos”, contenida en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1314 de 2009, “[p]or la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados por Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. A continuación, se transcribe la disposición demandada, en los términos propuestos por el demandante:

 

“Ley 1314 de 2009

 

(marzo 2)[1]

 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

 

 

Artículo 1. Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, en los términos establecidos en la presente ley.

[…]

Parágrafo. Las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos”[2] (énfasis original).

 

 

2.                 El 23 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió la demanda al magistrado Miguel Polo Rosero (el magistrado sustanciador).

 

1.                 Demanda

 

3.                 El accionante advirtió que la disposición demandada desconoce los artículos 13, 20, 158, 333 y 334 de la Constitución Política[3]. Para exponer sus argumentos formuló cuatro pretendidos cargos de inconstitucionalidad. El pretendido cargo primero se fundamentó en una alegada vulneración del “principio de unidad de materia y coherencia legislativa consagrado en el artículo 158 de la Constitución”[4]. Al respecto, el demandante indicó que “la materia y finalidad de la Ley 1314 […] es la regulación integral de la información financiera empresarial bajo estándares internacionales, para mejorar la calidad de dicha información y contribuir al interés público económico”[5]. A su juicio, la contabilidad de costos “se enmarca claramente en esa materia, por cuanto […] forma parte del ciclo de generación de información financiera empresarial y tiene impacto directo en la consecución de los objetivos de la ley”[6]. Sin embargo, “el parágrafo impugnado sustrae la contabilidad de costos del ámbito de regulación, creando una excepción que choca frontalmente con el objetivo general”[7] de la ley demandada. Luego, vulnera el principio de unidad de materia porque (i) “hay una ausencia de justificación suficiente en el proceso legislativo acerca de por qué se decidió excluir la contabilidad de costos”[8]; (ii) “la exclusión [introducida] por el parágrafo socava el cumplimiento integral del objeto de la ley […] [y] disminuye la efectividad de la ley para lograr información ‘única, homogénea y de alta calidad’”[9], y (iii) existe una “incoherencia normativa interna”[10], pues “la ley en su cuerpo principal ampliaba la noción de norma de contabilidad a herramientas analíticas y de evaluación […], pero seguidamente el parágrafo cercena esa extensión al prohibir intervenir en contabilidad de costos”[11].

 

4.                 El pretendido cargo segundo sostuvo que “la disposición demandada vulnera el principio-derecho de igualdad (art. 13 C.P.)”[12]. Esto, “al dar un trato diferenciados a un aspecto fundamental de la contabilidad empresarial (los costos) frente a los demás componentes de la información financiera”[13]. Para desarrollar estas premisas, el actor identificó “(i) cuáles son los términos de comparación relevantes (los ‘sujetos o situaciones comparables’), (ii) el trato dispar que establece la norma, y (iii) la falta de una justificación objetiva y razonable para dicho trato”[14]. En el siguiente recuadro la Sala sintetiza estos argumentos[15].

 

Tabla 1. Cumplimiento de las exigencias argumentativas específicas para formular cargos por violación del artículo 13 de la Constitución, según el demandante.

 

5.                 El pretendido cargo tercero argumentó que la disposición acusada “lesiona el derecho a recibir información veraz, cierta y adecuada, que se deriva del artículo 20 de la Constitución”[16]. Al respecto, el demandante consideró que con “la exclusión de la contabilidad de costos del marco regulatorio, se compromete la veracidad y suficiencia de la información financiera que las empresas presentan”[17]. Por un lado, cuestionó la veracidad de los estados financieros, pues “[s]i no hay lineamientos sobre costeo, existe riesgo de que las cifras reflejadas en estados financieros […] no sean fidedignas por defectos en la determinación de costo”[18]. Por otro lado, adujo que “[m]ás allá de la fidelidad numérica, la exclusión de los costos conlleva que ciertos aspectos informativos no estén siendo abordados ni divulgados de manera uniforme, restando suficiencia a la información disponible”[19]. Por lo demás, el accionante afirmó que “la ausencia de regulación de costos afecta la posibilidad de ejercer controles y sanciones en casos de información financiera”[20].

 

6.                 El pretendido cargo cuarto advirtió una vulneración de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política; vulneración fundada en que “la exclusión de la contabilidad de costos desconoce y dificulta el cumplimiento de los mandatos constitucionales de intervención del Estado en la economía para orientar el desarrollo productivo y asegurar los propósitos sociales de la actividad económica”[21]. Sobre el particular, consideró que el Legislador se “autoimp[uso] una limitación [consistente en] no intervenir en los costos”[22], lo que implicó “renunci[ar] parcialmente a un campo de intervención donde su actuar era necesario para lograr la plenitud de los fines perseguidos”[23] por la Ley 1314 de 2009. A su juicio, el “Estado, vía ley, podía y debía fomentar buenas prácticas de costos como parte de esa racionalización. Al abstenerse de hacerlo, la ley privó a la intervención económica de una herramienta clave”[24]. De hecho, adujo que “la no regulación de costos bien podría considerarse una omisión en el deber de intervenir para corregir fallas del mercado en materia de información”[25]. Con todo, precisó que su demanda no “trata de abogar por controles de precios ni algo semejante, sino de remarcar que la disponibilidad de información contable confiable (incluyendo costos) es un pilar para que las fuerzas del mercado operen saludablemente”[26]. Luego, “al no intervenir en costos, la ley dejó un flanco débil en la estructura de transparencia y eficacia de la economía, contraviniendo la directriz del art. 334 que manda al Estado a participar activamente en la economía para su mejora”[27].

 

7.                 En su escrito, el accionante también expuso algunas “consecuencias prácticas negativas que ha acarreado la exclusión normativa de la contabilidad de costos”[28]. En particular, se refirió a consecuencias (i) “en la profesión contable y debilitamiento del [Consejo Técnico de la Contaduría Pública] CTCP”[29]; (ii) “para las MIPYMES”[30], y (iii) “para la transparencia financiera y el control externo”[31]. De igual manera, aportó “ejemplos específicos de cómo la ausencia de un marco normativo de contabilidad de costos puede afectar el adecuado cumplimiento de estándares internacionales de información financiera (NIIF)”[32]. Por último, advirtió una serie de “inconsistencias internas detectadas dentro de la Ley 1314 que reflejan la irracionalidad de excluir la contabilidad de costos”[33].

 

8.                 En este contexto, el demandante solicitó a la Corte Constitucional “[d]eclarar inexequible (inconstitucionalidad) [sic] la parte del parágrafo del artículo 1° de la Ley 1314 de 2009, que dice: ‘o la contabilidad de costos’ por violación de los artículos 13, 20, 333, 334, y 158 de la Constitución Política”[34] (énfasis original). De manera subsidiaria, pretendió que “se exhorte al Congreso de la República y a las autoridades de la regulación contable a que, en el marco de sus competencias, emprendan la regulación de la contabilidad de costos como un componente indispensable de la información financiera y gerencial, corrigiendo el vacío normativo identificado”[35]. Este exhorto fue solicitado “con el fin de que, aun si no se declara la inexequibilidad, quede sentado por parte del Tribunal Constitucional la necesidad de que el [L]egislador aborde prontamente la materia, atendiendo a la importancia que para la competitividad, la transparencia económica y la profesión contable reviste la contabilidad de costos”[36]. En cualquiera de los casos, pidió “que la Corte disponga las comunicaciones de rigor al Congreso, al Gobierno Nacional (Ministerios de Hacienda y de Comercio), al [CTCP] y a las superintendencias involucradas”[37].

 

2.                 Inadmisión

 

9.                 Por medio del auto de 9 de mayo de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda. En concreto, encontró que “a pesar de los esfuerzos de la demanda, el reparo formulado no cumple con las cargas mínimas de argumentación para dar paso a un juicio de inconstitucionalidad”[38]. Respecto del pretendido cargo primero, el magistrado consideró que este “carece de razones ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[39] que lo sustenten. En primer lugar, indicó que el pretendido cargo primero carece de certeza porque “desde el título de la ley y el desarrollo de las demás disposiciones, se puede concluir con plena seguridad que la Ley 1314 de 2009 regula todo lo relacionado con las obligaciones de llevar la contabilidad de las personas naturales y jurídicas”[40]. Luego, el despacho “no enc[ontró] razones plausibles para considerar por qué la exclusión que cuestiona no tiene una relación estrecha y directa con la temática de todo el cuerpo normativo”[41].

 

10.             En segundo lugar, consideró que la demanda no satisfizo el requisito de especificidad porque olvidó “explicar cómo se desconoce el principio de unidad de materia, cuando el Legislador contempla normas que son al parecer contradictorias entre sí en un mismo cuerpo normativo”[42]. En tercer lugar, precisó que las “razones que trae a colación no son pertinentes, pues realiza un contraste con normas de naturaleza legal y no de naturaleza constitucional”[43] (énfasis añadido). En este contexto, concluyó que el pretendido cargo primero no expone “razones suficientes, pues el solo hecho que una norma sea presuntamente contradictoria del cuerpo normativo en el que está inserta, no la hace violatoria del principio de unidad de materia”[44].

 

11.             En relación con el pretendido cargo segundo, el magistrado sustanciador señaló que dicho cargo “carece de razones pertinentes, específicas y suficientes”[45]. De un lado, afirmó que los argumentos que desarrollan este pretendido cargo no son pertinentes porque “el demandante fund[ó] sus apreciaciones en la falta de regulación, pero omit[ió] el contraste objetivo con la Constitución”[46]. Por el contrario, sus argumentos “se sostienen en la preocupación del demandante sobre la ausencia de la contabilidad de costos”[47], así como en un supuesto “vacío en los lineamientos y regulaciones de las [NIIF]”[48]. Por ejemplo, al explicar el trato diferenciado, el demandante acudió “a las diferentes regulaciones que hay sobre la contabilidad financiera, las funciones de los contadores públicos y a las grandes empresas con las empresas pequeñas”[49]. Para el magistrado sustanciador, estos “argumentos no explican cómo el aparte demandado viola el derecho a la igualdad, toda vez que la exclusión de la contabilidad de costos se rige para todos los agentes e intervinientes del sistema contable”[50]. Por lo anterior, “no es claro cómo la norma en sí misma establece un trato diferenciado”[51].

 

12.             De otro lado, el magistrado sustanciador encontró que “las razones no son específicas, toda vez que no evidencian la existencia de una oposición objetiva entre la disposición demandada y el texto constitucional”[52]. Al respecto, informó que “el ciudadano insist[ió] en que hay una falta de regulación de la contabilidad de costos, pero no explic[ó] cómo la exclusión de la norma que cuestiona vulnera el derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución”[53]. En consecuencia, “pareciera que los argumentos expuestos por el demandante son sobre la inconveniencia de la exclusión y no sobre su presunta inconstitucionalidad, en línea con el incumplimiento de la carga de suficiencia”[54].

 

13.             En cuanto al pretendido cargo tercero, el magistrado sustanciador estimó que este “carece de razones ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[55] para adelantar el control abstracto de constitucionalidad propuesto. Esto, por tres razones. Primero, los argumentos que fundamentan este pretendido cargo no son ciertos, “toda vez que el demandante extrae una conclusión del contenido de la norma que no se desprende de ella”[56]. Por ejemplo, el demandante afirmó que la ausencia de regulación de la contabilidad de costos “implica que la contabilidad financiera y demás documentos fiscales puedan verse manipulados”[57]. Asimismo, alegó que “el hecho de excluir la contabilidad de costos implica dar información parcial de los estados financieros”[58]. Sobre el particular, el magistrado sustanciador consideró que estas afirmaciones “no se extraen del contenido normativo”[59] demandado, así como que “la norma que se cuestiona no regula ninguna situación de acceso a la información contable”[60]. Luego, “de los argumentos que expone el actor, no se entiende cómo la norma restringe o vulnera el derecho al acceso a la información, puesto que la contabilidad de costos tiene un impacto directo en la contabilidad financiera de una persona natural y jurídica, y en ella […] se reflejan los movimientos relevantes respecto de aquel componente”[61].

 

14.             Segundo, las razones esgrimidas por el demandante no fueron pertinentes, porque “no se plantean en términos del contenido de la Carta Política, particularmente sobre el derecho a la información, sino en apreciaciones subjetivas y de conveniencia sobre la exclusión de intervención de la contabilidad de costos”[62]. En otros términos, “no se comprende cómo la exclusión de la contabilidad de costos implica necesariamente mantener esta información bajo reserva”[63]. Tercero, el pretendido cargo tercero tampoco cumple con el requisito de especificidad, habida cuenta de que no logró “demostrar cómo se afecta el derecho a la información del aparte demandado, cuando la contabilidad financiera refleja lo más relevante de ese componente para la eventual intervención estatal”[64]. En este sentido, “no se comprende cuál es la necesidad, en términos financieros y constitucionales, de acceder a la contabilidad de costos, cuando esta hace parte de la gestión de las políticas internas de cada persona natural o jurídica”[65]. Por todo lo anterior, el pretendido cargo tercero no satisfizo el requisito de suficiencia.

 

15.             Respecto del pretendido cargo cuarto, el magistrado sustanciador concluyó que este carecía de pertinencia, especificidad y suficiencia. Por un lado, el pretendido cargo carece de pertinencia, pues se sostiene en razones que “se relacionan con aspectos de conveniencia y no sobre asuntos de naturaleza constitucional”[66]. Esto, porque el accionante “no explic[ó] cómo se ve afectada la potestad del Estado de intervenir en la economía al excluir la contabilidad de costos, pues, en todo caso, tiene dentro de sus funciones intervenir la contabilidad financiera de una empresa en situaciones de solvencia o toma de posesión, entre otras”[67]. En este contexto, el despacho encontró “relevante enfatizar que la intervención del Estado en la economía también encuentra límites dentro de la jurisprudencia constitucional, por tanto, es deber del demandante demostrar por qué en este caso, ese límite impuesto por el [L]egislador no es razonable ni proporcional”[68].

 

16.             Por otro lado, el pretendido cargo cuarto carecía de especificidad, porque “no exp[uso] verdaderos argumentos de oposición objetiva entre la expresión [demandada] y los contenidos constitucionales invocados”[69]. Por ejemplo, el ciudadano afirmó que la norma acusada “impide que la intervención legislativa en materia contable cumpla cabalmente con los fines de dirigir, fortalecer y hacer más equitativa la economía nacional”[70]. Para el magistrado sustanciador, este “razonamiento es incomprensible, en la medida en que es el propio Legislador el que adoptó la posibilidad de excluir de intervención la contabilidad de costos, es decir, [é]l mismo impuso un límite al Estado en materia de intervención económica”[71]. Luego, “no es claro cómo el Legislador impide la contabilidad de costos, ni tampoco que no haya sido legislada”[72]. Entonces “el demandante debe explicar cómo este presunto límite desconoce los artículos 333 y 334”[73] constitucionales. Además, el demandante “sugirió que existía una omisión legislativa que debía corregirse”[74]. Al respecto, el despacho precisó que esta “sugerencia debe ser abordada como un cargo diferente y cumplir con los requisitos dispuestos en la jurisprudencia”[75]. Por lo anterior, el pretendido cargo cuarto tampoco satisfizo el requisito de suficiencia.

 

17.             En consecuencia, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda y concedió tres días para que el demandante corrija su demanda, so pena de rechazo. El auto de inadmisión fue notificado por medio del estado número 74 de 13 de mayo de 2025. El término de ejecutoria de dicha providencia transcurrió entre los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025.

 

3.                 Subsanación

 

18.             El 16 de mayo de 2025, el accionante remitió un escrito para subsanar la demanda, el cual dividió en seis secciones. En la primera, reiteró que (i) “la norma demandada es el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1314 de 2009, específicamente la expresión ‘o la contabilidad de costos’”[76]; (ii) la disposición acusada desconoce los artículos 13, 20, 158, 333 y 334 de la Constitución Política, y (iii) “la demanda no sólo pretende la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada, sino que de manera subsidiaria solicita que […] la Corte exhorte al Congreso y a las autoridades competentes a legislar integralmente sobre la contabilidad de costos”[77]. Por lo demás, indicó que en caso de que “la Corte estime que la exclusión de la contabilidad de costos constituye una omisión legislativa relativa, se aportarán también los elementos necesarios para satisfacer los requisitos que la jurisprudencia exige para configurar dicho cargo”[78].

 

19.             En la segunda sección, el demandante se refirió al pretendido cargo primero. Para estos efectos, resumió el pretendido cargo de la siguiente manera: la exclusión de la contabilidad de costos de la Ley 1314 de 2009 “contradice la finalidad misma de dicha ley y quiebra la unidad temática de la regulación, vulnerando el artículo 158 de la constitución”[79]. En concreto, la norma demandada, “al sustraer un componente esencial de la información financiera del marco regulatorio integral previst[o] en la ley, introduce una incongruencia interna en la regulación contable que desnaturaliza sus fines y rompe la armonía normativa”[80]. Asimismo, explicó las razones por las que consideró que su pretendido cargo cumple con los requisitos de claridad[81], certeza[82], especificidad[83], pertinencia[84] y suficiencia[85]. En el siguiente recuadro, la Sala sintetiza estas razones.

 

Tabla 2. Cumplimiento de las exigencias argumentativas generales del pretendido cargo primero, según el demandante.

 

20.             En la tercera sección, el demandante se refirió al pretendido cargo segundo. De un lado, reiteró que la exclusión de la contabilidad de costos “establece una diferenciación normativa injustificada entre dos componentes de la contabilidad empresarial, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos”[86]. Asimismo, precisó que esta diferenciación genera “desigualdades de hecho en perjuicio de diversos sujetos: (i) los contadores públicos y profesionales que se dedican al ámbito de costos, frente a aquellos enfocados en contabilidad financiera; (ii) las empresas, especialmente las [MIPYMES], frente a las grandes compañías, en términos de acceso a herramientas contables modernas; y (iii) los usuarios de la información financiera […] quienes no cuentan con el mismo nivel de confiabilidad y uniformidad en la información de costos que sí existe para la financiera”[87]. Por último, expuso las razones por las que consideró que su pretendido cargo cumple con los requisitos de claridad[88], certeza[89], especificidad[90], pertinencia[91] y suficiencia[92]. En el siguiente recuadro, la Sala sintetiza estas razones.

 

Tabla 3. Cumplimiento de las exigencias argumentativas generales del pretendido cargo segundo, según el demandante.

 

21.             En la cuarta sección, el actor se refirió al pretendido cargo tercero, el cual sintetizó de la siguiente manera: la “contabilidad de costos, al ser excluida […], compromete la calidad, veracidad y suficiencia de la información financiera que se produce y divulga en Colombia, lo cual lesiona el derecho de las personas a recibir información económica veraz y completa”[93]. A su juicio, la “ausencia de lineamientos técnicos obligatorios en materia de costos repercute negativamente en la fidelidad de los estados financieros […] y en la utilidad de la información para la toma de decisiones económicas”[94], lo que “debilita la transparencia informativa en el ámbito contable”[95]. En igual sentido, el actor explicó las razones por las que consideró que su pretendido cargo cumple con los requisitos de claridad[96], certeza[97], especificidad[98], pertinencia[99] y suficiencia[100]. En el siguiente recuadro, la Sala Plena resume estas razones.

 

Tabla 4. Cumplimiento de las exigencias argumentativas generales del pretendido cargo tercero, según el demandante.

 

22.             En la quinta sección, el demandante resumió el pretendido cargo cuarto y precisó las razones por las que consideró que sus argumentos cumplen con los requisitos de claridad[101], certeza[102], especificidad[103], pertinencia[104] y suficiencia[105]. De un lado, explicó que su reproche estaba dirigido a cuestionar la exclusión de la contabilidad de costos del ámbito de intervención estatal. Esto, porque consideró que dicha exclusión “menoscaba los principios y fines de la intervención del Estado consagrados en los artículos 333 y 334 de la Constitución”[106]. Para el demandante, “el Estado se autoimpuso un límite en su facultad regulatoria: renunció a intervenir en un elemento fundamental de la actividad empresarial (el sistema de costos) que guarda estrecha relación con la eficiencia productiva, la formación de precios y, en general, con la racionalización económica”[107]. Al respecto, advirtió que esta “autolimitación injustificada debilita la capacidad del Estado para cumplir eficazmente con sus fines constitucionales de intervención, impidiendo que ejerza un control completo sobre la información y prácticas contables que impactan la economía”[108]. De otro lado, complementó su pretendido cargo cuarto con la información que se sintetiza en el siguiente recuadro.

 

Tabla 5. Cumplimiento de las exigencias argumentativas generales del pretendido cargo cuarto, según el demandante.

 

23.             Por último, el accionante destinó una sexta sección de su escrito de corrección para cuestionar la imparcialidad del magistrado sustanciador en el presente trámite. Para estos efectos, y con fundamento en los artículos 25 del Decreto 2067 de 1991 y 141 de la Constitución Política, el actor formuló una recusación en contra del magistrado sustanciador. En particular, afirmó que el “principio de imparcialidad judicial y en el hecho verificable de que, al momento de dictar el Auto inadmisorio del 9 de mayo de 2025, no había sido resuelta por la Sala Plena [la] manifestación de transparencia presentada el día anterior [por el magistrado sustanciador], en la cual reconocía haber laborado como asesor legislativo durante el trámite del proyecto que dio origen a la Ley 1314 de 2009”[109]. Según lo expuso, “[e]s jurídicamente insostenible que un magistrado cuya independencia puede estar comprometida o al menos razonablemente puesta en duda, emita una providencia sustancial sobre la admisión de la demanda sin esperar la decisión de la Sala Plena sobre su eventual impedimento”[110]. Tal decisión no podía quedar al arbitrio del magistrado sustanciador, máxime porque reconoció “haber conocido ‘la generalidad’ del proyecto legislativo, incluso si afirma que no fue su responsabilidad directa”[111]. Para el accionante, el hecho de que el magistrado Polo Rosero hubiese emitido el auto de inadmisión de su demanda, “en un contexto de duda sobre su neutralidad, configura un prejuzgamiento y constituye una violación al derecho fundamental al juez imparcial y al debido proceso (art. 29 C.P.)”[112]. De hecho, aseguró que el auto de inadmisión de 9 de mayo de 2025 “está contaminad[o] de origen y toda actuación posterior debe ser anulada”[113]. En efecto, indicó que “[e]l estándar internacional y nacional de imparcialidad judicial no solo exige ausencia de interés personal, sino también de apariencia de imparcialidad. Cualquier acto posterior a una manifestación como la que aquí se cuestiona, sin que haya mediado la decisión del pleno, resulta viciado”[114].

 

24.             En este contexto, el demandante solicitó a la Corte Constitucional admitir “la presente demanda de inconstitucionalidad en su versión subsanada, al haberse cumplido los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos formulados”[115]. Asimismo, pretendió que la Sala Plena de la Corte Constitucional (i) declare fundado el incidente de recusación; (ii) aparte al magistrado sustanciador del conocimiento del expediente de la referencia, y (iii) informe, de ser el caso, “qué decisión adoptó la Sala Plena en torno a la manifestación de transparencia presentada el 8 de mayo de 2025”[116].

 

4.                  Examen de la pertinencia de la recusación

 

25.             Suspensión de términos procesales. Por medio del auto de 3 de junio de 2025, el magistrado sustanciador suspendió los términos del expediente D-16531. Esto, con la finalidad de garantizar los principios de transparencia y de seguridad jurídica, habida cuenta de que el accionante cuestionó su competencia para examinar la demanda, al considerar que estaba comprometida su imparcialidad.

 

26.             Auto que resolvió sobre la pertinencia de la recusación. Por medio del Auto 894 de 18 de junio de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó, por falta de pertinencia, la recusación formulada por el accionante en contra del magistrado sustanciador. De manera preliminar, la Corte advirtió que “el ciudadano no invocó ninguna causal de recusación”[117]. Por el contrario, “se limitó a mencionar el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991 y a exponer las razones por las que, a su juicio, está comprometida la imparcialidad del magistrado”[118] sustanciador. En gracia de discusión, la Sala Plena informó que “el solicitante no explicó por qué el [magistrado] tiene un interés actual y directo al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad asignada”[119]. El actor tampoco “expuso de qué manera el referido magistrado habría conceptuado sobre la disposición acusada, cuáles habrían sido las actuaciones que desplegó en el trámite de la expedición de la ley que contie[ne] dicha disposición y por qué tuvieron una incidencia directa en tal disposición”[120]. Por lo demás, la Sala precisó que “las manifestaciones de transparencia no equivalen a las manifestaciones de impedimento, como parece sugerirlo el solicitante”[121].

 

5.                 Rechazo

 

27.             Por medio del auto de 10 de julio de 2025, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de la referencia[122]. Consideró que “la demanda debe ser rechazada, al estimar que no fueron debidamente subsanadas las acusaciones formuladas con los nuevos argumentos presentados”[123] por el demandante. Respecto del pretendido cargo primero, el despacho indicó que a pesar de que “el demandante amplió su argumentación frente a este [pretendido] cargo, […] no se subsanaron las carencias descritas en el auto de inadmisión”[124]. En primer lugar, el ciudadano olvidó exponer “cómo la exclusión de la contabilidad de costos del ámbito de aplicación de la ley carece de una relación estrecha y directa con la temática de todo el cuerpo normativo”[125]. En efecto, no “se justifica la falta de una vinculación causal, teleológica, temática y sistemática, por fuera de la mera referencia literal”[126]. Luego, el pretendido cargo primero “mantiene la carencia de certeza, en tanto no se justifica en una lectura integral y completa del texto demandado frente a la integridad de la ley”[127].

 

28.             En segundo lugar, el ciudadano afirmó que la contabilidad de costos “‘está íntimamente relacionada con la información financiera’, por ende, considera que su exclusión genera un conflicto objetivo con el principio de unidad de materia, por cuanto ‘se aparta del objeto de la ley y fractura su coherencia interna”[128]. Para el magistrado sustanciador, el actor “no defin[ió] cómo la disposición demandada vulnera el texto constitucional, específicamente, el referido principio”[129]. Por lo tanto, el despacho encontró que este pretendido cargo “carece de razones específicas”[130]. En tercer lugar, el demandante reprochó la constitucionalidad de la expresión acusada, “al señalar que imposibilita la consecución de los fines legítimos de ‘mejorar la transparencia y calidad de la información financiera’”[131]. Al respecto, magistrado sustanciador estimó que “esta afirmación es una valoración que realiza el demandante sobre los eventuales efectos que, a su juicio, podría generar la norma en la práctica”[132]. Esto, toda vez que “su motivación parte de la idea de que ‘la contabilidad de costos encaja naturalmente en esa materia y es un subsistema indispensable para generar estados financieros fiables”[133]. En consecuencia, “no se trata de razones constitucionales que evidencien una presunta contradicción con la Constitución, sino una posición sobre su inconveniencia en la contabilidad financiera de las personas jurídicas”[134], por lo que el pretendido cargo primero carece de pertinencia.

 

29.             En ese contexto, el despacho concluyó que el pretendido cargo no presentó razones suficientes “para generar una mínima duda sobre la inconstitucionalidad de la norma que se demanda”[135]. Por lo demás, precisó que “el principio de unidad de materia […] excluye la regulación ajena a la temática de la ley, pero no exige que, a través de él, pueda demandarse la inclusión de regulación expresa o implícitamente excluida de una ley al amparo del principio democrático”[136].

 

30.             En relación con el pretendido cargo segundo, el despacho admitió que “el ciudadano fue más preciso al momento de señalar los criterios que, a su juicio, constituyen una vulneración del [derecho a la igualdad]”[137]. No obstante, “continúa sin identificar (de manera integral) las situaciones comparables, el trato diferenciado y la presunta ausencia de justificación razonable”[138]. Por ejemplo, no explicó “por qué la información financiera y la contabilidad de costos se consideran comparables”[139], así como tampoco demostró “cómo la norma [demandada] en sí misma establece un trato diferenciado”[140]. Al respecto, el accionante se limitó a afirmar que la expresión acusada “genera ‘desventajas para ciertos grupos’”[141]. Sin embargo, “tal afirmación no se justifica, ni tampoco se deriva de una explicación directa del texto demandado, el cual parece tener un alcance general y global”[142]. Por tanto, “no se observan motivos de naturaleza estrictamente constitucional; por el contrario, pareciera que los argumentos recaen sobre la inconveniencia de la exclusión”, por lo que el pretendido cargo “sigue siendo impertinente”[143].

 

31.             En igual sentido, el magistrado sustanciador advirtió una ausencia de razones específicas que fundamenten la demanda. Esto, “dado que no explica cómo la disposición demandada vulnera el derecho a la igualdad”[144]. En concreto, el accionante “(i) no expone razones concretas para considerar que la información financiera y la contabilidad de costos se encuentran en una misma situación objetiva; (ii) no explica de manera específica la razón por la cual la norma acusada prevé un trato diferenciado; y (iii) no expone por qué ese supuesto trato diferenciado carecería de justificación constitucional, más allá de afirmar que ‘no se advierte en la ley, ni en su trámite un criterio objetivo que amerite tal diferenciación’”[145]. Lo anterior “impide evidenciar una oposición verificable entre el contenido de la norma demandada y la Carta Fundamental”[146]. En ese contexto, las “razones expresadas en el escrito tampoco son suficientes, ya que no tienen la entidad necesaria para generar una duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”[147].

 

32.             Respecto del pretendido cargo tercero, el despacho informó que si bien “el demandante incrementó sus argumentos relativos a este [pretendido] cargo, [...] estima que continúan las carencias señaladas en el auto de inadmisión”[148]. En primer lugar, este pretendido cargo continúa careciendo de certeza por cuanto “la acusación no recae sobre una proposición jurídica real y existente”[149]. Por el contrario, “el demandante extrae una conclusión del contenido de la norma que no se desprende de su tenor literal”[150]: “la información económica, por la falta de regulación de costos, puede no ser veraz, ni útil, ni completa”[151]. Para el magistrado sustanciador, “el hecho de que la disposición demandada no establezca un parámetro para brindar acceso a la información contable, no implica que esta pueda ser manipulada o tornarse falsa”[152].

 

33.             En segundo lugar, el escrito de corrección “no subsanó el requisito de pertinencia”[153]. Esto, habida cuenta de que “no se comprende cómo la exclusión de la contabilidad de costos constituye una vulneración del derecho fundamental invocado”[154]. En cambio, “se advierte que lo pretendido por el demandante se encamina a que la información contable ‘esté sujeta a estándares’ y, de esa manera, se cuente con ‘uniformidad en la presentación de datos de costos”[155]. Es decir, “propone un asunto que puede ser objeto de regulación infra constitucional, pero que, en sí mismo, no configura una inconstitucionalidad”[156]. Por este motivo, “no se trata de razones principalmente constitucionales que evidencien una presunta contradicción con el Texto Superior, sino de posiciones y análisis sobre su inconveniencia”[157]. En tercer lugar, el despacho concluyó que el escrito de corrección “tampoco cumple con el requisito de especificidad, “por cuanto no logra demostrar cómo se afecta el derecho de acceso a la información”[158]. Sobre el particular, se indicó que “no es clara la necesidad, en términos financieros y constitucionales, de divulgar y acceder a la contabilidad de costos, en especial, si se tiene en cuenta que esta hace parte de la gestión y política internas de cada persona natural o jurídica”[159]. Por todo lo anterior, no se cumple con el requisito de suficiencia.

 

34.             En relación con el pretendido cargo cuarto, el escrito de corrección no explicó “cómo se ve afectada la potestad del Estado de intervenir en la economía”[160]. De un lado, las razones que fundamentan este pretendido cargo no son pertinentes, pues “se estima que en realidad sus motivos recaen en aspectos de conveniencia”[161]. Esto, porque el accionante manifestó que “si la contabilidad de costos ‘no está estandarizada, cada empresa lo hace a su manera, lo que puede generar distorsiones microeconómicas y macroeconómicas”[162]. De otro lado, los argumentos carecen de especificidad. Lo anterior, habida cuenta de que “no es claro cómo la disposición demandada implica que la contabilidad de costos no haya sido regulada ni que impida su regulación”[163]. De hecho, “el demandante mantiene su posición en considerar que el Estado puede intervenir en todos los factores contables sin precisar las diferentes obligaciones y reservas que existen en el sector empresarial, y cómo la jurisprudencia constitucional ha permitido límites a la intervención estatal”[164]. Luego, el pretendido cargo cuarto carece de suficiencia, “pues no hay razones que generen una mínima duda de inconstitucionalidad del aparte cuestionado”[165]. Por todo lo anterior, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de la referencia.

 

35.             El auto de rechazo fue notificado por medio del estado número 112 de 14 de julio de 2025[166]. El término de ejecutoria trascurrió entre los días 15, 16 y 17 de julio de 2025[167]. 

 

6.                 Súplica

 

36.             El 17 de julio de 2025, el demandante remitió un escrito por medio del cual interpuso recurso de súplica en contra del Auto de 10 de julio de 2025. En su escrito, afirmó que “la decisión de rechazo se bas[ó] en juicios equivocados, exige cargas argumentativas excesivas incompatibles con el principio pro actione y desconoce que los cargos formulados sí cumplían con los requisitos mínimos de admisibilidad”[168]. Para efectos de fundamentar su recurso, el recurrente dividió su escrito en cinco secciones. En la primera sección, explicó el principio pro actione y señaló que su demanda, “tal como fue corregida, sí cumplió con las condiciones argumentativas mínimas para activar el juicio de constitucionalidad”[169]. A su juicio, el “magistrado sustanciador incurrió en un rigor excesivo y formalista al evaluar los [pretendidos] cargos, desnaturalizando el sentido del trámite de admisión”[170]. En concreto, “el despacho exigió a la demanda niveles de detalle y justificación propios de una sentencia de fondo, pasando por alto que nos encontrábamos en sede de admisión”[171]. Para el actor, el magistrado sustanciador “debía aplicar el criterio de la duda razonable a favor del accionante, más [sic] hizo lo contrario: interpretó cualquier falta menor como excusa para inadmitir, subvirtiendo el principio pro actione[, lo que] constituye un yerro evidente que motiva esta súplica”[172]. Por lo demás, consideró que el auto de rechazo incurrió en “una inconsistencia metodológica: exige una fundamentación casi probatoria de la inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo descalifica los razonamientos presentados tachándolos de asuntos de conveniencia o política legislativa”[173].

 

37.             En la segunda sección, el recurrente sintetizó el pretendido cargo primero y los correspondientes reproches realizados por el magistrado sustanciador en el auto de rechazo. Luego, afirmó que la apreciación del magistrado sustanciador “es errónea y aplica indebidamente los criterios jurisprudenciales”[174], así como que el auto de rechazo “hizo una interpretación restrictiva que contraviene el espíritu del art. 158 C.P. y la doctrina constitucional sobre omisiones legislativas relativas”[175]. Renglón seguido, el demandante presentó los argumentos que la Sala resume a continuación, para responder a los reproches puestos de presente en el auto de rechazo impugnado[176].

 

Tabla 6. Reproches del recurso de súplica a los yerros puestos de presente en el auto de rechazo, respecto del pretendido cargo primero.

 

38.             En la tercera sección, el accionante sintetizó el pretendido cargo segundo y los reproches puestos de presente en el auto de rechazo. Al respecto, consideró que las razones que fundamentaron el rechazo “subestima[n] la argumentación presentada [en la demanda y el escrito de corrección,] y exige un nivel de desarrollo excesivo en sede de admisión”[177]. En su criterio, el auto de rechazo “requirió que el demandante presentara y refutara hipotéticas justificaciones del Legislador, algo que escapa al alcance de la carga inicial (pues esa contrastación es precisamente lo que se debe ventilar en el debate constitucional con participación de distintos intervinientes)”[178]. Para fundamentar sus cuestionamientos al auto de rechazo, el accionante se refirió a los reproches puestos de presente en el auto de rechazo[179]; argumentación que la Sala sintetiza a continuación.

 

Tabla 7. Reproches del recurso de súplica a los yerros puestos de presente en el auto de rechazo, respecto del pretendido cargo segundo.

 

39.             En la cuarta sección, el demandante se refirió al pretendido cargo tercero. De un lado, resumió los argumentos formulados en su demanda y en el escrito de corrección. De otro lado, describió los reproches puestos de presente por el magistrado sustanciador en el auto de rechazo. En este contexto, afirmó que la apreciación del referido magistrado respecto del pretendido cargo tercero “minimiza la dimensión constitucional del problema planteado”[181]. Esto, por las razones que la Corte expone en el siguiente recuadro[182].

 

Tabla 8. Reproches del recurso de súplica a los yerros puestos de presente en el auto de rechazo, respecto del pretendido cargo tercero.

 

 

40.             En la quinta y última sección del recurso de súplica, el accionante resumió el pretendido cargo cuarto y los reproches que el magistrado sustanciador puso de presente en el auto de rechazo. Al respecto, tildó de “equivocada” la valoración realizada por el referido magistrado, por las razones que se resumen en el siguiente recuadro[184].

 

Tabla 9. Reproches del recurso de súplica a los yerros puestos de presente en el auto de rechazo, respecto del pretendido cargo cuarto.

 

41.             En este contexto, el accionante solicitó (i) revocar el auto de rechazo de 10 de julio de 2025; (ii) admitir la demanda de acción pública de inconstitucionalidad de la referencia y (iii) ordenar que el expediente “sea sometido a consideración de la Sala Plena para fallo definitivo”[185]. Respecto de su última solicitud, el recurrente pretendió que la sala valorara “la posibilidad de que dicha ponencia sea encargada a un magistrado diferente al inicialmente sustanciador, en aras de despejar cualquier inquietud sobre la imparcialidad y garantizar la plena objetividad en el examen de fondo”[186].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.                 Competencia

 

42.             La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto por el inciso 2 del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.

 

2.                 Problemas jurídicos

 

43.             Habida cuenta de los antecedentes procesales de esta actuación, le corresponde a la Sala Plena responder los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el recurso de súplica sub examine es procedente? De ser así, (ii) ¿el magistrado sustanciador incurrió en un yerro, olvido o actuación arbitraria al rechazar la demanda de la referencia?

 

3.                 Recurso de súplica. Naturaleza, procedencia y requisitos

 

44.             El artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 prevé que cuando la demanda de inconstitucionalidad no cumpla los requisitos para ser admitida, “se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará”. En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”[187].

 

45.             Habida cuenta de su objeto, mediante el recurso de súplica se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para “controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad”[188]. Por esta razón, la Corte ha señalado que la argumentación del recurso de súplica debe encaminarse a rebatir la motivación del auto de rechazo, y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda. En este sentido, la Corte ha concluido que el recurso de súplica es “la ocasión para exponer ante la Sala Plena las razones que el demandante estima válidas respecto de la providencia suplicada, con miras a obtener su revocatoria”[189].

 

46.             Además, la Corte ha señalado que el recurrente tiene la carga de presentar “un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[190]. Así las cosas, si el actor no motiva el recurso o lo hace de manera insuficiente, “estaría incurriendo en una falta de motivación grave que impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo sobre el recurso”[191].

 

4.                 Solución del caso

 

47.             Procede la Sala Plena a valorar si el recurso de súplica de la referencia satisface los requisitos de procedencia. En consecuencia, examinará cada una de las exigencias correspondientes, para establecer si ha de abordar, de fondo, los planteamientos del actor.

 

48.             Primero, la Sala Plena constata que el recurso de súplica de la referencia fue interpuesto por Estiguan Navas Barrios, quien presentó la demanda de acción pública de inconstitucionalidad del expediente D-16531. En consecuencia, al ser el sujeto procesal en el asunto de la referencia, está legitimado para controvertir el auto de rechazo. Segundo, la Sala verifica que el recurso sub examine fue presentado de manera oportuna, esto es, dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo (pár. 34 y 35 supra). Tercero, el referido recurso satisface, de manera parcial, la carga argumentativa a la que se refiere el acápite 3 supra. Para efectos metodológicos, la Sala Plena analizará los argumentos presentados por el accionante respecto de cada pretendido cargo, de manera individual.

 

A.               Análisis de los argumentos relacionados con el pretendido cargo primero

 

49.             Los argumentos relacionados con el pretendido cargo primero no satisfacen la carga argumentativa. El demandante afirmó que el magistrado sustanciador “hizo una interpretación restrictiva que contraviene el espíritu del art. 158 C.P. y la doctrina constitucional sobre omisiones legislativas relativas”[192]. Esto, por cuatro razones. Primero, el actor consideró que el auto de rechazo “reclamó ‘conexidad estrecha’ entre la contabilidad de costos y la materia de la ley”[193]. Para el accionante, en el escrito de corrección “se explicó precisamente que la contabilidad de costos ‘está íntimamente ligada’ a la contabilidad financiera en la práctica, y que excluirla crea un vacío ilógico”[194]. En consecuencia, “no es cierto que solo se hiciera una alegación literal; se ofreció un razonamiento coherente de por qué la exclusión no encaja en la materia de la ley”[195]. Segundo, el auto de rechazo “parece exigir que se ‘defina específicamente’ cómo se vulnera la unidad de materia”[196]. Al respecto, el recurrente consideró que cumplió con dicha exigencia “al señalar que la exclusión de costos quebranta la integridad temática declarada en la ley”[197]. Luego, al “alegar[se] la falta de coherencia interna [de la ley]; mal puede tacharse de inespecífico algo tan puntual”[198].  

 

50.             Tercero, los reproches del magistrado sustanciador constituyen “una visión restringida: si bien clásicamente la unidad de materia se ha aplicado a expulsar contenidos extraños, ello no significa que el Legislador pueda fragmentar arbitrariamente una materia sin control alguno”[199]. De hecho, el demandante precisó que su pretendido cargo primero se inscribía “en la doctrina de las omisiones legislativas relativas: se argumentó que la exclusión de la contabilidad de costos configura una omisión parcial inconstitucional”[200]. Cuarto, el demandante alegó que el auto de rechazo “aplicó un filtro demasiado estricto, contrario al principio pro actione y a la tendencia de la Corte a dar cabida a este tipo de debates”[201]. En su criterio, “aportó un conjunto de argumentos enlazados y suficientes para, cuando menos, generar una duda constitucional que amerita estudio”[202].

 

51.             Al respecto, la Sala Plena encuentra que los argumentos presentados por el recurrente no satisfacen la carga argumentativa a la que se refiere el acápite 3 supra. A pesar de que el accionante parece cuestionar el contenido del auto de rechazo, no desarrolló argumento alguno que busque advertir un yerro, un olvido o una arbitrariedad en la referida providencia. En cambio, reiteró las razones expuestas en la demanda y en el escrito de subsanación e intentó complementar los argumentos rechazados por el magistrado sustanciador. De un lado, la Corte advierte que el accionante insistió en que su pretendido cargo “parte del contenido mismo de la Ley 1314 [de 2009], no de interpretaciones subjetivas”[203], así como que “la contabilidad de costos ‘está íntimamente ligada’ a la contabilidad financiera en la práctica, y que excluirla crea un vacío ilógico”[204]. Asimismo, el recurrente volvió a afirmar que “nos encontramos ante una disposición que quiebra la unidad temática de la ley al generar una excepción injustificada dentro del sistema integral [contable] que ésta pretende establecer”[205]. Por lo tanto, el actor no orientó su argumentación a controvertir las razones por las que el magistrado sustanciador rechazó el pretendido cargo primero. Por el contrario, se limitó a reiterar algunos argumentos expuestos en sus escritos de demanda y de subsanación. Sobre este aspecto, la Sala insiste en que el recurso de súplica debe demostrar la incorrección de los argumentos que fundamentaron el rechazo de la demanda, mas no pretender tornarse en una suerte de instancia para una nueva evaluación acerca de las razones plasmadas en la demanda y en el escrito de subsanación.

 

52.             De otro lado, la Corte Constitucional evidencia que el demandante intentó complementar el pretendido cargo primero con argumentos que no fueron presentados en sede de inadmisión o rechazo. Por ejemplo, indicó que el pretendido cargo cuestiona la “omi[sión] de un elemento esencial sin razón”[206], así como que el “Legislador segregó un aspecto esencial (contabilidad de costos)”[207] de la Ley 1314 de 2009. De hecho, el accionante indicó que la “pertinencia [del pretendido cargo primero] se refuerza al inscribirse el [pretendido] cargo en la doctrina de las omisiones legislativas relativas: se argumentó que la exclusión de la contabilidad de costos configura una omisión parcial inconstitucional, figura que la Corte ha admitido dentro del control abstracto”[208]. A juicio de la Sala Plena, estos argumentos no guardan fidelidad con aquellos expuestos en la demanda original o en el escrito de corrección. En efecto, en sede de inadmisión y rechazo, el accionante circunscribió el pretendido cargo primero a exponer una supuesta incongruencia interna entre el objetivo de la Ley 1314 de 2009 y la exclusión de la contabilidad de costos prevista en el parágrafo del artículo 1 de la referida ley (pár. 3 y 19 supra). No obstante, en el recurso de súplica, el actor pretende argumentar que el pretendido cargo primero se fundamentó en una alegada omisión legislativa relativa. En este contexto, la Corte Constitucional reitera que el recurso de súplica no es un escenario para desarrollar nuevos elementos a partir de argumentos previamente rechazados, pues la competencia de la Sala Plena se restringe a evaluar la razonabilidad de los argumentos que fundamentaron el rechazo de la demanda. En esa medida, se abstendrá de valorarlos, habida cuenta de que este examen excede el alcance del recurso de súplica[209].

 

53.             Con todo, la Sala reconoce que el accionante parece controvertir el auto de rechazo, al considerar que el magistrado sustanciador “aplicó un filtro demasiado estricto, contrario al principio pro actione y a la tendencia de la Corte a dar cabida a este tipo de debates”[210]. No obstante, la Corte insiste en que los argumentos del accionante no tienen la vocación de evidenciar yerros, arbitrariedades u olvidos en los que pudo haber incurrido el magistrado sustanciador. Por el contrario, el reproche previamente citado se inserta en el marco de argumentos ajenos a lo discutido en sede de admisibilidad. En efecto, el accionante consideró que había planteado una “‘mínima duda’ sobre [la] posible inconstitucionalidad”[211] de la expresión demandada; duda basada en un supuesto “problema inédito [que] exigía un estudio de fondo para sentar jurisprudencia”[212]. No obstante, el alegado problema inédito correspondía a la “omi[sión de] un elemento que lógicamente debería estar incluido”[213] en una ley que pretende regular el ejercicio contable y la correspondiente intervención estatal: la contabilidad de costos. Al respecto, esta Sala insiste en que el pretendido cargo primero se circunscribía a alegar un desconocimiento del principio de unidad de materia, que no versaba sobre la omisión legislativa. En consecuencia, a pesar de que los argumentos del recurrente parecen sugerir un cuestionamiento al auto de rechazo, lo cierto es que el demandante pretende aportar nuevos argumentos a su demanda en sede de súplica. Por todo lo anterior, los argumentos relacionados con el pretendido cargo primero no satisfacen la carga argumentativa.

 

B.                Análisis de los argumentos relacionados con el pretendido cargo segundo

 

54.             Los argumentos relacionados con el pretendido cargo segundo satisfacen de manera parcial la carga argumentativa. El accionante consideró que el auto de rechazo “subestim[ó] la argumentación presentada y exigi[ó] un nivel de desarrollo excesivo en sede de admisión”[214]. Esto, por seis razones. Primero, afirmó que el pretendido cargo “partió de un supuesto cierto: la existencia de dos tratamientos distintos para dos componentes de la contabilidad empresarial”[215]. Segundo, el auto de rechazo “demandó más explicaciones de por qué las contabilidades, financiera y de costos son comparables”[216]. Para el actor, “[b]astaría decir que ambas son ramas de la contabilidad empresarial que buscan registrar y reportar información económica de la misma entidad”[217]. De hecho, alegó que en “la subsanación lo expres[ó]”[218]. En consecuencia, consideró que “[n]o es exigible al demandante, en esta etapa, presentar un tratado técnico sobre contabilidad; bastaría con señalar que no hay diferencia relevante que justifique regular una parte sí y la otra no”[219].

 

55.             Tercero, el auto recurrido advirtió que el demandante no “‘demostró’ cómo la norma consagra trato distinto, pero la existencia de la frase exceptiva ‘o la contabilidad de costos’ es la que genera el trato”[220] diferenciado. En consecuencia, “la desigualdad de trato proviene directamente de la disposición demandada, lo cual refuerza la pertinencia del [pretendido] cargo”[221] segundo. Cuarto, el demandante afirmó que su carga “no incluye anticipar y refutar todas las posibles justificaciones imaginables [de la exclusión de la contabilidad de costos, pues] eso es parte del debate en sede de mérito”[222]. Por lo anterior, “[b]astaba con poner en duda la razonabilidad de la exclusión, lo cual se hizo al enumerar sus consecuencias adversas y la ausencia de un motivo legítimo aparente”[223]. Quinto, el actor precisó que su pretendido cargo segundo “[n]o es una alegación de mera inconveniencia; se argumenta que la omisión legislativa genera un déficit de igualdad ante la ley, lo cual es un asunto de control constitucional por antonomasia”[224]. Sexto, alegó que el “estándar de suficiencia en admisión no exige que el actor destruya toda posible justificación […]; solo que provea argumentos iniciales coherentes para dudar de la constitucionalidad”[225] de la disposición acusada.

 

56.             Al respecto, la Sala Plena encuentra que, con excepción del argumento cuarto previamente resumido, el accionante no presentó justificaciones que satisfagan la carga argumentativa referida en el acápite 3 supra. En cambio, la Corte constata que el recurrente reiteró argumentos previamente inadmitidos y rechazados, así como también intentó complementar las razones que sustentan su demanda. Por una parte, el accionante insistió en que (i) “la frase acusada excluye la contabilidad de costos del régimen unificado, lo que implica que dicha materia queda sin regulación estandarizada a diferencia de la contabilidad financiera”[226]; (ii) la contabilidad de costos y la contabilidad financiera “son ramas de la contabilidad empresarial que buscan registrar y reportar información económica de la misma entidad”[227], y (iii) el trato diferenciado constituye una “discriminación normativa entre campos de información que repercute en los sujetos involucrados en uno y otro campo”[228].

 

57.             Por otra parte, esta Corporación evidencia que el demandante intentó complementar el pretendido cargo segundo con razones que no fueron presentadas en sede de admisión. Nuevamente, el demandante utilizó el recurso de súplica para argumentar que este pretendido cargo encontraba fundamento en una “omisión legislativa [que] genera un déficit de igualdad ante la ley, lo cual es un asunto de control constitucional por antonomasia”[229]. Sin embargo, de una revisión integral de los escritos de su demanda y de corrección, la Corte constata que el pretendido cargo segundo se circunscribía a advertir un supuesto tratamiento diferenciado y discriminatorio entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera[230]. En este contexto, la Corte Constitucional reitera que el recurso de súplica no es un escenario para desarrollar nuevos elementos a partir de argumentos previamente rechazados, por lo que se abstendrá de valorarlos, habida cuenta de que este examen excede el alcance del recurso de súplica[231].

 

58.             Análisis de fondo. Con todo, la Sala encuentra que el cuarto argumento presentado por el recurrente cumple con la finalidad a la que se refiere el acápite 3 supra. En efecto, este argumento no busca corregir falencias argumentativas advertidas por el magistrado sustanciador en los autos de inadmisión y de rechazo de la demanda, ni modifica o se limita a reiterar los argumentos contenidos en los escritos de demanda y subsanación. Por el contrario, controvierte el auto de rechazo, al considerar que su carga “no incluye anticipar y refutar todas las posibles justificaciones imaginables”[232]. En su criterio, “[b]astaba con poner en duda la razonabilidad de la exclusión” [233] prevista en la norma acusada. Sin embargo, el reproche del recurrente no está llamado a prosperar toda vez que, a juicio de la Sala, el magistrado sustanciador no incurrió en arbitrariedad alguna al rechazar el pretendido cargo segundo.

 

59.             A diferencia de lo sostenido por el recurrente, el magistrado sustanciador no solicitó refutar todas las posibles justificaciones de la exclusión de la contabilidad de costos. En cambio, el auto de rechazo se limitó a indicar que el actor “no exp[uso] por qué ese supuesto trato diferenciado carecería de justificación constitucional, más allá de afirmar que ‘no se advierte en la ley, ni en su trámite un criterio objetivo que amerite tal diferenciación’”[234]. Es decir, a juicio del referido magistrado, el demandante no satisfizo el requisito de especificidad, así como tampoco cumplió con la carga argumentativa específica exigida por la jurisprudencia constitucional para estructurar cargos por vulneración al artículo 13 de la Constitución Política. De hecho, al revisar la demanda y el escrito de corrección, la Sala Plena encuentra que el accionante no precisó, más allá de afirmarlo, las razones por las que el Legislador, en su amplio margen de configuración en materia de intervención del Estado en la economía, no podría excluir la contabilidad de costos del objeto de la Ley 1314 de 2009.

 

60.             En ese sentido, la Sala advierte que la argumentación planteada por el actor es tautológica, en la medida en que sostiene que el Congreso de la República está obligado a regular la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, porque no hay razón alguna para que ello no sea así. Esto no es un argumento que implique, en modo alguno, un deber constitucional de regulación, que en ningún momento fue identificado por el actor -más allá de algunas razones de conveniencia-. Además, desconoce un aspecto central para el presente asunto, relativo a que la contabilidad financiera se distingue de la de costos en que esta tiene un destino esencialmente interno para la empresa y vinculado a su propia gestión^[235], mientras que aquella tiene una innegable condición externa, que se expresa en los deberes de publicidad de determinada información financiera. En consecuencia, la Sala Plena encuentra que, al rechazar el pretendido cargo segundo, el magistrado sustanciador no incurrió en arbitrariedad alguna.

  

C.               Análisis de los argumentos relacionados con el pretendido cargo tercero

 

61.             Los argumentos relacionados con el pretendido cargo tercero satisfacen de manera parcial la carga argumentativa. En criterio del accionante, la “apreciación [del magistrado sustanciador respecto del pretendido cargo tercero] minimiza la dimensión constitucional del problema planteado”[236]. Esto, por cuatro razones. Primero, si “bien es cierto que la norma demandada literalmente solo dice ‘no se extienden… a la contabilidad de costos’, las consecuencias prácticas de esta exclusión son directamente inferibles y no requieren especulación extravagante”[237]. Asimismo, consideró que las consecuencias que le adjudicó a la disposición acusada se derivan razonablemente de la misma. En concreto, la consecuencia radicaría en que “la información contable ya no será (y no es) completa ni homogénea, lo cual afecta su veracidad en sentido amplio”[238].

 

62.             Segundo, el actor “[d]iscrep[ó] profundamente”[239] de la conclusión del magistrado sustanciador, según la cual “lo perseguido es ‘materia infraconstitucional’”[240]; razón por la cual no encontró acreditado el requisito de pertinencia. El actor estructuró su reproche en que la “transparencia informativa financiera es un valor protegido constitucionalmente, asociado a la buena fe en las relaciones de mercado y a la confianza legítima de los ciudadanos en la economía”[241]. Lo anterior, entre otros, con fundamento en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. Tercero, el auto de rechazo advirtió que “‘no es clara la necesidad de divulgar la contabilidad de costos’ porque sería información interna”[242] de las empresas. Para el actor, dicha afirmación, además de “discutible”[243], impone exigencias excesivas para la etapa de admisibilidad. Esto, porque su “carga era mostrar que la no regulación de costos podría dejar la información incompleta”[244], lo cual “hizo con ejemplos hipotéticos concretos (asimetrías de utilidades, dificultades corporativas)”[245]. Cuarto, el actor alegó que el auto de rechazo “exigió prácticamente que [se] demostrara ya un daño concreto o la absoluta necesidad de esa regulación[, lo que] excede la carga de un demandante, que no cuenta con herramientas probatorias en esta acción pública”[246].

 

63.             Al respecto, la Corte Constitucional encuentra que los primeros dos reproches del accionante no satisfacen la carga argumentativa. De un lado, el actor reiteró los argumentos que habían sido reprochados en sede de inadmisión y de rechazo. Por ejemplo, insistió en que “garantizar la veracidad y suficiencia de la información financiera divulgada es un imperativo constitucional”[247]. Asimismo, reiteró que la ausencia de regulación en materia de contabilidad de costos “pone en entredicho la veracidad de la información contable que terceros reciben”[248]. Por lo tanto, para esta Sala es claro que parte de los argumentos del recurso de súplica son reiteraciones de los argumentos inadmitidos y rechazados por el magistrado sustanciador. Por esta misma razón, estos argumentos no son aptos para demostrar la existencia de un deber constitucional de regulación que, se insiste, es la falencia estructural de la demanda y que fue adecuadamente analizada por parte del magistrado sustanciador.  

 

64.             De otro lado, el actor intentó complementar sus argumentos, respondiendo a los reproches realizados por el magistrado sustanciador en sede de inadmisión. En efecto, en el auto de inadmisión se le indicó al actor que el pretendido cargo tercero carecía de certeza, por cuanto (i) “extrae una conclusión del contenido de la norma que no se desprende de ella”[249] y (ii) “no se entiende cómo la norma [acusada] restringe o vulnera [el] derecho al acceso a la información, puesto que la contabilidad de costos tiene un impacto directo en la contabilidad financiera de una persona natural y jurídica, y en ella […] se reflejan los movimientos relevantes respecto de aquel componente”[250]. En el escrito de corrección, el demandante intentó “despeja[r] cualquier duda de certeza [con la siguiente afirmación]: el parámetro de control es el art. 20 y la afectación alegada es concreta (información económica que, por falta de regulación de costos, puede no ser veraz ni útil, ni completa)”[251]. Es en el escrito de súplica que el actor buscó atender los cuestionamientos puestos de presente en sede de inadmisión, con explicaciones como: (a) “las consecuencias prácticas de esa exclusión son directamente inferibles y no requieren especulación extravagante”[252]; (b) “[e]stos efectos no están escritos en la ley […], pero son consecuencias lógicas de la exclusión”[253], y (c) las consecuencias aducidas no parten de una “‘interpretación subjetiva’ sino de la consecuencia explícita de la frase ‘no se extienden… a la contabilidad de costos’”[254]. Luego, la Sala Plena reitera que el recurso de súplica no es un escenario para desarrollar nuevos elementos a partir de argumentos previamente rechazados, por lo que se abstendrá de analizarlos.

 

65.             Análisis de fondo. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional considera que los argumentos tercero y cuarto referidos cumplen con la carga argumentativa exigida para los recursos de súplica. Esto, porque están orientados a demostrar la existencia de un yerro, olvido o arbitrariedad en el auto de rechazo. No obstante, la Sala Plena advierte que estos argumentos no están llamados a prosperar toda vez que, a juicio de la Sala, el magistrado sustanciador no incurrió en arbitrariedad alguna al rechazar el pretendido cargo tercero.

 

66.             La Sala encuentra que el auto de rechazo reprochó, entre otras, la ausencia de los requisitos de especificidad y suficiencia en los argumentos del accionante. Esto, porque “no logr[ó] demostrar cómo se afecta el derecho de acceso a la información”[255]. Por el contrario, el demandante se limitó a afirmar que “la vulneración proviene de la ‘incidencia en la calidad de la información que finalmente llega a los usuarios’”[256]. Para el magistrado sustanciador, la referida afirmación carecía de especificidad pues “no es clara la necesidad, en términos financieros y constitucionales, de divulgar y acceder a la contabilidad de costos, en especial, si se tiene en cuenta que esta hace parte de la gestión y políticas internas de cada persona natural o jurídica”[257].

 

67.             A juicio de esta Corte, los reproches del magistrado sustanciador no exigían al actor “cuantificar cuánta falta hace la regulación”[258] de la contabilidad de costos. De hecho, esta Sala considera que la carga del accionante no radicaba en “mostrar que la no regulación de costos podría dejar la información financiera incompleta”[259]. En cambio, el demandante debió aportar razones específicas que explicaran de qué manera la exclusión de la contabilidad de costos prevista en la disposición acusada desconocería el artículo 20 de la Constitución Política. No obstante, los argumentos presentados por el actor en su demanda original y en el escrito de corrección partieron de premisas abstractas y generales, relacionadas con una supuesta exigencia de veracidad y transparencia de la información contable.

 

68.             En este mismo sentido, la Sala pone de presente que el magistrado sustanciador advirtió que el pretendido cargo tercero no cumplía con el requisito de suficiencia. Esto, porque el demandante no presentó argumentos ciertos, pertinentes y específicos que fundamentaran el pretendido cargo. Para la Corte, estas exigencias no “excede[n] la carga de un demandante”[260]. Por el contrario, la satisfacción de estas cargas argumentativas es indispensable “para generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”[261]. En consecuencia, al corroborar que el pretendido cargo tercero fue rechazado por carecer de certeza, suficiencia y especificidad, la Corte concluye que el magistrado sustanciador no incurrió en arbitrariedad alguna al rechazar la demanda de la referencia.

 

D.               Análisis de los argumentos relacionados con el pretendido cargo cuarto

 

69.             Los argumentos relacionados con el pretendido cargo cuarto no satisfacen la carga argumentativa. El recurrente tildó de “equivocad[o]” el estudio del pretendido cargo cuarto realizado por el magistrado sustanciador, por tres razones. Primero, el pretendido cargo “se funda directamente en la Constitución (arts. 333 y 334) y plantea un problema de alcance de competencias legislativas”[262]. En otros términos, “cuestiona si el Legislador, habiéndose propuesto intervenir en cierta materia (contabilidad empresarial), podía omitir un segmento crucial sin contrariar los mandatos finalísticos de intervención que la Carta le impone”[263]. Luego, sus argumentos son “pertinente[s] porque apunta[n] a una posible inconstitucionalidad por omisión en la función interventora”[264].

 

70.             Segundo, el auto impugnado indicó que no era “claro cómo la disposición demandada implica que la contabilidad de costos no haya sido regulada ni que impida su regulación”[265]. No obstante “en la subsanación di[ó] ejemplos potenciales [que] […] demuestran cuáles abusos concretos han ocurrido por falta de esta regulación”[266]. Tercero, el pretendido cargo cuarto “estaba respaldado por todos los anteriores, formando un cuadro integral: unidad de materia, igualdad, derecho a la información y fines estatales son facetas de un mismo problema (omisión legislativa relativa en la ley contable)”[267]. Por lo tanto, el auto de rechazo “impidió ese estudio de fondo y con ello habría perpetuado un posible estado de cosas inconstitucional en el ámbito de la regulación contable: una suerte de ‘laguna normativa’ que nadie llena y que continúa produciendo consecuencias posiblemente contrarias a la Carta”[268].

 

71.             Para la Sala Plena, los argumentos del demandante no cumplen con la carga argumentativa. Por un lado, el recurrente reiteró los argumentos inadmitidos y rechazados por el magistrado sustanciador. En particular, insistió en que (i) la exclusión de la contabilidad de costos reprochada implica que “el Estado se queda sin armas normativas para [cumplir] ciertos objetivos”[269]; (ii) “existiendo un deber genérico de intervenir integralmente en materia contable por interés público, el Congreso incurrió en una omisión parcial al excluir un elemento de esa integralidad, reduciendo la eficacia de la intervención”[270], y (iii) la referida exclusión podría derivar en efectos indeseados por el demandante, como “la evasión de impuestos vía costos inflados, manipulación de precios de transferencia, etc.”[271].

 

72.             Por otro lado, la Corte constata que el recurrente intentó complementar sus argumentos, señalando que el pretendido cargo cuarto “estaba respaldado por todos los anteriores, formando un cuadro integral”[272]. Contrario a la anterior afirmación, el demandante había limitado el pretendido cargo analizado a un desconocimiento de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. Fue únicamente hasta su recurso de súplica que buscó unificar sus cuestionamientos en un único pretendido cargo cuarto. Luego, la Sala Plena reitera que el recurso de súplica no es un escenario para desarrollar nuevos elementos a partir de argumentos previamente rechazados, por lo que se abstendrá de analizarlos. En consecuencia, la Corte concluye que el demandante no expuso razones orientadas a demostrar la existencia de yerro, olvido o arbitrariedad alguna en que hubiese incurrido el magistrado sustanciador, respecto del pretendido cargo cuarto, por lo que no satisface el requisito de carga argumentativa. Finalmente, la Sala advierte que, una comprensión flexible de los argumentos del demandante llevaría a la conclusión que fundamenta la presunta existencia de una omisión legislativa, pero de carácter absoluto, asunto que escapa a la competencia propia del control de constitucionalidad.

 

73.             Conclusión. Habida cuenta de todo lo anterior, la Sala Plena rechazará por improcedente el recurso de súplica interpuesto en contra del Auto de 10 de julio de 2025, mediante el cual el magistrado Miguel Polo Rosero rechazó la demanda de la referencia. Esto, respecto de los reproches que no satisfacen la carga argumentativa. Asimismo, la Corte Constitucional negará el recurso de súplica, respecto de aquellas razones que cumplen con la referida carga argumentativa. Estos son, los argumentos (i) cuarto del pretendido cargo segundo, (ii) tercero y (iii) cuarto del pretendido cargo tercero. En todo caso, la Sala precisa que el rechazo de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, ya sea total o parcial, no hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Por tanto, si el demandante lo considera oportuno, puede presentar una nueva demanda, siempre que cumpla las exigencias para su admisión.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR  el recurso de súplica interpuesto por Estiguan Navas Barrios en contra del Auto de 10 de julio de 2025, por medio del cual el magistrado Miguel Polo Rosero rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo (parcial) del artículo 1 de la Ley 1314 de 2009. Lo anterior, respecto de los argumentos que no satisfacen el requisito de carga argumentativa, en los términos expuestos en el párrafo 73 de la presente providencia.

 

SEGUNDO. NEGAR  el recurso de súplica interpuesto por Estiguan Navas Barrios en contra del Auto de 10 de julio de 2025, por medio del cual el magistrado Miguel Polo Rosero rechazó la demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo (parcial) del artículo 1 de la Ley 1314 de 2009. Lo anterior, respecto de los argumentos que satisfacen el requisito de carga argumentativa, pero que no demuestran falencias en dicho auto, en los términos expuestos en el párrafo 73 de la presente providencia.

 

TERCERO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

CUARTO. Ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente.

 

Notifíquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

No participa

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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